Más de 2 millones de empresas operan afectadas por la criminalidad organizada
El ministerio de Economía estima que el Perú pierde alrededor de S/ 19 mil millones al año por causa de la inseguridad. En tanto, de acuerdo al Sidpol, a diario se presentan unas 75 denuncias por extorsión.
La República en GoogleEl 28 de diciembre pasado, M.R.E.M, empresaria del emporio comercial de Gamarra, dedicada a la venta exclusiva de jeans, denunció que delincuentes le amenazaban de muerte y le exigían S/ 5.000 mediante mensajes extorsivos por intermedio del WhatsApp. Atormentada por las intimidaciones, el miércoles accedió a realizar el depósito.
Como prueba transfirió una suma menor a la cuenta BCP 2301063390529 y puso en conocimiento a la División de Investigación de Extorsiones. Fue la ruta que permitió capturar a Jorge Mauricio Ravelo Larreo (24) en el sector de Pachacutec, en Ventanilla.
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Los empresarios y comerciantes no mienten. Las cifras hablan por sí solas: el impacto tributario y fiscal que genera la extorsión en Perú se siente, es cruda la realidad del país en materia extorsiva. El Gobierno, pese a las medidas decretadas, ha hecho poco o nada por cambiar la realidad y sacar del camino a los grupos criminales dedicados a esta actividad.
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De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, 2 millones de empresas operan afectadas por la criminalidad organizada. Además, según el Sistema de Denuncias Policiales PNP, cada día en el Perú se presentan 75 denuncias por extorsión.
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Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, considera que el país necesita cambiar de enfoque y entender la inseguridad como una barrera para el desarrollo.
“El Ministerio de Economía estima que el Perú pierde alrededor de S/19 mil millones al año por causa de la inseguridad. El objetivo debería ser reducir esa pérdida de manera progresiva”, señala.
Para ello, propone proteger a los sectores más vulnerables -emprendedores, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas informales, y proyectos de infraestructura o extractivos-. Todo con el fin de garantizar empleo, mantener la cadena de pagos y sostener el movimiento económico.
“Es un cambio de mirada. No se trata solo de más patrulleros o cámaras, sino de una estrategia que vincule la seguridad con el desarrollo económico y social”, explica.
A un comerciante o a un empresario que lo extorsionan, de una u otra forma, esa salida de efectivo lo termina impactando en la contabilidad, debido a las altas sumas de dinero pagadas durante el periodo de diversas formas. Estas erogaciones en las que incurren terminan disminuyendo u erosionando la base gravable del impuesto a pagar de las empresas.
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Las estructuras delincuenciales cada vez más se hacen más fuertes, tienen más poder de armamento, son más sólidas y se hacen más difíciles de combatir. Se estima que, en Perú, entre un 70 % y 80 % de los empresarios y comerciantes, así no lo denuncien, han pagado o pagan una extorsión.
Para muchos de ellos se hace inviable sostener a varios grupos que los extorsionan y que operan en un mismo entorno, al punto de que optan por cerrar sus negocios y buscar otra fuente de subsistencia a tener que financiar ilegales, ya que ni el Estado los puede combatir.
Ayer, por la tarde, los agentes de la Divinext desarticularon la banda criminal Los Amigos del Sur (trujillanos) y detuvieron a tres de sus integrantes que se dedicaban a la extorsión de personas naturales, jurídicas y del Estado, en Lima Metropolitana.
Se trata de Fabrizio Barrueta Parco (19), alias Orejas, Oscar Carbajal Malco (18) y José Arturo Antony Gyzmán Fung (25), todos peruanos. Se les encontró municiones, dos celulares, cuatro tarjetas bancarias, vauchers bancarios y otros documentos.
El coronel Holger Obando Cristobal dijo que esta banda criminal tendría participación en varios atentados a empresas de transporte público, entre ellos la producida el 6 de enero en Villa El Salvador contra la empresa de trasporte La 41.
