Juez Oswaldo Ordóñez: "Esa denuncia anónima tiene una sola finalidad: influir en el proceso del Tribunal Constitucional"

El juez superior Oswaldo Ordóñez, presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima, enfrenta una grave acusación que lo señala como presunto líder de una organización criminal vinculada a un litigio inmobiliario. En entrevista con este medio, el magistrado rechaza tajantemente las imputaciones, sostiene que no existe investigación policial ni fiscal alguna en su contra y atribuye la denuncia anónima a una maniobra mediática promovida por intereses privados —entre ellos, la empresa Los Portales S.A.— que buscarían influir en un proceso actualmente en manos del Tribunal Constitucional.

Alejandro Céspedes: Hay imputaciones que se le hace a partir de una nota periodística colocándolo a usted como cabeza de una supuesta organización criminal. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Juez Ordóñez: Debo señalar primero que nosotros tomamos conocimiento de esta información periodística a través de una página o de las redes sociales del señor Tafur, que la denomina Sudaca, donde él mencionaba que había una investigación policial en la que precisamente se me indicaba a mí como cabeza de esa organización. Lo primero que hicimos fue ir a la delegación policial, porque él señalaba ahí un oficio de la delegación policial correspondiente.

Y cuando nos constituimos, a través de mi abogado, por supuesto, en la delegación policial, le informaron que no hay ninguna investigación, que simplemente ellos han recibido una denuncia anónima y han hecho un patrullaje —dijeron así— electrónico, y habían determinado que las personas que estaban presuntamente denunciadas existían; una de las que existían era yo, pero señalaban ellos mismos en su informe de patrullaje electrónico que yo no tenía ninguna vinculación con ese proceso, con ese problema. Y que la delegación policial había remitido así, sin ninguna investigación ni ninguna indagación previa, lo había enviado al Ministerio Público. Entonces, le pedimos por escrito que nos informaran eso.

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Y la policía correspondiente de ese sector nos informó por escrito que no hay una sola investigación, que no han hecho ningún acto de investigación, y que toda esa denuncia la han remitido al Ministerio Público, y no saben ni les consta que el Ministerio Público haya hecho alguna información o alguna investigación. Mi abogado se constituyó en la fiscalía correspondiente y dijeron que no, que ellos no son competentes, que la han derivado a otra. Y esa otra también la ha derivado a otra.

Y, consecuentemente, no hay ninguna investigación, ni en sede policial ni en sede fiscal. Ante esa situación, nosotros le hemos enviado, en realidad, tres cartas notariales. La primera, al correo que indica ese podcast, no sé cómo se llama, Sudaca. Después, otra carta notarial al domicilio que señala esa empresa. Y otra carta notarial al domicilio real del señor Tafur, que figura en la Reniec. Tres cartas notariales.

Sin embargo, no nos ha contestado, no ha hecho ninguna rectificación ni nada por el estilo. Por el contrario, el día de ayer, si no me equivoco, o anteayer, su mismo material ha sido ya difundido en un programa de este canal Willax, y ya con otros fines. No solo con el fin de la información previa que hizo el señor Tafur, sino ya dándole otro sentido. Entonces, yo también, una vez que tomé conocimiento de esto, informé a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, y dada la gravedad —porque se imputa un hecho criminal muy grave, de ser jefe de una organización criminal, sin ninguna investigación previa, ni siquiera se indica qué expediente o qué caso—, no hay ninguna investigación acá a nivel judicial, a nivel de control, nada.

Y de frente empiezan a circular esto en las redes sociales, ¿no? En Facebook, me parece que también en X, no sé, pero me dice el abogado que en varias redes sociales se está difundiendo esto. Entonces, ante esa gravedad, la Corte Superior de Justicia de Lima también hizo una sala plena y se pronunció rechazando ese tipo de difusión irresponsable, ¿no? Porque no se ha tenido ni siquiera la delicadeza de llamarme, de preguntarme qué hay de esto, nada, absolutamente nada, ¿no?

Alejandro Céspedes: Y sobre el particular de la denuncia, doctor Ordóñez, ¿usted desestima cualquier vinculación con la organización que se imputa en esta nota periodística?

Juez Ordóñez: Por supuesto, nosotros rechazamos tajantemente. Lo que es más, yo no conozco a ninguna de las personas que se mencionan en ese informe policial o periodístico.

No conozco a nadie de esas personas. Ahora, yo soy un funcionario público y es natural que acá, a la sala, a mi despacho, vienen muchos abogados todos los días a ver sus causas, a estudiar sus expedientes. Yo no sé si alguno de ellos habrá pasado por acá o habrá conversado conmigo.

