Deudos anuncian protestas tras desactivación del equipo fiscal que investigaba muertes en manifestaciones

Con profundo rechazo y absoluta indignación, familiares de las víctimas de las protestas sociales en Juliaca, rechazaron la decisión de la Fiscalía de la Nación de desactivar el Equipo Especial de Fiscales (EFICAVIP). La medida, oficializada este martes 6 de enero de 2026 bajo la gestión del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, fue calificada como un golpe directo a la búsqueda de justicia y memoria de quienes fallecieron en las movilizaciones de 2022 y 2023.

Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, rechazó contundentemente la disposición y denunció que se trata de una estrategia para dilatar las investigaciones.

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“Están protegiendo a los altos mandos, a la señora Dina Boluarte y a todos aquellos que dispararon y nos quitaron la vida de nuestros seres queridos. Faltando unas horas de que se cumpla tres años, este señor saca esta medida atentando contra nuestro derecho a encontrar justicia”, expresó.

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El dirigente cuestionó, además, los constantes cambios de fiscales y las omisiones en el proceso, señalando que estas acciones han retrasado significativamente las investigaciones.

“Lo hacen para proteger a los altos mandos involucrados en las masacres. Han puesto trabas, recortado presupuesto y despedido peritos y fiscales adjuntos, todo para obstaculizar que alcancemos justicia”, añadió Samillán.

Por su parte, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, defendió la decisión argumentando que los equipos especiales no alcanzaron los objetivos esperados y que los casos serán transferidos a fiscalías ordinarias, como las de lavado de activos y anticorrupción. Sin embargo, las víctimas consideran que esta medida solo busca dilatar los procesos y evitar que se llegue a juicio.

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Advierten movilizaciones en Lima

Ante este escenario, Samillán anunció nuevas movilizaciones hacia Lima. “Vamos a hacer el llamado a todo el pueblo peruano, porque estoy seguro que lo que se dio el día de hoy no quedará ahí. Ya hemos convocado un plantón en Lima para el 9 de enero, donde cientos de colectivos se movilizarán contra el Congreso, porque continuaremos exigiendo justicia, a pesar de que nos pongan trabas”, afirmó.

El abogado de la asociación, César Quispe, también criticó la medida y recordó que ya se han producido ocho cambios de fiscales provinciales y once de fiscales adjuntos en estos casos.

“Esto afecta significativamente porque cada nuevo fiscal demora meses en tomar conocimiento del expediente. Mínimamente ya debimos estar en juicio oral porque tenemos miles de pruebas no solo en Puno sino en todas las regiones. Lo que ha hecho Tomás Gálvez es ganar tiempo para proteger a sus cómplices del pacto mafioso”, señaló.

Los familiares de las víctimas advirtieron que no permitirán la impunidad y que continuarán luchando para alcanzar justicia.