JNJ golpea al Poder Judicial: no ratifican al juez Oswaldo Ordoñez por denunciar las ‘leyes procrimen’

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ratificó al juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara por alertar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las normas que ponen en riesgo la independencia judicial en Perú como las ‘leyes pro crimen’.

Tras la ponencia de Cayo Galindo sobre el caso, votaron a favor de la no ratificación, además de él, los magistrados Germán Serkovic, Víctor Chanduví (vicepresidente). Por su parte, Gino Ríos y María Teresa Cabrera (presidenta) aprobaron la ponencia, pero elaboraron un voto singular.

Solo Francisco Távara y Jaime de la Puente votaron en contra resaltando el “debido respeto” que tienen hacia su colega (Galindo).

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La ponencia del magistrado Galindo se basó en la participación de Ordoñez en la audiencia de la Comisión IDH desarrollada el 13 de noviembre de 2024 en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. En esa fecha, el juez señaló que “la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con (…) el Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público”.

Explicó que para ello se presentaron y aprobaron una serie de proyectos de ley “que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales” maniatándolos en su “lucha contra el crimen organizado, y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos”.

Esto provocó que la JNJ iniciara un proceso de evaluación y ratificación contra Ordoñez, pese a que la CIDH alertó que ello podría configurar una represalia institucional incompatible con los estándares de protección a quienes participan en audiencias públicas del sistema interamericano.

Cayo Galindo cuestionó la independencia del juez Ordóñez

En su ponencia, Galindo sustentó que las declaraciones de Ordóñez Alcántara tuvieron un tinte político. "El principio de independencia que rige la función jurisdiccional impone pues marcar absoluta distancia con cualquier organización, partido, proyecto político, pues si este asume alguna posición política públicamente pone en el cuestionamiento su independencia", anotó.

Indicó que, como parte de sus labores, el juez resuelve procesos de amparo en los que el Poder Ejecutivo y el Congreso figuran como partes demandadas; por lo tanto, dicha opinión afectaría la independencia en los procesos.

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De acuerdo con Galindo, ello "constituye una razón fundada para dudar de imparcialidad en los procesos en los que tiene el encargo de controlar la constitucionalidad de los actos administrativos emanados del Poder Ejecutivo, así como de la actividad legislativa del Congreso".

Además, agregó: "Un magistrado no se puede permitir referir y criticar públicamente a sectores del Parlamento sin que eso ponga en cuestionamiento el deber judicial que le asiste de mostrarse ante la ciudadanía como un magistrado independiente".

En el criterio de idoneidad, que evalúa la calidad de las resoluciones, la rapidez y la gestión del proceso, Ordóñez obtuvo 81.356 puntos. Sin embargo, en el apartado de conducta recibió una calificación de insuficiente.

En ese sentido, el análisis técnico concluyó que un resultado aprobatorio en idoneidad, por sí solo, no es decisivo, ya que debe considerarse de manera conjunta e integral con la evaluación negativa en conducta.

"No ha superado la evaluación referida a su conducta, donde ha obtenido una calificación de insuficiente para motivar su ratificación en el cargo", refirió Galindo para proponer la no ratificación.

Oswaldo Ordóñez asegura que no descalificó el sistema de justicia

Días antes, Ordóñez Alcántara acudió a la citación de la JNJ para declarar sobre el caso. "En ningún momento me he irrogado la representación del Poder Judicial (PJ). El comunicado del PJ no cuestiona mi ponencia, solo precisa que yo no represento una declaración institucional que, repito, no la he ejercido", dijo.

Añadió que él no considera que haya descalificado al sistema de justicia del Perú, sino que, por el contrario, de acuerdo con su obligación moral, explicó de forma genérica el sistema de justicia. "No nos hemos limitado a tocar el tema puntual del Poder Judicial. Lo que he señalado es que recogiendo el sentir de los jueces del país nuestra preocupación es que algunos grupos parlamentarios formulaban leyes que afectaban al sistema judicial", anotó.

Insistió en que todo se enmarca en el ejercicio de su derecho a la expresión y asociación.

CIDH alertó posible represalia contra el juez Oswaldo Ordóñez

La Comisión refirió que el artículo 63 de su Reglamento obliga a los Estados a proteger a toda persona que aporte información o participe en audiencias públicas y prohíbe cualquier forma de juicio, sanción o represalia derivada de sus declaraciones. En ese sentido, advirtió que abrir un proceso disciplinario por esta intervención podría vulnerar principios como la independencia judicial y la libertad de expresión de los magistrados.

"Preocupa a la CIDH que su participación en la audiencia haya sido incorporada, además, en el procedimiento de evaluación integral y ratificación de su desempeño, del que depende la ratificación de su cargo", mencionan.