No, no puedo tratar, no, pero por nombres no los conozco a ninguno. No, no tengo idea. No los escucho ahorita en este momento.

Alejandro Céspedes: ¿Usted no conoce a Mayo Manuel Fernández Villalobos, a Francisco Millasato, a Gina Cárdenas, a Ricardo Milaguzcu, a Luis Raúl Osnido, a nadie?

Juez Ordóñez: Bueno, personalmente no conozco a nadie. Ahora, a raíz de estos hechos, he empezado a indagar, porque el señor, además, difunde un video que hace alusión a que, presuntamente, unas personas han adquirido unos terrenos y ahora les están pidiendo que vuelvan a pagar los terrenos. Además mencionan unos procesos judiciales, ahí hay unos nombres. A raíz de esa información que hemos visto en este video, nosotros hemos hecho un seguimiento aquí en la sala y hemos encontrado que, en efecto, acá ha habido un proceso judicial, en esta sala que yo presido, que es la Primera Sala Constitucional, un proceso judicial de amparo que ha postulado la empresa, Los Portales S.A., contra un señor Fernández Fernández Llamoca.

Alejandro Céspedes: Un proceso de amparo, ¿no? que tiene su antecedente en un proceso anterior.

Juez Ordóñez: Se trata de lo siguiente. Hay un señor Fernández, que es, a su vez, el sucesor de su padre, que también se apellidaba Fernández, ¿no? Y que ellos fueron beneficiados por la Reforma Agraria, por la Ley de Reforma Agraria, y se les adjudicó un predio rústico de 4.09 hectáreas en el distrito de Carabayllo. Entonces, ese predio fue expropiado por el Estado a los propietarios originales y se adjudicó a varios pobladores que trabajaban las tierras en ese momento.

Y uno de ellos es este señor, padre del ahora señor Fernández Llamoca, que fue adjudicatario. Entonces, el Estado expropió, y ya el Estado, como propietario, le adjudica, como beneficiario de Reforma Agraria, al padre de este señor 4.09 hectáreas, o sea, 40 mil metros cuadrados, cuatro manzanas íntegras, propietarios por esta Ley de Reforma Agraria, y el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, les otorga el título. ¿Qué ha pasado? Más o menos, supongo yo, por los antecedentes, que hace unos 15 o 16 años, estos señores son invadidos en su terreno.

Ellos dicen así en sus demandas, sus escritos, y los despojan de su propiedad. Y entonces ellos inician un proceso para recuperar su propiedad. Y en ese interín aparecen Los Portales, ¿no? Y Los Portales —supongo yo que esto es una oportunidad de negocio— son 40 mil metros cuadrados, y Los Portales adquieren ese terreno.

Pero cuando ellos van a adquirir el terreno, este señor Fernández, que es el propietario beneficiario de Reforma Agraria, les manda una carta notarial, en 2010, donde les dice a Los Portales: “Señores, por si acaso, nosotros somos los propietarios, hemos sido invadidos y hemos sido usurpados en nuestra propiedad, y esto está en juicio”. Los Portales no hacen caso a eso y hacen la operación con los, entiendo yo —presumo—, los propietarios registrales que fueron objeto de expropiación, ¿no? Y ellos ya figuran como propietarios. Entonces, este señor Fernández no se quedó en mandar la carta notarial, sino hizo una demanda de mejor derecho de propiedad, de reivindicación y de pago de daños y perjuicios, e interpuso la demanda contra Los Portales.

Y ese proceso, que ha durado casi una década, ha terminado con una sentencia casatoria de la Corte Suprema —perdón, sí, de la Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema—. ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema? “Ustedes, señores de Los Portales, no pueden alegar buena fe, porque ustedes fueron informados de que este terreno estaba en litigio y que era de propiedad de ellos. Y con una diligencia mínima, ustedes podían ver que, en efecto, ellos eran los propietarios que fueron beneficiarios de la Reforma Agraria”, ¿no? Y sentencia en contra de Los Portales.

Entonces, Los Portales perdió el proceso y perdió su inversión. Habían comprado un terreno que estaban en litigio. Entonces, Los Portales, lamentablemente, ha vendido esos terrenos, los ha lotizado, entiendo yo, porque ahí la gente ha comprado y ha construido sus casas.

Y ahora, quien tiene que responderle a esa gente que ha comprado, entiendo yo, desde mi modesto punto de vista, es Los Portales, devolverle la plata de lo que ha cobrado, porque ha vendido un terreno.

Alejandro Céspedes: ¿Usted no tiene nada que ver en ese litigio?

