Rutas de Lima alerta que dejaría de operar en 3 semanas si continúa suspensión de peajes
Rutas de Lima asegura que ha perdido la totalidad de sus ingresos y que en los últimos 21 meses han tenido un déficit de por más de S/ 20 millones. Responsabilizan a la Municipalidad de Lima de su situación.
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Rutas de Lima aseguró que en las próximas 3 semanas dejarían de operar si no se revierte la sentencia del Poder Judicial que suspendió el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra.
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En un comunicado advirtieron que en los últimos 21 meses la empresa ha tenido un déficit de S/200 millones. Señalaron que "prácticamente" no cuentan con ingresos, lo que haría imposible operar en las vías concesionadas.
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Responsabilizaron de su situación a la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras entidades del gobierno. En ese sentido, reiteraron que "se reservan todos sus derechos frente a los actos del estado peruano".
"Como es de conocimiento, la operación de las vías concesionadas depende exclusivamente de los recursos generados a través del cobro de peajes, siendo que las decisiones emitidas por distintas entidades del Estado peruano, así como los reiterados y graves incumplimientos de la MML, han ocasionado que a la fecha, RDL prácticamente no cuente con ingresos", sentenciaron.
Poder Judicial ratificó suspensión de peajes
El último 5 de noviembre, el Poder Judicial dispuso que la empresa Rutas de Lima suspenda de inmediato el cobro de los peajes ubicados en los sectores de Villa y Punta Negra, tras declarar fundada la solicitud presentada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar. La medida se dictó en el marco del expediente 01554-2024, en el que se evaluó un hábeas corpus contra la concesionaria.
La jueza Patricia Romero Medina, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, resolvió que la sentencia emitida el 13 de octubre de 2025 debe ejecutarse sin esperar el resultado de la apelación interpuesta por Rutas de Lima. Según la magistrada, no se genera una situación de irreversibilidad ni un daño desproporcionado para la empresa, pues el cobro podría restablecerse si el fallo es revocado.
