Dina Boluarte deberá enfrentar 11 carpetas fiscales: su panorama judicial tras la vacancia

El 10 de octubre Dina Boluarte fue vacada por el mismo Congreso que la mantuvo en el poder por casi tres años. Consecuentemente, dejó de gozar de la inmunidad parlamentaria y ahora deberá enfrentar 11 investigaciones fiscales en su contra. Del total, ocho corresponden a presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su función como mandataria. La cifra fue confirmada por su abogado, Juan Carlos Portugal, en diálogo con América Televisión.

El primer caso por el cual se le aperturó una investigación a Boluarte Zegarra fue el relacionado a las muertes producto de la represión a las protestas entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Se le investiga por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.

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El 11 de septiembre de este 2025, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional planteada por el ex fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana. Durante la sustentación del informe, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones (APP), sustentó que “no existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”.

Otro de los casos por los cuales se investiga a la expresidenta es el presunto delito de cohecho pasivo impropio por la presunta recepción de joyas y relojes a cambio de presupuesto adicional para el Gobierno Regional de Ayacucho, liderado por Wilfredo Oscorima.

Una vez más, el Parlamento blindó a Boluarte por medio de la Comisión Permanente, cuyos integrantes aprobaron el informe de la SAC que recomendaba no continuar con la investigación. La Fiscalía solicitó al Congreso reconsiderar su decisión.

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Sumado a ello, la ex mandataria tiene dos investigaciones abiertas tras confirmarse que se realizó un procedimiento quirúrgico el 28 de junio del 2023 sin solicitar licencia al Congreso para ausentarse de sus funciones. Por este motivo, se le investiga por el presunto delito de abandono del cargo y por presunta falsedad genérica por supuesta falsificación de firmas en resoluciones supremas entre 29 junio y 9 julio 2023 (periodo en el que se recuperaba de la cirugía).

Por ambos cuestionamientos, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe final el 18 de junio de 2025, que recomienda la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, argumentando que se ausentó entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023 sin delegar funciones ni informar al Congreso.

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Adicionalmente, la ex jefa de Estado cuenta con una carpeta fiscal por el supuesto acuerdo con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, para mantener en el cargo al excomandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado. El 24 de abril de 2025, la Fiscalía de la Nación, precedida en ese entonces por Delia Espinoza, archivó la investigación preliminar contra Dina Boluarte y Patricia Benavides por esos hechos. El motivo fue que se determinó que no existen elementos de prueba suficientes para sostener los cargos. Sin embargo, se aclaró que este archivo no equivale a una absolución definitiva; la carpeta fiscal podría reabrirse si aparecen nuevas pruebas antes de que prescriba la acción penal.

A la presidenta también se la indaga por desactivar el grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Efficcop) para con el presunto objetivo de “neutralizar las investigaciones” contra su hermano Nicanor Boluarte. Se le señala como responsable del posible delito de encubrimiento personal y abuso de autoridad. En junio del 2025, la defensa de Boluarte pidió que se anule la denuncia constitucional, alegando vulneraciones legales, pero esto fue rechazado por el Poder Judicial.

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Finalmente, la ex mandataria cuenta con una investigación por el supuesto uso del vehículo presidencial, conocido como ‘cofre’ para facilitar el traslado del prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre. El 16 de mayo de 2025, la denuncia constitucional por este proceso fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Por esto, la defensa de Boluarte indica que ya no está pendiente que su clienta declare ante la Fiscalía porque el tema ya pasó al Poder Legislativo.

Investigaciones por presuntos delitos cometidos antes de asumir el cargo

Por otro lado, enfrenta tres investigaciones por presuntos delitos cometidos antes de asumir el cargo. Estas indagaciones abarcan su presunta implicación en el financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre durante las elecciones de 2021, la contratación de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y un posible favorecimiento a empresas proveedoras de alimentos para el extinto programa Qali Warma.