Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

Una nueva cámara. La grabación, obtenida por La República, proviene del sistema de videovigilancia de un establecimiento contiguo a la Plaza Francia. Marca las 23:08:42 como hora del disparo. Es 15 de octubre de 2025, durante la Marcha Nacional contra el régimen, en la primera semana del gobierno de José Jerí.

Las imágenes muestran a un agente de civil, identificado como Luis Magallanes, perseguido activamente por una sola persona. Metros atrás, varios testigos observan: uno de ellos es quien firma este reportaje. El policía gira el cuerpo y dispara. A pocos metros, Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (‘Trvko’) cae. En paralelo, su hermano Fabio lo sostiene, grita y pide ayuda. A los minutos, detiene una motocicleta, suben a Mauricio y parten al Hospital Loayza. Llega sin vida.

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Aunque el registro no lo capta, fuentes señalan que el mismo agente —ya en repliegue— realiza dos disparos más. Uno de ellos hiere en la mano al joven que lo perseguía, quien luego sería atendido también en el Hospital Loayza, donde se enteraría de que su amigo ‘Trvko’ había muerto. Los médicos extrajeron una esquirla de su mano. Su identidad se mantiene en reserva por seguridad.

La necropsia de Ruiz consigna hemotórax izquierdo masivo, traumatismo torácico y herida penetrante por proyectil de arma de fuego. La balística precisa “herida de entrada por rebote”, sin corta distancia, y recupera fragmento de bala con marcas de raspado contra superficie dura

Dos penalistas frente al mismo cuadro

Ante este registro, los penalistas Miguel Pérez Arroyo y Carlos Rivera coinciden en lo que ven, pero discrepan en lo que significa.

El criminólogo Pérez Arroyo señala el disparo al piso y el rebote: “Por el contexto, sabemos que aun un solo perseguidor puede azuzar a otros. El riesgo puede escalar. Si Fiscalía y el juez acreditan agresión actual y necesidad racional del medio, caben eximentes como legítima defensa o miedo insuperable”.

Aun así, advierte “una falta administrativa por uso antirreglamentario del arma y fallas de cadena de mando”.

Rivera, abogado del IDL y representante del joven herido, difiere desde la secuencia temporal: “Se ve a un agente que trota, gira, se toma segundos y dispara al asfalto. Con ese cuadro, no hay legítima defensa en el instante del fogonazo”.

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Añade que “tras ese primer tiro hubo disparos posteriores de Magallanes durante su escape. Producto de ello, el joven que lo perseguía resultó lesionado en la mano, con extracción de esquirla en el Loayza”.

Rivera también cuestiona la versión policial que atribuye al agente una “herida en la cabeza” causada por manifestantes: “En el video no se observa sangre ni lesión alguna. Si realmente le hubiesen partido la cabeza, habría sangrado en el instante. Su rostro se ve limpio”.

Versiones policiales contradictorias

El 16 de octubre, a las 3:30 p. m., el suboficial Luis Magallanes rindió su versión inicial oficial en el Hospital Central PNP, según la documentación revisada por este medio. Declaró que no portó su arma durante el servicio y que, al terminar, fue al vehículo de un compañero para retirarla “de debajo del asiento del copiloto y volver a casa”.

Dijo que, al cruzar Plaza Francia, fue confundido con ternas, insultado y perseguido por “40–50 personas”. Aseguró que ingresó por un pasaje y efectuó un disparo al piso para huir. Sostuvo que fue un solo disparo con su Taurus G3. En esa diligencia figura la presencia del comandante general Óscar Arriola y del jefe de la Dirincri, coronel Carlos Morales.

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Una hora después, la PNP convocó a la prensa para las 4:30 p. m. Pasadas las 4:45 p. m., Arriola habló de actos violentos y, casi diez minutos después, dijo el nombre: Luis Magallanes. Pidió perdón a la familia y se retiró.

A las 5:02 p. m., el SO3 Omar Paul Saavedra Bautista —el segundo agente que aparece en la grabación— declaró que él, Magallanes y el SO3 Kendy Granados Soto integraban el Equipo 1, designado para “prevención, seguridad, inteligencia y control público y vehicular antes, durante y después de la marcha”.

Dijo que, tras los enfrentamientos entre la USE y manifestantes en exteriores del Congreso, se mimetizaron de civil y siguieron a un grupo de protestantes. En Camaná con Tambo de Belén, fueron identificados como ternas y agredidos con piedras y botellas. Afirmó haber oído un disparo, acercarse al grupo y realizar un tiro disuasivo al aire con su arma particular. Luego vio a una persona tendida y —sin hallar al autor— regresó a la Dirincri.