Juez Ordóñez: No, ese proceso nosotros no tenemos nada que ver. Eso terminó en la Corte Suprema en 2019.

Alejandro Céspedes: Debió cumplirse con la sentencia en esa fecha, entiendo.

Juez Ordóñez: Así es. Ya desde 2019, Los Portales debió cumplir con la sentencia. Pero ¿qué ha hecho? No ha cumplido con la sentencia. Entonces, ¿qué ha hecho Los Portales? Ha iniciado un proceso de amparo —así se denomina—, un proceso de amparo constitucional contra la sentencia de la Corte Suprema, o sea, contra la Corte Suprema y contra el señor Fernández, que le ganó precisamente el proceso civil.

Y ese proceso sí ha llegado a la Primera Sala Constitucional. Y la Primera Sala Constitucional, no yo, sino el colegiado en conjunto, ha resuelto que la Corte Suprema ha expedido su fallo cumpliendo los parámetros que señala la ley orgánica y la Constitución, y ha desestimado la demanda de Los Portales. Y eso se ha hecho hace un año o año y medio, aproximadamente.

Alejandro Céspedes: Y de ahí viene el recurso de agravio constitucional

Juez Ordóñez: Y ese recurso de agravio constitucional implica que el expediente se tiene que elevar al Tribunal Constitucional. Y el expediente se ha elevado al Tribunal Constitucional hace ya, supongo, un año, y el Tribunal Constitucional ha señalado vista de la causa para el 14 de octubre de este año, 14 de octubre de 2025. Y mire usted qué coincidencia o qué casualidad que esta nota periodística sale publicada el 11 de octubre de 2025.

O sea, tres días antes de la vista de la causa, ¿no? Donde, supuestamente, una persona anónima ha dejado una denuncia en una delegación policial, en una comisaría de Lima Norte. El anónimo lo ha mandado a la Fiscalía sin ninguna investigación. Pero esa denuncia ni siquiera está en investigación preliminar. No hay nada.

Nosotros, haciendo nuestra propia investigación en función a ejercer nuestros derechos de defensa, hemos tenido que contratar un abogado, para que él haga toda la investigación, porque yo paso todo el día acá en la sala. No tengo tiempo para esas cosas. Y este abogado, el que nos está patrocinando, es el que ha podido dar con el meollo del problema.

Alejandro Céspedes: Para recapitular, ¿cuál cree usted que es el meollo del problema?

Juez Ordóñez: Es que Los Portales perdieron durante 10 años un juicio civil por un terreno que compraron en una suma de supuestamente 900 000 dólares. Un terreno que pasa los 10 millones de dólares, ¿no? Porque son 40 000 metros cuadrados. No son 40, no son 400, no son 4 000. Son 40 000, son cuatro manzanas. Cada manzana tiene 10 000 metros cuadrados.

Entonces, eso es lo que está en juego y nosotros estamos absolutamente convencidos de que los señores de Los Portales han contratado los servicios de estas personas que están haciendo estas difusiones, ¿no? Porque son los únicos que tienen interés en que ese proceso del Tribunal sea resuelto a favor de ellos.

Alejandro Céspedes: Su acusación es muy seria y deberá mostrar pruebas. ¿Cómo le afecta esta denuncia a usted como magistrado?

Juez Ordóñez: Una denuncia de esta naturaleza, sin ningún fundamento, sin ninguna investigación previa, sin siquiera darme la oportunidad de decir mi versión, absolutamente es maliciosa, y es delictiva. Tiene una sola finalidad: que ante el proceso que está en el Tribunal Constitucional quieren hacer aparentar que nosotros somos parte de una organización criminal. O sea, ¿los cinco jueces de la Corte Suprema que resolvieron también son parte de la organización criminal? ¡No lo dicen!

Incluso en el video de la nota usted escucha y dicen: “Ah, por si acaso, también han contactado con un miembro del Tribunal Constitucional, un tal Pancho”, ¿no? Y por ahí algunos comentarios dicen: “Ah, ese Pancho es tal fulano del Tribunal Constitucional”, ¿no? O sea, insinúan cosas.

Alejandro Céspedes: Lo que sostiene es que la denuncia de una supuesta organización criminal debería trascenderlo a usted, y llega a la Corte Suprema y también al Tribunal Constitucional, ¿más o menos esa es la figura?

Juez Ordóñez: En el video no dicen nada de eso, en el video, al menos de la Corte Suprema no dicen nada, pero ellos dicen que hay una organización criminal que, supongo que será pues el abogado del señor Fernández, los familiares de él, no lo sé.

