Comuneros de Catacaos celebran nuevo plazo para denunciar al Sodalicio: "No borra el sufrimiento, pero sí rompe el silencio"
Ellos denuncian haber sido despojados de 10.000 hectáreas por parte de empresas vinculadas al Sodalicio.
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Los comuneros de Catacaos (Piura) víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana celebraron la decisión del Vaticano de abrir un nuevo plazo para recibir las denuncias de presuntos abusos cometidos por la suprimida organización.
“Este cierre, tras décadas de denuncias de abusos, no borra el sufrimiento padecido, pero sí rompe el silencio estructural que lo sostuvo durante tantos años y reconoce una falta de carisma en la institución”, señaló la organización en un comunicado donde también califican la medida como un “hito histórico”.
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Desde aproximadamente el 2010, la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos ha seguido un proceso legal contra empresas vinculadas al Sodalicio y otras autoridades para exigir justicia frente al despojo de sus territorios y pérdida de titulación.
Ellos denuncian haber sido despojados de 10.000 hectáreas por parte de empresas vinculadas al Sodalicio de la mano de José Antonio Eguren, arzobispo de Piura hasta 2024.
En febrero de 2025, la comunidad presentó ante el Poder Judicial una demanda de amparo contra las instituciones que les arrebataron sus tierras. En el documento señalaron que el Estado, a través de la DRA Piura y SUNARP, permitió que estas tierras sean inscritas irregularmente en registros públicos, sin el consentimiento de la comunidad y sin respetar los procedimientos establecidos en la Ley General de Comunidades Campesinas.
Se trata de un proceso legal que aún continúa, por ello, el nuevo plazo abierto por el Vaticano significa una oportunidad de ser escuchados. Especialmente, agradecieron al Papa León XIV, al Monseñor Jordi Bertomeu y el Monseñor Charles Scicluna, quienes han cumplido “generosamente el encargo del Papa de estar siempre del lado de las víctimas”.
Se trata de una nueva misión liderada por el Monseñor Jordi Bertomeu
La Nunciatura Apostólica en Perú pondrá en funcionamiento un “canal de primera escucha” en su sede en Lima, el cual estará disponible entre el 4 y el 22 de mayo. Esta acción se enmarca en una misión especial de carácter diplomático encabezada por Bertomeu, quien sostendrá encuentros directos con nuevos denunciantes.
El canal estará dirigido a recoger testimonios de personas que no hayan sido debidamente reparadas por casos de abusos físicos, sexuales o espirituales. En este último caso, se incluye el uso indebido de información obtenida durante procesos de acompañamiento o dirección espiritual.
Asimismo, se recibirán denuncias relacionadas con abusos de conciencia, como prácticas de tipo sectario orientadas a vulnerar la voluntad de los subordinados, así como casos de abuso de autoridad. Entre estos figuran situaciones de acoso laboral, encubrimiento de actos ilícitos dentro de las instituciones y el acceso irregular a comunicaciones privadas.
El mecanismo también contemplará denuncias sobre presuntas irregularidades económicas u otros manejos indebidos atribuidos a algunos integrantes de estas organizaciones religiosas. Es en este grupo donde entran a tallar los comuneros de Catacaos.
El comisario apostólico también recibirá denuncias por correo electrónico, donde se debe detallar lo más posible la denuncia y los posibles testigos o pruebas que puedan acreditarla y la indemnización que considera justa para compensar el daño causado.
Con el objetivo de garantizar las indemnizaciones para estas nuevas víctimas, la Santa Sede ha recibido el inventario de los bienes del Sodalicio para definir su valor y eventual venta.
Abusos del Sodalicio
Hasta abril de 2025, el Sodalicio reportaba haber indemnizado 98 casos de abusos por un valor de cerca de 6,5 millones de dólares, de ellos 37 por abusos sexuales, entre los que había 20 a adultos y 17 a menores de entre 11 y 17 años, mientras que otros 61 abusos eran de carácter físico, psicológico, de autoridad o por incumplimiento grave del código de conducta interno.
El papa Francisco expulsó a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio, y a al menos una quincena más de miembros del Sodalicio por abusos sexuales, algunos contra menores, y en enero de 2025 ordenó eliminar el Sodalicio.
