Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petroperú: "La refinería puede producir 95 mil barriles, pero hoy la falta de liquidez limita su operación"

Con una refinería que puede procesar hasta 95 mil barriles diarios, pero que hoy opera cerca de la mitad de esa capacidad, la empresa enfrenta una paradoja: tiene infraestructura, pero no la liquidez necesaria para aprovecharla. El presidente del directorio afirma que el principal problema es financiero y que la falta de líneas de crédito ha obligado a operar con restricciones.

En diálogo con La República, aborda la crisis de liquidez, el retraso del financiamiento anunciado, el papel de ProInversión, el futuro de la refinería de Talara y las responsabilidades de las anteriores administraciones en las decisiones que llevaron a la compañía a su situación actual.

— ¿Cuál es el balance de su gestión como presidente del directorio?

En estos 75 días liderando un directorio técnico, lo que hemos logrado es identificar potenciales causas raíz que han originado la situación actual de la compañía, enmarcada con claridad en un problema serio de liquidez. No hay líneas de crédito, se tiene que pagar al contado, y frente a eso este directorio ha empezado a buscar alternativas de mejora: clientes y, sobre todo, fuentes de financiamiento, tanto con proveedores como con potenciales entidades financieras.

Es lo que hemos hecho en este periodo de tiempo, con la finalidad de darle al siguiente gobierno los lineamientos claros de hacia dónde puede ir la compañía en el marco de la transparencia y la gobernabilidad. Algo fundamental es que la información ya es pública: lo de marzo se publicó en abril, lo de abril en mayo, lo de mayo en junio. Algo que no pasaba antes.

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— Hablemos de la refinería. ¿En cuánto se sitúa la capacidad operativa de la nueva refinería de Talara?

La refinería de Talara produce hasta 95 mil barriles por día. Hoy está entre 50 y 55 mil, pero no porque haya un problema técnico, sino porque el problema es de liquidez. No hay abastecimiento porque hay que pagar al contado. El ciclo de negocio se ha reducido casi a una semana de pago, lo cual obliga a ser muy eficiente en el manejo del poco dinero que la propia compañía va generando.

— Ya que menciona la liquidez, se anunciaba esta línea de financiamiento de US$500 millones. ¿En concreto qué ha ocurrido y cuándo se espera que estos recursos estén disponibles?

En el marco del DU de mayo, este directorio identificó que una operación de fondos por 2.000 millones no sale en 15 días como se anunció en mayo —anuncio que no fue hecho por la empresa—. Lo que hicimos fue identificar un tramo de tiempo hasta julio-agosto, con la finalidad de coordinar con proveedores y otros actores para garantizar la continuidad operativa de la compañía, que es lo que está garantizado ahora, siempre considerando el serio riesgo.

El crédito puente debería estar saliendo, según hemos revisado, a finales de julio o quincena de agosto.

— Ya han pasado seis meses desde el inicio del proceso con ProInversión. Si pudiéramos hablar de un avance concreto que ha generado, ¿cuál sería?

Lo que ha generado es un equipo que puede comunicarse en seis meses. Ha generado un protocolo que ha recibido recomendaciones en el marco de riesgos, dentro de los marcos vigentes del modelo de prevención. Ha sido puesto en conocimiento de la SBS (SIP), con la finalidad de que puedan dar una opinión sobre que el protocolo englobe no solamente lo que se necesita, sino los esquemas que aseguren continuidad y sostenibilidad.

— No todos ven ese avance igual. Los sindicatos sostienen que ProInversión no ha mostrado resultados. Hace poco Fenpetrol se pronunció. ¿Cuál es su evaluación sobre este proceso?

Los sindicatos tienen una lectura que para ellos puede ser válida. He conversado con ellos; no quiero desmentirlos ni reafirmarlos, pero cada actor tiene su opinión y todas son respetables.

Lo que sí puedo informar es que ha habido coordinación, y el resultado podría haber sido mejor —siempre las cosas pueden ser mejores—.

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— Cambiando de tema, ante la crisis de Camisea, la empresa garantizó el abastecimiento. Ahora estamos próximos a un Fenómeno del Niño fuerte en los próximos meses. ¿Qué riesgo existe si continúa esta situación financiera complicada?

Es una de las primeras compañías que ha tomado acciones internas y coordinaciones externas de cara al Fenómeno de El Niño. Desde hace unas tres semanas venimos coordinando con todos los actores e identificando los riesgos en cada uno de los activos de la compañía, que son estratégicos no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo establece una norma.

Ayudamos a garantizar el abastecimiento cuando las situaciones se complican y, además, no recibimos algunas facilidades que sí tiene el sector privado, como determinadas suspensiones normativas.

