La prensa bajo asedio en 2025: la ANP registró un promedio de 38 ataques mensuales contra periodistas
El informe anual de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advierte un escenario de violencia sistemática contra la libertad de expresión, con asesinatos, amenazas, hostigamiento judicial y agresiones provenientes, principalmente, de autoridades y fuerzas del orden.
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El 2025 fue el año más letal para la prensa en el Perú, con 458 ataques a periodistas, según el informe anual de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). El reporte documenta un deterioro sin precedentes en las condiciones para el ejercicio periodístico, marcado por asesinatos, agresiones físicas, amenazas, discursos estigmatizantes y trabas a la cobertura informativa en todo el país.
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El documento de la ANP confirma que la violencia contra la prensa no se concentró en hechos aislados, sino que respondió a un patrón sostenido durante todo el año. Los ataques provinieron principalmente de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, lo que refuerza la alerta sobre el uso del poder estatal como mecanismo de intimidación contra periodistas críticos.
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La situación se agravó en un contexto político de alta conflictividad, con protestas sociales, anuncios de reformas legales restrictivas y un clima de hostilidad desde distintas instancias del Estado. Este escenario incrementó los riesgos para quienes cubren corrupción, crimen organizado y gestión pública, especialmente en regiones.
El informe también revela que el periodismo digital fue el más atacado, mientras que las periodistas mujeres enfrentaron formas específicas de violencia simbólica, acoso y campañas de descrédito, lo que evidencia brechas persistentes de género en el ejercicio de la profesión.
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Cuatro periodistas asesinados: la forma más extrema de censura
El 2025 cerró con cuatro periodistas asesinados en ejercicio de su labor, según la Asociación Nacional de Periodistas. Se trata de Gastón Medina Sotomayor, director de Cadena Sur TV en Ica; Ramiro Raúl Celis López, periodista radial en Iquitos; Fernando Núñez Guevara, comunicador de Pacasmayo; y Mitzar Castillejos Tezanoa, periodista de Aguaytía. En todos los casos, los ataques fueron ejecutados por sicarios.
La ANP advierte que las víctimas desarrollaban coberturas vinculadas a denuncias locales, corrupción y actividades ilícitas, lo que incrementó su nivel de riesgo. Ninguno de los crímenes respondió a robos u hechos fortuitos, sino a represalias directas contra el trabajo periodístico.
Hasta el cierre del informe, las investigaciones fiscales no registraron sentencias firmes. Para la ANP, la falta de resultados judiciales consolida un escenario de impunidad que expone a los periodistas regionales como los más vulnerables del país.
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Un promedio de 38 ataques mensuales normalizó la violencia contra la prensa
El registro de 458 ataques a periodistas durante el 2025 arroja un promedio de 38 agresiones mensuales, una cifra que evidencia la normalización de la violencia contra la prensa. Cada mes se reportaron amenazas, hostigamiento judicial, restricciones al acceso a la información y ataques verbales desde el poder político.
Este promedio refleja una presión constante sobre los medios de comunicación y los periodistas independientes, quienes enfrentaron un entorno hostil de manera sostenida, sin periodos de disminución significativa de agresiones.
La ANP señala que este ritmo constante de agresiones generó autocensura, especialmente en periodistas independientes y medios regionales, quienes carecen de respaldo institucional y protección efectiva.
Setiembre, octubre y julio: los meses más críticos
El informe identifica a setiembre como el mes más violento del año, con 75 ataques contra la prensa. Este pico coincidió con un aumento de conflictos sociales y una mayor presencia policial en las calles, lo que derivó en restricciones. Reporteros y fotoperiodistas denunciaron agresiones durante coberturas de calle.
En octubre, se documentaron 48 ataques, muchos de ellos vinculados a discursos estigmatizantes desde autoridades políticas y restricciones en actividades oficiales. Julio cerró con 47 agresiones, marcadas por celebraciones oficiales y actos públicos con acceso limitado a la prensa.
La ANP advierte que los periodos de mayor tensión política y social intensifican la intolerancia frente al periodismo crítico y agravan los riesgos para quienes fiscalizan al poder. La concentración de ataques en estos contextos confirma que las coberturas en espacios públicos, protestas y actos oficiales se convierten en escenarios especialmente peligrosos para reporteros de campo y fotoperiodistas.
Funcionarios públicos y fuerzas del orden, los principales agresores
El informe identifica a funcionarios públicos como los principales responsables de los ataques. Destaca el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien incurrió en agresiones verbales, estigmatización pública y amenazas judiciales contra periodistas como Rosa María Palacios, Marco Sifuentes, Diana Seminario y Víctor Caballero (Curwen).
También figura el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por declaraciones despectivas contra periodistas como Karen Santillán, así como el congresista Alejandro Soto, quien anunció denuncias penales contra Bruno Amoretti, de Hildebrandt en sus Trece. A este patrón se suma la denuncia de Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panorama, quien alertó haber recibido información que indicaba que desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior se habría ordenado planificar acciones contra su integridad.
El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2025, en Lima, y fue calificado por la ANP como una amenaza contra una periodista en ejercicio. Ante la denuncia, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que negó responsabilidad y sostuvo que el señalamiento resultaba insuficiente e infundado.
Además de los casos ya expuestos, la ANP documenta 121 agresiones atribuidas a fuerzas del orden, incluyendo detenciones arbitrarias, empujones y uso excesivo de la fuerza durante coberturas periodísticas.
El periodismo digital, el más atacado
El periodismo digital concentró el mayor número de agresiones en 2025. El informe identifica a La Encerrona, dirigida por Marco Sifuentes, como uno de los medios digitales más atacados, con registros de hostigamiento, amenazas y campañas de desprestigio.
Otros portales afectados fueron El Diario de Curwen, Epicentro TV, El Búho y medios regionales digitales que cubren corrupción y gestión pública. La ANP advierte que estos ataques buscan desacreditar investigaciones y limitar su alcance.
La alta exposición en redes sociales y la ausencia de mecanismos de protección convierten al periodismo digital en uno de los sectores más vulnerables del ecosistema informativo.
Violencia de género contra periodistas mujeres: acoso, descrédito y estigmatización
Las periodistas mujeres enfrentaron agresiones diferenciadas durante el 2025, principalmente a través de violencia simbólica, acoso y deslegitimación profesional. El informe documenta ataques contra Rosa María Palacios, Jacqueline Fowks, Karen Santillán, Grimaldina Cconislla Noa y Fátima Constantino.
En varios casos, los agresores fueron autoridades políticas, funcionarios públicos y efectivos policiales. Las agresiones incluyeron lenguaje sexista, cuestionamientos a su capacidad profesional y exposición de su vida personal como forma de intimidación.
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Uno de los casos más graves se produjo cuando el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, desacreditó públicamente la denuncia de la periodista Karla Ramírez, del programa Panorama, al afirmar que “la periodista está estresada”. La declaración ocurrió el 1 de setiembre de 2025 durante una entrevista en RPP Noticias, luego de que Ramírez advirtiera sobre la existencia de un presunto atentado planificado en su contra.
La ANP advierte que estas prácticas buscan expulsar a las mujeres del debate público y profundizan las brechas de género en el ejercicio del periodismo, en un contexto ya marcado por altos niveles de violencia contra la prensa.
