Familiares de víctimas de DDHH alertan sobre falta de idoneidad del defensor del Pueblo
En una carta a la presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, remarcan que el defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, respalda leyes que generan impunidad. Trascendió que busca ser su sucesor.
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Familiares de desaparecidos, torturados y asesinados durante el conflicto armado interno enviaron una carta a la presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), Raquel Caballero de Guevara, para informarle cómo fue elegido el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y cuál ha sido su preocupante postura en casos de derechos humanos, como en las leyes de prescripción y de amnistía.
Precisamente, en Perú se realiza desde mañana, lunes 6, el XXIX Congreso y XXX Asamblea de la FIO, cuya inauguración será en Cusco, y culminará el sábado 11 en Lima, con la elección de las nuevas autoridades. Trascendió que Gutiérrez está haciendo lobby para ser elegido presidente de dicha institución.
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En la carta, explicaron que el actual defensor fue elegido por un Congreso con el más bajo índice de aprobación de los últimos años, entre candidatos propuestos por partidos políticos, y en medio de cuestionamientos y falta de transparencia.
"Esta forma de elección hace que, las decisiones que se toman desde la Defensoría, obedezcan a los intereses de los partidos políticos y no a la defensa de los derechos de la ciudadanía", advirtieron.
Sobre la Ley de Amnistía
Asimismo, indicaron que en abril último, cuando el Congreso debatía la Ley de Amnistía para militares, policías y miembros del comité de autodefensa que violaron los derechos humanos entre 1980 y 2000, el adjunto para derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández Millán, saludó la iniciativa, afectando el derecho a la justicia de las víctimas y sus deudos.
Como se recuerda, Fernández dijo en aquella ocasión: en anteriores oportunidades, cuando se dieron leyes de amnistía, luego de terminar la lucha contra el terrorismo, la institución se opuso. Ahora han pasado muchos años y sabemos que resulta necesario que esta situación se resuelva de una vez.
Los familiares resaltaron que en ningún momento el representante de la Defensoría del Pueblo "hizo mención al derecho de las víctimas y sus familiares" ni a la larga lucha que han sostenido.
Alertaron que incluso, cuando los jueces aplicaron el control difuso para inaplicar la norma, el defensor presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional "sabiendo del peligro que representa que esta norma sea declarada constitucional y obligue a los jueces a aplicarla en favor de los violadores de derechos humanos". Remarcaron que a pesar de que le han enviado una carta a Gutiérrez pidiendo que retire el recurso, ni siquiera les han contestado.
"Es importante que un defensor del Pueblo sea idóneo y respete principios fundamentales que sostienen una sociedad democrática, defienda los derechos constitucionales y fundamentales de la persona; supervise el cumplimiento de los deberes de función de la administración estatal y la prestación de servicios públicos en favor de la población. Funciones que, claramente, el actual defensor, no cumple", señalaron.
