Mirtha Vásquez presenta denuncia constitucional para destituir e inhabilitar a Josué Gutiérrez

La senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y solicitó su destitución e inhabilitación para ejercer función pública por 10 años. La parlamentaria sostiene que el funcionario habría infringido diversos artículos de la Constitución durante su gestión.

"Creo que es momento de plantear una denuncia constitucional, tenemos fundamentos suficientes (…) son varias acciones que él ha ido promoviendo, incumpliendo y además haciendo visibles que no está en la línea del cumplimiento de sus deberes como defensor (…)", declaró la senadora para este medio.

Uno de los primeros puntos que Vásquez menciona está relacionado a las declaraciones que Gutiérrez ofreció el 27 de agosto sobre un eventual cierre del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori. "Si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad", dijo.

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Vásquez señaló, además, que el artículo 134 de la Constitución establece que el presidente solo puede disolver la Cámara de Diputados bajo determinados supuestos, mientras que el Senado permanece en funciones.

Mirtha Vásquez cuestiona actuación de la Defensoría frente a víctimas de protestas

Otro de los puntos que menciona la senadora se refiere a la actuación de la Defensoría del Pueblo frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2022-2023 y 2025.

La denuncia sostiene que durante la gestión de Gutiérrez no existió un seguimiento suficiente y sostenido de las investigaciones, de las responsabilidades individuales y de las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Vásquez también cuestiona actuaciones de la institución vinculadas con normas de amnistía y prescripción. Entre ellas, menciona la participación de la Defensoría en el proceso de hábeas corpus promovido por la defensa de Daniel Urresti. Según la denuncia, Gutiérrez cuestionó la calificación de los hechos por los que Urresti fue condenado como crimen de lesa humanidad y planteó argumentos relacionados con la prescripción.

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Otro de los cargos está relacionado con la demanda de inconstitucionalidad que Gutiérrez presentó contra el Decreto Legislativo 1373, referido al régimen de extinción de dominio. Vásquez sostiene que, cuando interpuso esa acción, existía un proceso de extinción de dominio que involucraba a una empresa cuya representante legal era Sara Gutiérrez Cóndor, hermana del defensor.

El cuarto cargo está relacionado con la Primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, organizada por la Defensoría en noviembre de 2024. La denuncia sostiene que organizaciones indígenas nacionales y regionales cuestionaron la representatividad de algunos participantes y advirtieron que la actividad podía generar una representación paralela y dividir al movimiento indígena.