JNE: Delia Espinoza solicita que se le permita votar en la segunda vuelta tras declarase sin efecto su inhabilitación
La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicitó su reincorporación al padrón electoral. El Poder Judicial declaró inaplicable la inhabilitación que le impuso el Congreso, por lo que la abogada exige ejercer su derecho al voto este 7 de junio.
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Delia Espinoza, decana del Colegio de Abogados de Lima, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le permita votar en esta segunda vuelta electoral, el próximo 7 de junio. Este pedido se da luego de que el Poder Judicial declarara inaplicable su inhabilitación por 10 años.
En el documento oficial enviado al presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, la exfiscal de la Nación exige que se corrijan las decisiones anteriores que afectaron sus derechos civiles. Al haberse declarado "inaplicable" la sanción del Parlamento, sostiene que ya no existe ninguna justificación legal para impedirle acudir a las urnas este fin de semana.
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“Solicito al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la restitución plena de mis derechos políticos y civiles, disponiendo mi incorporación en el padrón electoral y el reconocimiento efectivo de mi derecho al sufragio activo para la segunda elección presidencial 2026”, se lee.
La abogada argumentó que la exclusión del padrón electoral vulnera flagrantemente la Constitución. Según la Carta Magna, el ejercicio de la ciudadanía solo se puede suspender cuando existe una sentencia judicial firme de inhabilitación de derechos políticos. Espinoza enfatizó que una sanción administrativa o política emitida por el Congreso no cumple con los requisitos de una condena judicial.
Poder Judicial declara improcedente su inhabilitación
Días atrás, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por Delia Milagros Espinoza Valenzuela contra el Congreso y ordenó su reincorporación como fiscal suprema titular del Ministerio Público.
El Poder Judicial le dio la razón al anular la sanción de 10 años que le impuso el Parlamento por presuntamente haber aprobado un reglamento interno en el Ministerio Público que ella ni siquiera respaldó ni firmó. Sin embargo, su retorno se encuentra bloqueado por otras sanciones.
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Los jueces ordenaron su reincorporación como fiscal suprema titular "siempre y cuando no exista resolución administrativa, judicial y/o de otra índole que disponga lo contrario". Esto impide que Espinoza vuelva al Ministerio Público, ya que la abogada todavía tiene una orden de destitución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y una segunda inhabilitación aprobada.
Sobre la decisión del Poder Judicial respecto de su inhabilitación, Delia Espinoza señaló que continuaría con el proceso y apelaría en segunda instancia.
“Que bueno que todavía hay jueces que tienen todavía bien puesto el cinturón. (…) Estoy en gran parte satisfecha porque ha habido una respuesta positiva a mi demanda en primera instancia. Ahora va a ir a la segunda porque los señores del Congreso van a apelar y yo también voy a apelar porque se han olvidado que todo se retrotrae al momento anterior de la vulneración de mis derechos. Por ende, todo se tiene que reconocer: incluso mis beneficios como fiscal de la Nación”, señaló la magistrada en una entrevista con el periodista Carlos Cornejo.
La segunda inhabilitación
El Congreso aprobó la inhabilitación de Delia Espinoza con una mayoría de 70 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. En este proceso, el Parlamento volvió a sancionar a Delia Espinoza con 10 años de inhabilitación que le impiden ejercer cargos públicos.
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Esta nueva acusación nació a raíz de una denuncia presentada por los congresistas Kira Alcarraz (no agrupada) y José Cueto (Renovación Popular) después de que Delia Espinoza denunciara a 11 parlamentarios que respaldaron el proyecto de ley sobre el cobro de pensión y remuneración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que también era parte del Congreso.
La defensa de Delia Espinoza indicó que el Ministerio Público puede presentar denuncias constitucionales contra integrantes del Congreso. Sin embargo, el congresista Jorge Montoya señaló que la denuncia afecta la inviolabilidad parlamentaria.
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