Jefes de la ONPE y JNE alertan riesgo en la legitimidad de elecciones por falta de presupuesto

El sistema democrático peruano atraviesa una situación de déficit presupuestal de cara al proceso electoral de 2026. Los titulares de los organismos electorales han advertido que, a pesar de los esfuerzos logísticos, existe una brecha financiera que impide garantizar la plena legitimidad de los resultados. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, han coincidido en que el Ejecutivo no ha transferido los recursos necesarios para evitar la carencia crítica de recursos financieros y logísticos durante las elecciones.

"Los riesgos de que no se den los recursos es que haya mayor desinformación, que se afecte la legitimidad del proceso electoral, tengamos problemas en el monitoreo y la coordinación interinstitucional. Podría ponerse en riesgo la legitimidad de las próximas autoridades que van en carrera", señaló Burneo en la sesión de Comisión de Constitución del Congreso a la cual fueron citados, junto al titular del ONPE y del Reniec.

El problema radica en el déficit presupuestario del JNE, que asciende a S/ 288 millones. Este monto no es una cifra administrativa menor, sino el presupuesto para la operatividad de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el despliegue de fiscalizadores. Burneo señaló que pese al déficit de recursos, la meta del JNE es alcanzar los 49,501 fiscalizadores para garantizar que exista un coordinador por cada dos mesas de sufragio. Esta cifra busca romper el estándar histórico de un fiscalizador por cada ocho mesas, optimizando la vigilancia electoral en comparación con comicios pasados.

Esta carencia económica ya se refleja en la infraestructura jurisdiccional. A la fecha, solo se ha logrado instalar el 38.8% de los JEE previstos para las elecciones regionales y municipales, lo que representa apenas 28 de las 91 oficinas necesarias. Cada una de estas sedes demanda un promedio mensual de S/ 240,000 para cubrir personal, conectividad, ciberseguridad y servicios básicos. La incapacidad de instalar los 63 jurados restantes pone en grave riesgo la resolución de controversias, tachas y apelaciones de los cerca de 800,000 candidatos que participarán en la contienda lo que podría derivar en una crisis de deslegitimidad de las futuras autoridades, según el titular del JNE. 

Por su parte, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ha alertado sobre un riesgo en la seguridad física de los votos. Aunque su institución ha recibido partidas para la ejecución técnica, Corvetto señaló que el despliegue del material electoral es inviable si no cuenta con apoyo militar. Las Fuerzas Armadas (FFAA) requieren una partida aproximada de S/ 200 millones para realizar su labor de custodia en todo el territorio nacional. Según el titular de la ONPE, no es posible movilizar ni una sola ánfora hacia el interior del país, cuyo despliegue inicia este 23 de marzo, sin el resguardo militar y policial garantizado por presupuesto.

Sin embargo, el jefe de la ONPE recalcó que desde su entidad ven de manera positiva el proceso que vienen realizando, a pesar de la falta de presupuesto. "Quiero decirles con absoluta sinceridad que vamos trabando bien, vamos avanzando bien. Los resultados de las elecciones van a tener absoluta legitimidad y legalidad. La organización de la elección no corre peligro, nosotros que hacemos la elección estamos trabajando de una manera muy seria y la lógica de puertas abiertas para que todos puedan venir a ver nuestros sistemas, fiscalizarlos y puedan ver cómo funciona la logística electoral".

El riesgo se extiende a la nueva normativa de conservación y recuento de cédulas. Por primera vez en la historia electoral del Perú, la ley exige que los votos sean conservados físicamente después del escrutinio para permitir recuentos en audiencias públicas ante los JEE. Este cambio demanda una logística más costosa para trasladar y almacenar de forma segura las cédulas de las más de 92,000 mesas de sufragio. Sin los fondos para las FFAA, la integridad de estos materiales queda expuesta, lo que abriría la puerta a cuestionamientos sobre la veracidad de los resultados oficiales. Además de las deudas directas con el sistema electoral, la alerta presupuestaria alcanza a ministerios clave. 

Burneo detalló que el Ejecutivo debe asignar S/ 61 millones al Ministerio del Interior, S/ 8 millones al Ministerio de Defensa y S/ 146 millones para la Cancillería para asegurar el derecho al voto de los peruanos en el extranjero. Estos recursos son fundamentales para la fluidez de la operatividad logística y la seguridad ciudadana durante la jornada electoral, en un año donde el proceso es cuatro veces superior a cualquier comicio anterior por la cantidad de organizaciones políticas inscritas.

Los jefes de la ONPE y el JNE advierten que el primer efecto será el aumento de la desinformación y el debilitamiento de la confianza ciudadana en el sistema. Al no contar con una fiscalización adecuada y un resguardo militar total, el proceso queda vulnerable a narrativas de fraude que podrían desestabilizar la transición gubernamental.

Los organismos electorales han solicitado al Ejecutivo que priorice la entrega de estos fondos para asegurar que el proceso sea transparente. El JNE advirtió que su funcionamiento básico está en peligro si no se cubren los S/ 289 millones que faltan actualmente. Si el gobierno no entrega el dinero solicitado, el Perú llegará a las elecciones de abril con un sistema debilitado, lo que causará que la validez de los resultados y la legitimidad de las autoridades elegidas se vean cuestionadas.