Caso Trvko: expediente no avanza y ahora queda en manos de Patricia Benavides

La bala disparada por el SO3 Luis Magallanes aún resuena, ahora desde el plano fiscal. El caso Trvko no avanza: se mueve de despacho en despacho, pero no se investiga. A más de dos meses del asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, la contienda de competencia que paraliza el expediente terminó elevada a una fiscalía suprema penal, donde la decisión final recaerá en Patricia Benavides.

En ese recorrido, el Equipo Fiscal de Casos con Víctimas en Protestas (Eficavip) —creado por la propia Benavides en 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte— rechazó intervenir. Su fiscal superior, Lily Gelacio, respondió el 25 de noviembre que el equipo solo se encarga de los casos de 2022 y 2023.

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Ningún despacho quiso asumir la investigación y el caso escaló hasta el nivel supremo, en un círculo que, para la familia, significa una sola cosa: tiempo perdido.

“Efectivamente, estamos ante un inminente riesgo de impunidad”, dice Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). “Esto evidencia claramente la captura del sistema de justicia por grupos políticos del Congreso, que incluye la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y, por supuesto, el TC”. Y suma un señalamiento directo: “El Congreso es el promotor de la impunidad”.

Pariona sostiene que el caso ha sido trasladado “a fiscalías que no tienen experiencia en derechos humanos”, lo que —según afirma— limita la capacidad de investigación especializada. “En el proceso se ha visto también falta de transparencia y obstaculización, presiones hacia fiscales y críticas públicas de autoridades”, agrega.

Y emplaza: “Debe garantizarse la recolección y análisis completo de evidencias audiovisuales, pericias balísticas y reconstrucción forense. Se debe entrevistar a testigos presentes y garantizar medidas de protección a familiares y testigos ante posibles presiones o amenazas”.

Del impulso inicial al cambio de calificación

El caso tuvo un arranque distinto. El 16 de octubre, el fiscal provincial de la Tercera Fiscalía especializada en Derechos Humanos, Roger Yana, emitió su primera disposición de diligencias preliminares e investigaba por homicidio calificado con alevosía a “los que resulten responsables (Policía Nacional)”.

En ese documento, citó jurisprudencia del sistema interamericano y resoluciones del Ministerio Público para sustentar por qué investigaba el asesinato de Trvko en un contexto de violaciones a los derechos humanos.

En casa de la familia Ruiz, ese primer tramo se recuerda con un episodio concreto. Roger Ruiz, padre del artista, recuerda a Yana en un espacio: la morgue. “Cuando estuve con él en la morgue, estuvo dispuesto a apoyar en todo. Incluso se interpuso ante los policías que querían hacer las pesquisas. Se puso firme”.

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Pero ese impulso y esa firmeza se rompieron rápido. Entre el 15 y el 23 de octubre se desató una estrategia de hostigamiento contra el fiscal. Stefano Miranda, abogado de Magallanes, presentó una queja ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), mientras el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, atacó al fiscal y a un juez por la detención preliminar del suboficial: los llamó “prevaricadores”, al mismo tiempo que le decía “terruco” a Ruiz.

A propósito, Rospigliosi tendrá que acudir a tribunales por ello. “Ya la querella está hecha”, dice Roger Ruiz, quien anuncia que en estos días iniciará un proceso legal contra Rospigliosi “por terruquear a su hijo”.

Por esos días, también se consolidaba un escenario interno en el Ministerio Público, con Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación interino. El 23 de octubre, Yana modificó la investigación: asumió la versión del jefe de la PNP, Óscar Arriola, de que el disparo letal fue “de rebote” y no intencional; tipificó el caso como “homicidio simple culposo”; sostuvo que ya no era un caso de derechos humanos; y se inhibió, derivándolo a una fiscalía penal común.

La contienda que detuvo todo

Ese traslado no resolvió nada. El 5 de noviembre, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima rechazó investigar el caso. Según documentos revisados por IDL-Reporteros, la fiscal provincial Fara Cubillas sostuvo que el asesinato ocurrió en un contexto de violación de derechos humanos y devolvió el expediente. En su argumento, indicó que la conducta atribuida a Magallanes “no fue un hecho aislado” y que Trvko no fue la única víctima del accionar del suboficial, en referencia a Renato Daniel Ríos, herido por bala esa noche, cuyo caso y testimonio fue revelado por La República.

