Keiko Fujimori propone que Fuerzas Armadas controlen cárceles y fronteras
La candidata de Fuerza Popular plantea que las Fuerzas Armadas asuman el control temporal de los penales y refuercen la vigilancia en zonas limítrofes. También propone que los presos paguen su alimentación con trabajo obligatorio, aunque no detalló cómo se aplicaría la medida.
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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso que las Fuerzas Armadas controlen las cárceles y las fronteras como parte de su plan de seguridad para las elecciones 2026. Según indicó, esta intervención permitiría recuperar el orden interno y frenar delitos que, afirmó, se coordinan desde los establecimientos penitenciarios.
En entrevista con TV Perú, señaló que la presencia militar en los penales sería por un periodo limitado. En el caso de las fronteras, sostuvo que el despliegue debería mantenerse por más tiempo para fortalecer el control migratorio y enfrentar actividades ilegales en zonas críticas.
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La candidata también planteó que las Fuerzas Armadas participen en operativos de apoyo a la Policía Nacional. Argumentó que la criminalidad requiere medidas excepcionales. Sin embargo, no explicó bajo qué marco constitucional se ejecutaría esta participación ni cómo se evitarían posibles excesos.
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Se trata de la cuarta vez que Keiko Fujimori postula a la Presidencia. En campañas anteriores ya priorizó propuestas de seguridad con enfoque punitivo. Ahora vuelve a colocar el tema en el centro del debate, en medio de una creciente percepción de inseguridad en el país.
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Plan de Keiko Fujimori incluye trabajo obligatorio en cárceles y reforma del sistema judicial
Otro eje de su propuesta es que los internos condenados por delitos violentos trabajen para cubrir sus gastos de alimentación y permanencia en prisión. Keiko Fujimori afirmó que el sistema carcelario y judicial demanda cerca de S/ 1.000 millones anuales del presupuesto público.
Sostuvo que esos recursos deberían destinarse a población vulnerable, como niños y adultos mayores. Bajo ese argumento, defendió que los presos asuman el costo de su manutención mediante labores productivas. No precisó qué tipo de trabajo realizarían ni cómo se garantizarían condiciones adecuadas.
Además, cuestionó la efectividad del sistema judicial. Indicó que, de cada 10.000 denuncias por robo, solo seis culminan en sentencia firme. Con ese dato, planteó una reforma de la administración de justicia. Tampoco detalló iniciativas legislativas específicas ni el rol que tendría el Congreso para concretar esos cambios.
