Dina Boluarte postularía en elecciones 2026: abogado de expresidenta no descarta su retorno a la política

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, dejó abierta la posibilidad de que la exmandataria vuelva a postular en las elecciones generales de 2026. El defensor legal señaló que su patrocinada “no ha descartado” una nueva participación política y que, tras su salida del Ejecutivo, se encuentra evaluando distintas alternativas personales y profesionales.

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"En cualesquiera la decisión que ella adopte, retornar al Reniec, incursionar nuevamente en la esfera política o la docencia (…) El artículo 3 de nuestra carta política permite el derecho al libre desarrollo de la personalidad y si ella define determinarse en la política así será, finalmente será el pueblo quien defina o no su decisión (…) No sé si diputada, senadora. No lo sé, no he llegado a ese nivel de información con ella (…) O en la docencia o en el litigio", comentó vía Exitosa.

Las afirmaciones de Portugal marcan el primer indicio de una eventual reaparición política de Boluarte desde que el Congreso aprobó su vacancia. En paralelo, la exmandataria enfrenta once carpetas fiscales abiertas por casos como el de los relojes de lujo y las muertes en protestas. Su posible regreso a la escena electoral se produce en un contexto en el que diversas figuras del oficialismo y la oposición buscan reposicionarse ante un escenario fragmentado y una ciudadanía mayoritariamente crítica hacia la clase política.

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TC rechazó hábeas corpus de Dina Boluarte por allanamientos del caso Rolex

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el habeas corpus que buscaba anular los allanamientos en el domicilio de Dina Boluarte en el marco del caso Rolex. Según el fallo, las diligencias pertinentes no afectaron de forma directa la libertad personal de la expresidenta, por lo que el recurso no cumplía los requisitos para su procedencia.

En su resolución, el TC señaló que el habeas corpus protege la libertad individual y los derechos conexos, pero recordó que la investigación del Ministerio Público es una actuación meramente postulatoria y, por tanto, no puede considerarse una restricción de la libertad personal dentro del marco constitucional. En este sentido, el tribunal señaló que el fiscal no decide la responsabilidad penal ni impone medidas restrictivas de libertad.

La demanda fue presentada por el abogado Marco Riveros, quien alegó vulneración al debido proceso, trato discriminatorio y desplazamiento de jurisdicción legítima al investigar a Boluarte sin la autoridad correspondiente. También se revisó que ella misma desautorizó al letrado como su representante legal antes del trámite. El TC, sin embargo, determinó que estos planteamientos no configuraban una afectación concreta al derecho de libertad personal que justifique el recurso.

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Poder Judicial rechazó pedidos de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El Poder Judicial declaró infundado un pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses en una investigación que se seguía contra la expresidenta; Lolo Valdez, juez a cargo del primer pedido, consideró que los elementos presentados por la Fiscalía no acreditaban un riesgo de fuga ni un peligro procesal suficiente para justificar la medida. Por esa razón, la solicitud fue descartada y Boluarte mantiene por ahora su libertad de tránsito internacional.

Respecto al requerimiento fiscal relacionado con el caso 'Cirugías', el juez Juan Carlos Checkley también rechazó un pedido de 18 meses de restricción de salida del país. El juez estimó que la Fiscalía no acreditó la existencia de indicios sólidos que demostraran que la investigada podría obstaculizar el proceso o fugarse, por lo que la medida fue igualmente desestimada.

Ambos fallos representan un revés para la estrategia fiscal en estos expedientes y constituyen un alivio temporal para la defensa de Boluarte, que ha destacado la insuficiencia probatoria en las solicitudes. Sin embargo, las investigaciones permanecen activas y la Fiscalía podría volver a solicitar medidas si logra aportar nuevos elementos que funden un riesgo procesal.