Política

Marcha 'Generación Z' registró 85 casos de agresión y 11 personas heridas, según reporte de la CNDDHH

El informe también anotó 11 detenciones arbitrarias, cuatro de las cuales siguen en custodia. La CNDDHH alerta sobre un patrón de hostigamiento en manifestaciones y la vulneración del derecho a la libre expresión.

El último fin de semana miles de ciudadanos se movilizaron en contra de Dina Boluarte y el Congreso
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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó un balance crítico de lo ocurrido en las dos jornadas de la denominada Marcha de la 'Generación Z'. El organismo documentó 85 casos de agresión cometidos por la PNP, entre ellos 20 personas heridas por el impacto de perdigones y bombas lacrimógenas. También se registraron 11 detenciones arbitrarias, de las cuales 4 continúan en custodia.

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El informe señaló que 53 de los casos corresponden a daños en equipos periodísticos. Cámaras, celulares, y drones fueron destrozados en medio de la represión. Estas acciones, según la CNDDHH, forman parte de un patrón de hostigamiento que busca impedir la labor de quienes informan y asisten a los heridos durante las marchas.

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La entidad recalcó que estos hechos no son aislados. Recordó que desde las protestas de diciembre de 2022 se han repetido agresiones similares contra ciudadanos y periodistas. Para la CNDDHH, se trata de un problema estructural en el uso de la fuerza pública que no ha sido corregido por el gobierno de Dina Boluarte ni por el Ministerio del Interior.

La CNDDHH advirtió que sin garantías para la protesta y la libre expresión, la democracia peruana queda debilitada. “Sin respeto al derecho a la protesta no hay democracia plena ni garantía de derechos humanos”, expresó en un comunicado difundido en redes sociales.

Detenciones y agresión contra manifestantes

El reporte también documentó 11 detenciones arbitrarias y controles de identidad abusivos durante los días 20 y 21 de septiembre. De estas intervenciones, cuatro personas permanecen aún privadas de su libertad. La CNDDHH sostuvo que estos procedimientos fueron realizados sin fundamentos legales y en algunos casos con violencia física.

Diversas organizaciones sociales habían alertado ya sobre intentos de bloqueo de líneas telefónicas y hostigamiento a dirigentes antes de las marchas. Según el conteo oficial de la CNDDHH serían al rededor de 20 personas las que resultaron heridas durante las jornadas. Integrantes de una brigada de salud que estuvo brindando apoyo a los afectados, declaró para La República que, solo su bloque, habían atendido a 29 personas entre el sábado y domingo.

Periodistas fueron reprimidos durante las manifestaciones

Durante las protestas del 20 y 21 de septiembre de 2025 en Lima, se registraron 18 incidentes de violencia contra periodistas, según un informe de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). La mayoría de los ataques provinieron de agentes policiales, quienes recurrieron a golpes, hostigamientos, robo de equipos y, de manera especialmente grave, disparos de perdigones contra reporteros gráficos y equipos de prensa. Estas acciones dejaron a varios comunicadores heridos y generaron denuncias sobre un patrón de represión destinado a obstaculizar la cobertura periodística.

Uno de los casos más alarmantes fue el de Diego Quispe, de Ojo Público, quien recibió disparos en la espalda y el brazo pese a estar identificado como prensa. A ello se suma la agresión contra Gabriela Coloma, reportera de La República, a quien agentes policiales arrebataron su celular y ridiculizaron, impidiéndole ejercer su labor informativa. Ambos incidentes se suman a los ataques con perdigones sufridos por equipos de Exitosa y por fotoperiodistas independientes, lo que evidencia un uso indiscriminado de la fuerza contra la prensa.

El domingo 21, la violencia continuó en los alrededores del Congreso y el Centro Cívico, donde periodistas de Reuters también fueron alcanzados por perdigones mientras cubrían el operativo policial. En paralelo, otros reporteros gráficos fueron perseguidos, empujados y golpeados con escudos. Estos episodios muestran que, lejos de garantizar condiciones seguras para la cobertura, las fuerzas del orden ejecutaron un hostigamiento sistemático contra la prensa, afectando directamente el derecho ciudadano a estar informado.

Asimismo, los fotoperiodistas Juan Mandamiento y Juan Zapata fueron víctimas de agresiones en ambos días de protesta. Mandamiento sufrió primero el impacto de perdigones en la pierna y daños en su equipo; al día siguiente fue nuevamente atacado, esta vez empujado y golpeado con una macana por efectivos policiales. En el caso de Zapata, del portal Wayka, fue hostigado el sábado en inmediaciones de la Defensoría del Pueblo y, al día siguiente, brutalmente golpeado en la avenida Abancay, donde incluso perdió su dron como consecuencia de la violencia.

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