Fiscalía en DDHH aplica Protocolo de Minnesota para investigar muerte de 5 civiles en Colcabamba
Otro de los ejes centrales de la investigación está puesto en los cuadernos de control de registros de ingreso y salida de vehículos y personas en las inmediaciones de la localidad de Campo Armiño. También en el análisis de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia en garitas de control.
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Luego de tres días de la masacre en Colcabamba, distrito de Huancavelica donde fueron asesinados cinco civiles, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín dispuso efectuar diligencias urgentes, pues la investigación fiscal sumó una nueva dimensión: el delito de homicidio calificado por parte de ocho militares.
Según confirmaron autoridades del Ministerio Público, el caso excede el ámbito de la fiscalía provincial y es abordado de manera articulada por una fiscalía supraprovincial, en un esquema que busca reconstruir no solo el hecho en sí, sino también el entramado previo.
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Uno de los ejes centrales de la investigación está puesto en los cuadernos de control de registros de ingreso y salida de vehículos y de personas en las inmediaciones de la localidad de Campo Armiño. También, en el análisis de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia en garitas de control.
Pero también dispusieron la aplicación del Protocolo de Minnesota a los cuerpos de las víctimas. Esto será fundamental para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden.
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Este protocolo sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas es un conjunto de directrices internacionales de la ONU para investigar ejecuciones extrajudiciales, torturas o muertes sospechosas bajo custodia.
Su objetivo es proteger el derecho a la vida, garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas, y asegurar la rendición de cuentas.
Se aplica a cualquier muerte sospechosa en la que el Estado pueda ser responsable, incluidas desapariciones forzadas, muertes bajo custodia o por uso excesivo de la fuerza.
La versión del 2016 actualiza el protocolo original de 1991, lo adapta a los estándares internacionales modernos de derechos humanos y debe iniciarse de inmediato para evitar la pérdida de pruebas.
La diligencia es exhaustiva en la recolección de pruebas, entrevistas y análisis forense. Establece pautas para la preservación de la escena del crimen, la exhumación de cadáveres, la realización de autopsias (siguiendo modelos estándar) y la cadena de custodia de evidencias.
En cuanto a la protección de testigos, incluye medidas para proteger tanto a los familiares de la víctima como a los propios investigadores.
Este instrumento es considerado una norma de buenas prácticas jurídicas y forenses, utilizada con frecuencia por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la actuación estatal.
