Delia Espinoza: el camino de suspensión e inhabilitación de la fiscal de la Nación

Delia Espinoza, la crónica de la inhabilitación y suspensión anunciada de una fiscal de la Nación. Espinoza Valenzuela quedó fuera de la Fiscalía —por ahora— por la sanción que le impuso el Congreso por 10 años para no ejercer la función pública y la suspensión que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le clavó por 6 meses y que nunca la levantó a pesar de que el Noveno Juzgado Constitucional le otorgó una medida cautelar para retornar al Ministerio Público.

Todo comenzó el lunes 16 de junio, día en que la ahora fiscal suprema, Patricia Benavides, acudió a la sede de la Fiscalía para retomar su cargo tras una cuestionada decisión de la JNJ. En aquel momento, se denunció que dicha resolución supuestamente no contaba con todas las firmas necesarias del Pleno de la JNJ para avalar el retorno de Benavides. Por esa razón, Benavides no retornó a la institución.

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En ese contexto, la JNJ, el 5 de septiembre de este año, la vicepresidenta de la entidad, María Teresa Cabrera, propuso la suspensión de Espinoza. Se dispuso aplicar dicha medida contra Espinoza por "haber hecho caso omiso" de reponer a Benavides como fiscal de la Nación y que se quedó como titular de la institución "de manera ilegal". Asimismo, detalló la JNJ, Espinoza "instigó al personal fiscal y administrativo del Ministerio Público el 16 de junio en el piso 9 de la institución".

El 19 de septiembre, la JNJ evaluó dicho pedido de suspensión contra Espinoza. En dicha audiencia, la fiscal de la Nación se defendió. "Es un procedimiento disciplinario forzado", reclamó.

Un día después, el 20 de septiembre de este año, se consumó el ataque contra Espinoza. La JNJ decidió suspender por 6 meses a Delia Espinoza.

Ese mismo día, el gobierno dirigido en ese entonces por la vacada Dina Boluarte, decidió retirar la seguridad policial designada a Espinoza.

El 26 de septiembre, se presentó una medida cautelar que buscaba dejar sin efectos la suspensión en contra de Espinoza. El Noveno Juzgado Constitucional, a través del juez Juan Torres Tasso, fue el que evaluó y decidió sobre dicha petición.

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El lunes 13 de octubre comenzó la trama judicial entre Delia Espinoza, la JNJ y el Poder Judicial. Ese día, el Juzgado le otorgó la medida cautelar a Espinoza y ordenó su reposición como fiscal de la Nación.

El 15 del mismo mes, la JNJ anunció que acataría el fallo, pero que lo apelaría. El Poder Judicial, con la finalidad de que se cumpla su decisión, le otorgó 5 días a la JNJ.

Sin embargo, el 22 de septiembre la JNJ decidió no reponer a Espinoza, al indicar que no tienen competencia para restituirla como fiscal de la Nación porque es competencia de la Junta de Fiscales Supremos. No obstante, en el caso de Benavides, ellos mismos pasaron por encima de la JFS.

El 30 de octubre, el Noveno Juzgado Constitucional concedió un recuso de apelación que interpuso la JNJ contra la resolución de acción de amparo que ordenaba la reposición de Espinoza.

El 10 de noviembre, el Poder Judicial le otorgó dos días como plazo máximo a la JNJ para cumplir con reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Según el Juzgado, la JNJ no cumplió con la medida cautelar que disponía su retorno.

En paralelo, la JNJ continúo con investigar a Delia Espinoza. El 12 de noviembre, citó a Espinoza para el 17 del mismo mes a declarar por una presunta obstaculización para el retorno de Benavides a la Fiscalía. Sin embargo, no acudió a dicha citación.

Sin embargo, el 18 de noviembre ocurrió algo inusual. El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, dirigido por el juez Juan Torres Tasso, volvió a notificar a la JNJ de su decisión porque se había equivocado al momento de notificar que dicha institución tiene dos días para cumplir el mandado judicial.

Ese mismo día, la JNJ presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la reposición de Espinoza en la Fiscalía. Según argumentó la JNJ, el Poder Judicial cometió un "menoscabo de atribuciones" por intervenir en el proceso disciplinario de Espinoza.

El 21 del mismo mes, la JNJ solicitó una medida cautelar al TC para que se frene la acción de amparo que presentó Espinoza para retornar a la Fiscalía. Según la Procuraduría de la JNJ, el juez Torres Tasso "afecta gravemente las competencias y atribuciones" de la institución al suspender el proceso disciplinario que se abrió contra Espinoza.

El 25 de noviembre, el Poder Judicial otorgó dos días más a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Esto a pesar de que se cumplió con el plazo que otorgó inicialmente. Según el Noveno Juzgado Constitucional, este aviso a la JNJ fue "por última vez" para ejecutar su decisión.

El 2 de diciembre, ocurrió algo inesperado. El juez Torres Tasso solicitó al TC información sobre la demanda competencial que interpuso la JNJ. Según Espinoza, "fue para ganar tiempo".

Sin embargo, esta reposición nunca se concretó porque el Congreso inhabilitó por 10 años a Espinoza.

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El Congreso también jugó su partido contra Delia Espinoza

El 24 de octubre del 2024, los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú) presentaron la denuncia constitucional 528 contra Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos.

El motivo fue por presuntamente haber cometido los presuntos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones al desconocer la ley 32130 que faculta a la PNP la investigación preliminar de un caso.

Seis meses después, el 8 de abril de este año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe que recomendaba inhabilitar a los fiscales supremos de la función pública por 10 años.

Sin embargo, el 23 de mayo del 2025, la Comisión Permanente le otorgó 15 días más a la SAC para que puedan realizar una investigación más amplia y pueda presentar un informe final.

El 18 de julio, se realizó una audiencia en la SAC, en la que los denunciados acudieron junto con sus abogados a ejercer su derecho a la defensa por los hechos imputados.

Cuatro meses después, el 18 de noviembre, la SAC acordó por mayoría aprobar el informe final contra los fiscales supremos para inhabilitarlos y levantarles el fuero para ser investigados por el Ministerio Público.

Sin embargo, el 25 del mismo mes ocurrió algo inusual en la Comisión Permanente. De dicho informe, que incluía a los 4 fiscales, solo se alcanzó los votos para inhabilitar a Delia Espinoza.

Según el informe, se acreditó que en la emisión de la Resolución 2246-2024-MP-FN, había disposiciones contrarias a las Ley 32130 aprobada por el Congreso y que le faculta a la PNP las investigaciones de un caso. Sin embargo, en dicho documento no se aprecia que Espinoza Valenzuela haya firmado.

La fiscal suspendida denunció en múltiples ocasiones que el Congreso haya maquinado inhabilitarla por algo que no hizo.

Finalmente, llegó el día clave: el 3 de diciembre del 2025. Delia Espinoza acudió al Parlamento a defenderse junto a su abogado. El Legislativo debatió y votó el informe. Sin embargo, no consiguió los 68 votos necesarios para inhabilitarla. El fujimorismo, APP, Perú Libre, Renovación Popular y aliadas solo alcanzaron los 63.

No obstante, dos congresistas, Norma Yarrow (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia) presentaron las reconsideraciones a la votación como parte de un último intento para conseguir inhabilitarla.

Y así lo consiguieron, el Pleno del Congreso aprobó con 71 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones inhabilitar a Espinoza por 10 años.