Detectan pagos indebidos y perjuicio de más de S/ 18 millones en el IPD por los Juegos Bolivarianos 2025
El Estado perdió más de S/18 millones debido a fallas en la planificación, pagos indebidos y selección irregular de proveedores sin experiencia para los Juegos Bolivarianos 2025. Las investigaciones de la Contraloría alcanzan a siete implicados, de los cuales uno sigue trabajando en el IPD.
La República en GoogleEl Estado sufrió un perjuicio económico de S/18.878.470 debido a que funcionarios y servidores del Instituto Peruano del Deporte (IPD) aprobaron pagos en exceso y por prestaciones no realizadas, como 43 salas de reuniones no brindadas, la aplicación de precios distintos a los contratados y la omisión de penalidades por mora a la empresa encargada del alojamiento, alimentación y logística para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.
Sobre esto, la investigación de la Contraloría señala que hubo un retraso en la organización que obligó a elegir al proveedor de manera acelerada usando la excusa de una emergencia, "pese a que el IPD tenía conocimiento anticipado de la necesidad de las prestaciones desde el 06 de marzo de 2025 con la instalación formal del comité organizador".
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Además, las deficiencias en la documentación impidieron un control correcto de las tareas contratadas. Al respecto, el organismo de control señaló que en los términos de referencia se registró una “falta de mecanismos de verificación y validación de las prestaciones”, lo que impidió hacer un buen seguimiento del servicio, hecho que impidió fiscalizar el cumplimiento adecuado del servicio.
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En esa línea, las reglas del concurso se cambiaron de forma indebida para ayudar a ganar a una empresa que no estaba preparada. El informe explica que "se seleccionó y adjudicó el servicio a un consorcio sin experiencia en la totalidad de la prestación, pese a que se requería un proveedor con experiencia específica y capacidad acreditada para la atención conjunta y simultánea de los servicios de alojamiento, alimentación y alquiler de salas de reuniones".
Los problemas legales y de trabajo alcanzaron a varios funcionarios de la institución. El documento advierte que se encontraron involucrados un total de siete funcionarios y servidores públicos, “uno de los cuales continúa laborando en el IPD, organismo adscrito al Ministerio de Educación".
Los resultados ya se derivaron a las autoridades para que determinen las responsabilidades correspondientes a los culpables. En el informe se señala que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ya ha sido notificada para que inicie las acciones correspondientes contra cinco funcionarios y servidores.
Además, se notificó al presidente del IPD para que también ordene una investigación interna y aplique las sanciones debidas a los involucrados.