Alejandro Céspedes: Son muy importantes los tiempos que usted menciona porque el colegiado que usted preside falló en consonancia con un fallo anterior que fue de la Corte Suprema. Ahora con recurso de agravio que lo debe ver el TC que, si declara fundado el recurso de agravio, y a su vez entra sobre el fondo, el Tribunal puede anular la sentencia en la Corte Suprema y disponer que la Sala Constitucional dicte nuevo fallo.

Juez Ordóñez: Eso es lo que puede suceder. El Tribunal no puede sustituir a la Corte Suprema, pero hemos visto en algunos casos que el Tribunal va más allá de lo que la Constitución le permite.Pero en este caso puntual ese sería el procedimiento. Pero ahora los miembros de la Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema son otros, porque los que resolvieron son los que estaban en 2019, y ya creo que no está ni uno de ellos en esa sala, por decirlo.

Alejandro Céspedes: Entonces, ellos podrían emitir una nueva sentencia. Pero bueno, siempre es un derecho poder reclamar hasta las últimas instancias.

Juez Ordóñez: Seguramente.

Alejandro Céspedes: Finalmente, ¿usted deslinda de toda denuncia al respecto en su contra?

Juez Ordóñez: Mire, nosotros, cuando hemos conocido hace un año y medio, dos años, este proceso de amparo, ninguna de las partes nos ha quejado. Ninguna de las partes nos ha denunciado. No ha dicho que hemos actuado irregularmente. No ha dicho que hemos actuado o que somos parte de ninguna organización. Nosotros no somos nuevos en este negocio. Nosotros tenemos 41 años de servicio ininterrumpido en la magistratura, ¿no? Entonces, no ha habido nunca un cuestionamiento.

Por eso es que esta nota periodística, muy curiosamente, dice: “Hay una denuncia anónima”, ¿no? Qué gracioso, o sea, ahora recibimos denuncias anónimas y, muy solícitos, las mandamos a la fiscalía sin que nadie se identifique. Y una denuncia tan grave. Imagínese que mañana más tarde yo digo que "Juan Pérez" es jefe de una organización criminal e inmediatamente pasa esto a la fiscalía. Creo que una persona tendría que ser diligente, sobre todo un periodista, antes de difundir y tener siquiera tiene la delicadeza de decir: “Oiga, señor Ordóñez, mire, hay una denuncia contra usted”. Las pruebas que presenta la denuncia periodística son solo fallos, no hay nada en contra y nada que, aparte, se contraría con fallos anteriores como el fallo de la Corte Suprema, que le da la razón argumentativa al fallo de la sala constitucional para definir como definió. En otras palabras, Los Portales perdió legalmente en un proceso civil de diez años. Pierde en el Poder Judicial, pierde en la Corte Suprema, y luego intenta revertirlo por la vía constitucional, con un amparo. Y en ese amparo también pierde. Entonces, ¿qué hace? Lo eleva al Tribunal Constitucional. Pero como ya no tiene más argumentos legales, lo que hace es intentar deslegitimar a los jueces, y es ahí donde surge esta denuncia anónima.

Alejandro Céspedes: O sea, según su apreciación, doctor, ¿hay una intención directa de la parte perdedora de los fallos en desacreditar la sentencia y presionar mediáticamente el proceso que se va a ver en el Tribunal Constitucional? ¡Eso es gravísimo!

Juez Ordóñez: Por supuesto. No tengo la menor duda de eso. No es coincidencia que una denuncia anónima sin investigación, que ni siquiera ha sido formalizada, aparezca justo tres días antes de la audiencia en el Tribunal. Esto no es casual. Es un intento de generar una percepción pública negativa, de contaminar el debate y de condicionar a los magistrados del Tribunal Constitucional.

Alejandro Céspedes: ¿Tomará alguna medida legal, doctor?

Juez Ordóñez: Sí, claro. Ya hemos iniciado acciones legales. Hemos enviado tres cartas notariales y ninguna ha sido respondida. Ahora procederemos con una querella penal por difamación agravada, porque aquí se ha afectado no solo mi honor personal, sino también la imagen de la institución judicial.

Alejandro Céspedes: Finalmente, ¿qué espera de esta situación?

Juez Ordóñez: Confío en la justicia. El Poder Judicial tiene fallos que pueden gustar o no, pero se dictan conforme a ley y con independencia. No podemos permitir que intereses económicos pretendan doblegar a los jueces con difamaciones o presiones mediáticas. Si hoy logran eso, mañana cualquier ciudadano estaría indefenso ante el poder del dinero y la manipulación.