La contradicción con la versión de Magallanes es frontal. El primero afirma que sacó su arma para retirarse; Saavedra lo ubica aún operando encubierto a esa misma hora y admite haber usado su arma para dispersar. Además, la versión de Magallanes —que reduce a un solo disparo— se contrapone con lo señalado por la defensa del joven herido, que denuncia tres.

Habían pasado más de diecisiete horas desde que Roger Ruiz, padre de Mauricio, recibió el aviso, a las 11:20 de la noche: “Era la mamá de mi nieto: ‘vamos al hospital’. Pensé en el bebé, es asmático”, recuerda. Un muchacho del barrio le gritó: “Señor Roger, a tu hijo le han metido un balazo”.

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Llegó al Hospital Loayza y encontró a Fabio, devastado: “Papá, perdóname”. Un médico lo llevó al reconocimiento: “Entré y vi a mi hijito tendido. Fue un golpe terrible”.

Luego vinieron los trámites. “Llegaron dos coroneles o mayores, prepotentes, que quisieron apartar al asistente del fiscal Roger Yana para asumir el caso desde la PNP. No se identificaron. No lo lograron”.

A las cinco de la mañana, Roger volvió a casa. “Me quedé en la puerta pensando cómo decirle a mi mamá. Ella ya lo suponía al verme. Quedó destruida.”

Durante días, los amigos del colectivo de hip hop organizaron homenajes en Plaza Francia. El 24 de octubre, la Municipalidad de Lima borró los murales y retiró las flores. Pero esa es otra historia.

La disputa jurídica y la sanción en juego

Las pericias técnico–científicas fijaron los bordes. La necropsia habla de proyectil de arma de fuego que causa hemotórax y trauma torácico penetrante. La balística confirma: entrada por rebote, sin corta distancia, fragmento con huellas de raspado. La cámara sostiene lo mismo: tiro al asfalto, ingreso tras rebotar.

El penalista Pérez Arroyo distingue tres niveles de responsabilidad: el suboficial que dispara, que podría ser exculpado penalmente por miedo insuperable pero sancionado administrativamente; el mando operativo, que lo ubicó en la zona sin verificar adiestramiento ni aptitud psicológica; y la cadena de mando, que puede incluir a altos oficiales si se acreditan fallas estructurales.

Rivera plantea otra ruta: “Para mí es homicidio culposo. El tiro al asfalto en contexto de protesta es imprudente y el resultado es mortal.” Sobre el segundo policía, agrega: “Ve al herido y se va. Hay que evaluar la omisión de auxilio porque tenía deber legal de asistir.”

Entre ambas posturas, la salida se mueve entre la eximente y la culpa. Si Fiscalía o el juzgado admiten legítima defensa o miedo insuperable, quedará la sanción administrativa. Si prevalece la culpa, la figura discutida será homicidio culposo, con pena que puede alcanzar los cuatro años de prisión y una reparación civil.

¿Hecho aislado o plan establecido?

El pase del caso a fiscalía común reorienta su encuadre. Pérez Arroyo lo lee como señal institucional de “incidente aislado”: “Si se acreditara que hubo un plan para mimetizar agentes y provocar reacciones, cambiaría todo: subiría la responsabilidad y se abriría la puerta a hablar de responsabilidad estatal”.

Rivera discrepa: “Este no es un caso aislado. Los daños muestran que hubo un plan.” Recuerda que hubo otros heridos esa noche y sostiene que la decisión se tomó “por presiones”.

Una fotografía difundida por el usuario Liam Investiga en X muestra a un hombre con rasgos similares a un agente del grupo Terna, disparando pirotécnicos hacia policías la misma noche del 15 de octubre. Pérez Arroyo pide una pericia antropométrica y de movimientos para confirmar si se trata del mismo agente.

“Si coincide, estaríamos ante una provocación delictiva por agentes del Estado. Y entonces ya no hablaríamos de culpa individual, sino de responsabilidad estatal. Ha sucedido antes, con el caso del Banco de la Nación en la Marcha de los Cuatro Suyos.”

Entre el giro, el polvo y el desplome, la cámara dejó lo que no admite adjetivos: un disparo, una vida truncada. Si fue error, exceso o mandato, lo determinará la carpeta fiscal. Para los amigos y seres queridos de ‘Trvko’, solo queda una certeza: la verdad y la justicia siguen pendientes.