Caso Lavamoto: Galarreta reconoce que instruyó a allegados de Fuerza Popular a realizar aportes en efectivo en 2021

Luis Galarreta, reconoció ante la Fiscalía de Lavado de Activos que las cuentas del partido fujimorista se encontraban embargadas durante la segunda vuelta de las Elecciones 2021. En el marco de las investigaciones del caso Lavamoto, el secretario general de Fuerza Popular declaró el 13 de mayo del 2022 que sí comunicó a uno de los aportantes que era posible realizar contribuciones en especie o en efectivo.

Según el documento al que tuvo acceso La República, uno de esos casos sería el de Juan Tassara García, a quien Galarreta “indicó personalmente las vías legales para efectuar los aportes”. La razón principal, según el fujimorista, era que —tras la entrada en vigencia de la norma sobre aportes privados a organizaciones políticas— le sugirió a Tassara que sus contribuciones se realizaran en especie.

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Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta versión de Galarreta no se asemeja a los hechos verificados durante la investigación, dado que, de acuerdo con los registros de Fuerza Popular, un total de 76 personas realizaron aportes por S/ 1.258.708 para financiar las impugnaciones presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra los votos de Pedro Castillo y que fueron clasificados como "aportes en especie".

No obstante, según el análisis fiscal, muchos de esos aportes no fueron entregados en especie, sino en efectivo, directamente en el local partidario o a través de intermediarios, sin bancarización ni trazabilidad financiera.

Asimismo, el Ministerio Público destacó que varios de los supuestos aportantes declararon no conocer el destino de sus entregas ni el procedimiento contable aplicado por el partido. “Mientras que otros han señalado que sus nombres fueron utilizados sin su autorización”, se lee en el documento.

Por ejemplo, un caso que relaciona la Fiscalía es el de Germán Kruger, quien en su declaración del 16 de junio del 2023, manifestó haber entregado S/60.500 al partido. Sin embargo, Fuerza Popular consignó el aporte mediante una boleta interna por concepto de especie, "lo cual contradice directamente lo afirmado por el propio declarante".

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"Para que diga: ¿Podría explicar cómo y dónde fue la entrega del dinero", preguntó la Fiscalía.

"Si mal no recuerdo fue en mi oficina, en Miraflores. Es una oficina privada, no hay nadie fijo, todos hacen trabajo remoto. No me acuerdo a quién le entregamos la plata, no sé cómo se entregaba el dinero. Fue una cosa rara, nosotros solemos hacer aportes a campañas, pero con cheques de gerencia, o transferencia entre cuentas, siempre nos entregan comprobantes, pero había una razón por la cual no le podría depositar en la cuenta, le pedimos el número de la cuenta, pero alguna razón que desconozco, dijeron que no se podría depositar o que no tenían cuentas, algo así fue la explicación", respondió el aportante.

Sobre ello, el Ministerio Público deduce que dicha conducta financiera, "no solo evidencia el manejo de sumas elevadas sin sustento contable ni bancario, sino que se da en el contexto de una estructura partidaria que habría funcionado como vehículo para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito".

La Primera Fiscalía de Lavado de Activos investiga a Galarreta por el presunto delito de lavado de activos porque habría intervenido de manera directa en la organización y gestión de actividades estratégicas del partido, incluyendo el uso y disposición de recursos económicos "cuyo origen no ha sido plenamente justificado ni acreditado".

Además, el Ministerio Público atribuye al excongresista fujimorista supuestamente haber tenido conocimiento, control y responsabilidad funcional sobre el manejo de los recursos del partido en su calidad de dirigente nacional, "actuando en coordinación con la alta dirigencia y permitiendo o consintiendo su ingreso, circulación y utilización".

Cabe destacar que, además de Galarreta, la investigación incluye a Keiko Fujimori, Miguel Ángel Torres, subsecretario nacional; Karina Beteta, tesorera; Lindman Miranda, contadora; y Liliana Takayama, representante de Fuerza Popular.

El objetivo, de acuerdo con la tesis fiscal, habría sido captar fondos en efectivo de origen presuntamente ilícito para canalizarlo de forma clandestina hacia la campaña electoral. Los fondos habrían sido entregados "sin trazabilidad bancaria, mediante sobrecerrados y por intermedio de motorizados", se lee en el documento.