— ¿Qué impacto tendría entonces el problema de liquidez si se presenta un Fenómeno de El Niño?

Este problema de liquidez podría generar que el abastecimiento no sea de la manera óptima. Frente a ello, este directorio ha buscado tomar acciones preventivas y no solo correctivas. Lo correctivo responde a lo que ya ocurrió; lo preventivo apunta a lo que viene.

Hemos conversado con diversas entidades financieras para obtener financiamiento que le dé más tiempo a ProInversión para terminar de estructurar la operación. En teoría, el crédito puente y los US$2.000 millones deberían estar disponibles entre agosto y septiembre. Eso permitiría asegurar el abastecimiento y potenciar dos proyectos importantes.

— Usted menciona dos proyectos. ¿Cuáles son?

Uno es la línea submarina. Ya se inauguró el tramo offshore, de tres kilómetros. Frente a un Fenómeno de El Niño fuerte, lo que falta es acelerar el tramo onshore, que podría estar listo en 45 o 60 días.

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— Sobre la refinería, la unidad FlexiCoking va a estar paralizada entre 60 y 90 días por mantenimiento.

La FCK (FlexiCoking) es un componente de la refinería que cada dos años requiere una gran parada, no por decisión arbitraria, sino porque el proveedor, ExxonMobil, establece que debe detenerse para realizar el mantenimiento correspondiente.

— ¿Y esa paralización significa que la refinería dejará de operar a plena capacidad?

No. Ese equipo no es lo que determina que la refinería llegue a 95 mil barriles diarios; lo que hace es permitir procesar distintos tipos de crudo. Hoy, por el problema de liquidez, estamos operando entre 50 y 55 mil barriles por día. Si hubiéramos tenido la liquidez completa, como se anunció en mayo que llegaría en 15 días, probablemente estaríamos operando a una capacidad cercana a los 95 mil barriles.

— Con los márgenes internacionales como están ahora, ¿no sería prioritario asegurar este financiamiento para comprar más petróleo y aprovechar esta oportunidad?

No solamente eso. Si esos recursos hubieran llegado cuando se ofreció, los márgenes de mayo habrían sido mucho más altos. En junio, además, recibimos el impacto del IRO (Impuesto al Rodaje)  y de la multa de la OEFA. Eso nos habría permitido vender más, contar con un mayor inventario y seguir aprovechando el margen crack spread, que hoy ya no está en niveles de 45 o 50 dólares, sino entre 25 y 35.

Entonces, ¿qué se está haciendo para acelerar la llegada de esos recursos?

El objetivo es viabilizar la operación y apoyar a ProInversión. Venimos entregando la documentación necesaria, solicitando información y articulando el proceso para acceder a esos fondos, no a un financiamiento, sino a fondos.

— Volviendo a esos factores que mencionó, el IRO y la multa de la OEFA. ¿Cuánto han pesado en los resultados de la empresa?

Siempre habrá impactos por multas o por eventos exógenos a esta gestión. El IRO es un tema exógeno, al igual que la multa de la OEFA, porque ambos provienen de hechos ocurridos entre 2019 y 2021. Eso nos ha llevado a revisar qué pasó, qué se hizo, quién lo hizo y por qué.

La caída en las posibilidades de compra de crudo impacta también en el costo de ventas. Pero, en conjunto, en los seis meses la compañía sí está en azul. Junio recibió un impacto duro por dos multas y la caída, pero estamos en azul en el primer semestre.

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— Los resultados mejoraron respecto al año pasado, pero está también el tema de los bonistas. ¿Qué recepción han tenido frente a estos resultados?

El mensaje se puede resumir en algo muy simple: Standard & Poor's retiró el CreditWatch. Eso significa que lo que viene haciendo la administración —que ya lleva por lo menos 30 días más que yo— ha permitido que la compañía se beneficie de la subida de los márgenes, complementado con la búsqueda de eficiencias.

Los bonistas recibieron su pago en junio y estamos en constante comunicación. Además, al mercado le ha gustado que publiquemos la información de manera clara, ágil y transparente. Antes se publicaba de manera trimestral; ahora este directorio aprobó que se publique de manera mensual.

— Entonces, ¿cuál es hoy la posición de los tenedores de bonos respecto al futuro de la empresa?

Los tenedores de bonos tienen un instrumento que se está pagando de manera puntual, con un vencimiento determinado y covenants que la compañía viene respetando. Uno de ellos, además, establece que la empresa no se puede fraccionar.

— Cambiando de tema, hace unas semanas surgieron cuestionamientos respecto a los estados financieros de 2025. Usted explicó públicamente que se trataba de diferencias contables. ¿Qué originó esas discrepancias?