Desde ese punto, el expediente entró en una cadena de consultas y derivaciones. Cubillas elevó el tema a coordinaciones internas; se pidió que se decida qué fiscalía debía asumir; y el caso pasó de un despacho a otro. En paralelo, se abrió una segunda discusión: ya no solo era un conflicto entre fiscalías provinciales, sino también entre fiscalías superiores.

Ese detalle es el que hoy marca la actualización: Eficavip, creado para supuestamente agilizar la justicia para las familias con víctimas mortales en las protestas contra Dina Boluarte (2022-2023), respondió que no le corresponde, por su marco temporal. Esa negativa deja el expediente en una fiscalía suprema penal, con Patricia Benavides como la autoridad llamada a dirimir la última contienda.

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La congresista Ruth Luque lee el recorrido como parte de un escenario que, dice, se instaló desde un sector político tras las muertes ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte. “Se ha instalado una lógica de impunidad absoluta frente a violaciones de derechos humanos”, afirma.

Para ella, que el caso “esté dando vueltas entre distintos despachos fiscales” y que la Fiscalía de Derechos Humanos “no quiera asumir competencia” expresa un deterioro institucional que viene de antes y se agravó con los cambios recientes en el Ministerio Público.

Luque sostiene que lo ocurrido en el caso Trvko no se entiende solo como trámite: lo liga a presiones internas y externas y a un Ministerio Público que —según su percepción— no defiende con claridad sus competencias en casos graves.

Cuando se le pregunta por el estado actual, la congresista insiste en el efecto inmediato: “Aquí hay una dilación muy clara: hasta ahora no hay un fiscal competente y parece una tironeada entre todos. En ese tiempo nadie se está haciendo cargo de la investigación”.

Por eso plantea que la autoridad de control debería pedir informes y que la definición de competencia ocurra en un “plazo razonable”. Es clara: “Yo no confío en la Junta Nacional de Justicia”. Aun así, anuncia que solicitará información sobre el caso y, con esa base, hará un pedido ante la JNJ desde su despacho.

Pariona coincide: “Desde la CNDDHH hemos exigido desde el inicio que este caso esté a cargo de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos hasta una resolución definitiva”, afirma.

“Dos meses y no llaman a nadie”

Para Roger Ruiz, que recién se entera del último cambio, el expediente se ha vuelto una secuencia que se repite. “Me dijeron que lo estaban rebotando, que nadie quería ver ese tema, y que querían que regrese a Derechos Humanos, donde debió quedarse”, dice. Y cuando escucha que la decisión recae en Benavides, responde: “Es una noticia bien triste”.

Cuando se le pregunta si confía en que pueda haber justicia con ese desenlace, Roger responde que su desconfianza no es solo por un nombre: “No solo con ella: parece que la justicia acá en el Perú no existe. Es todo el sistema”. Y vuelve al dato que, para la familia, es el más tangible: “Han pasado dos meses y no llaman a nadie, no hacen ninguna investigación. Más bien pasan de fiscalía en fiscalía”.

En ese punto, Roger introduce otro elemento: habría menos ápices de verdad si no fuera por las revelaciones de la prensa. “Mi hijo fue asesinado. Ahí están los videos, todos los testigos, y hasta ahora nada. Los únicos que han hecho esa investigación han sido unos cuantos periodistas”.

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Roger también cuenta que la familia no recibió apoyo estatal tras el asesinato. “De parte del Estado, nada. El Ministerio de Justicia, nada. No me han dado apoyo psicológico ni de ningún tipo”. Pero el manejo del trauma era necesario: su hijo, Mauricio Ruiz, dejó además a su hijo de 10 años. Entonces, tuvieron que tocar otras puertas: “En la Corte Interamericana nos apoyaron dándonos ayuda psicológica: a mí, a Fabio (el hermano de Trabajo, quien lo vio morir), a la mamá y a mi nietito también”.

A pocos días de Navidad, Roger espera con una dura angustia: “Un sitio va a estar vacío este año en la cena. Es irreparable, pero tenemos que seguir”. No pierde las esperanzas de un futuro mejor: dice que seguirá luchando “para limpiar la honra de su hijo, para que descanse en paz”.