Lo primero que hay que resaltar es que las empresas del Estado peruano auditan sus estados financieros sobre la base del reglamento de la Contraloría. Ese es un componente importante que muchas veces no se menciona cuando se informa sobre este tema. Cuando se difunde información incompleta, es fácil llegar a conclusiones equivocadas.

El proceso de auditoría dura entre 4 y 6 meses. En este caso comenzó entre octubre y noviembre y terminó entre abril y mayo. Sin embargo, durante ese periodo apareció una resolución en marzo. Los estados financieros ya se habían publicado en febrero, cuando esa resolución todavía no existía, por lo que era imposible proyectar ese impacto.

— ¿Ese impacto podría revertirse más adelante?

Sí. Ya tenemos información de que, mediante el proceso legal que estamos iniciando, esos recursos podrían regresar como ingresos extraordinarios. Si bien hoy impactan los resultados del año pasado y también los de este año, de prosperar ese proceso judicial deberían revertirse, de modo que una gestión posterior podría registrar ese ingreso extraordinario.

— Usted menciona que el origen fue el impuesto al rodaje. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con el IRO?

Se trató de un tema procedimental. El producto comprado no se registró en la partida contable que correspondía. A partir de la resolución emitida por el tribunal, el auditor, en coordinación con nosotros, determinó que ese efecto debía incorporarse en los estados financieros. Todo ello también fue informado oportunamente a la Contraloría.

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Entonces, ¿no se trató de una modificación discrecional de los estados financieros?

No. Es importante precisar que los procedimientos de contratación y auditoría se realizan bajo el reglamento de la Contraloría, no bajo un reglamento propio. Nosotros seguimos ese procedimiento y actuamos conforme a lo que correspondía una vez emitida la resolución.

Hay otro tema pendiente. ¿En qué situación quedó el pago de utilidades a los trabajadores correspondiente al año pasado?

Para que la ciudadanía lo tenga claro: la utilidad que se generó fue contable, y se generó porque hay deuda en dólares; el tipo de cambio bajó y generó una ganancia por tipo de cambio, no porque se decida así, sino porque así lo establecen las normas contables (NIIF).

Eso generó que contablemente haya que reportar utilidad, la cual los trabajadores deberían recibir en algún momento. Hoy han entendido que es importante enfocarnos en el core del negocio, y con la generación de la compañía, en los siguientes meses se podrá evaluar el pago de esta utilidad que corresponde por ley.

Cuando usted dice "en los siguientes meses se podrá evaluar", ¿significa que todavía no hay una fecha definida para el pago?

No se discute que haya que pagarla, pero no es el momento, porque la prioridad es asegurar la sostenibilidad de la compañía con la transparencia que este directorio técnico viene buscando. Hoy han entendido que es importante enfocarnos en el core del negocio y en la generación de la compañía para poder atender este tipo de obligaciones.

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Para cerrar, ¿qué mensaje le daría a los peruanos?

Hay un mensaje muy claro: se está saliendo de ese serio problema de liquidez. Se están identificando los problemas que ha habido, se está publicando la información sobre por qué se ha llegado a esta situación, y se está coordinando con actores como Contraloría, Fiscalía y Defensoría para que se tomen las acciones y potenciales acciones correspondientes.

Estamos trabajando en ese proceso. Lo importante es que se están tomando las medidas necesarias, identificando los problemas y actuando con transparencia para recuperar la sostenibilidad de la compañía.

Lo que le diría a la población es: cuando escuchen algo sobre la empresa, pregúntense si quien opina tiene información, y si esa persona —expresidente, exdirector, exfuncionario— muestra documentos, no solamente opiniones subjetivas.

— Usted menciona a expresidentes y exdirectores. ¿Considera que las anteriores administraciones también deben explicar las decisiones que llevaron a la situación actual?

Sería fundamental que todos los exdirectores y expresidentes se sienten en una mesa, abran sus actas, y que la población sepa qué decisiones tomaron y se hagan cargo de cada una de ellas, porque hay personas que hoy opinan cuyas declaraciones, cuando eran presidentes, generaron en su momento la ejecución de cartas fianza. Es decir, declaraciones de funcionarios que en algún momento perjudicaron a la compañía.

¿Qué espera entonces de esas personas que hoy cuestionan la situación de la empresa?

Esas personas, de alguna manera, tienen que salir a comunicar y a disculparse con la población, y hablar siempre con fundamentos, no con subjetividad, sino con documentos claros que tranquilamente pueden ser pedidos por el portal de Transparencia. Eso es fundamental.