El Senado todavía no se instala, pero ya va haciendo sentir su poder

El Parlamento bicameral será una realidad en 2026 y traerá consigo un fuerte gasto económico. Según un informe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Parlamento al que accedió La República, la instalación de las dos cámaras costará más de 1,200 millones de soles: S/ 277,632,494 destinados a la implementación de la bicameralidad y S/ 923,321,469 para cubrir los salarios de su personal y las obligaciones sociales correspondientes. Los cambios ya están en marcha: además de la Cámara de Diputados, este nuevo Congreso contará con una Cámara de Senadores que apunta a convertirse en el órgano de mayor peso dentro del sistema político nacional.

En 2018, mediante referéndum, más del 90% de los peruanos rechazó la reinstauración de la bicameralidad en el Poder Legislativo. Sin embargo, la voluntad popular no fue determinante: el actual Parlamento se encargó de retomar la medida. Esto se logró gracias al impulso de Avanza País y Fuerza Popular, que presentaron reconsideraciones hasta obtener más de dos tercios de los votos del Pleno, lo que permitió evadir un nuevo referéndum.

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Las funciones de la nueva Cámara Alta han sido configuradas para que este nuevo espacio legislativo sea el mayor poder del Estado. De este modo, son los congresistas vienen preparando el terreno para un “super Senado” con funciones ampliadas, diseñando un marco favorable para su instalación.

Las funciones que tendría el super Senado

De acuerdo con la Ley de Reforma Constitucional aprobada tras la votación favorable, los senadores tendrán atribuciones claves durante el periodo 2026-2031. Entre ellas destacan: elegir al contralor general de la República, al defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional y a tres directores del Banco Central de Reserva, además de ratificar a su presidente con mayoría absoluta del número legal de sus integrantes.

En la práctica, este diseño resulta preocupante: solo 60 personas decidirán la designación de algunas de las autoridades más importantes del Estado. El Senado también asumirá la fiscalización del Ejecutivo y la ratificación de tratados internacionales, una función que hoy ejerce el Congreso unicameral, pero que pasará a ser exclusiva de los senadores.

“El Senado estará conformado por solo 60 integrantes, con requisitos limitados: haber sido congresista o tener al menos 45 años. Ni la edad ni haber ocupado un cargo antes inmunizan frente a la corrupción, la defensa de intereses particulares o el mal desempeño. Por eso, los futuros senadores probablemente sean tan vulnerables como los actuales congresistas. Lo más preocupante es que, según la reforma, los proyectos de ley que pasen de diputados a senadores podrán ser modificados y aprobados unilateralmente por estos últimos”, advierte Alejandro Boyco, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

De esta manera, serán esos 60 senadores quienes decidirán qué leyes se aprueban o no. La Cámara de Diputados, en cambio, solo podrá proponer iniciativas que luego serán evaluadas por el Senado. Incluso este esquema podría modificarse: un proyecto de ley presentado por el congresista Elías Varas (Alianza para el Progreso), actualmente en la Comisión de Constitución, propone que no solo los diputados tengan iniciativa legislativa, sino también los senadores. De aprobarse, el Senado funcionaría prácticamente como un Congreso unicameral con menos integrantes.

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El Senado podría elegir a jueces y fiscales supremos

No son estas las únicas atribuciones que se busca otorgar al Senado. Además del reglamento en discusión, hay varias iniciativas legislativas que engrosarían el poder del futuro Senado descansan en la Comisión de Constitución a la espera de ser debatidas en el Pleno. Fuentes parlamentarias señalaron a La República que no son las únicas listas, pues aún hay más proyectos por presentarse. La Mesa Directiva busca acelerar su discusión, consciente de que el tiempo apremia. De aprobarse "al caballazo", los senadores podrían sumar a sus ya cuantiosas funciones nuevas.

Una de estas iniciativas es la presentada por el congresista José María Balcázar (Perú Libre), la cual plantea que los senadores elijan a los fiscales supremos y a los jueces de la Corte Suprema.

El proyecto de Balcázar se sustenta en la comparación con otros países. Señala que en El Salvador, Costa Rica, Chile y España los parlamentos participan en procesos de designación similares. Sin embargo, no precisa que en Chile y España esa intervención es solo parcial y nunca incluye a los fiscales.

La propuesta genera inquietud, pues permitiría que los senadores influyan directamente en el Ministerio Público. Cabe recordar que la Junta de Fiscales Supremos elige al fiscal de la Nación, autoridad clave en la investigación de delitos, incluidos los que involucran a políticos. Si esa designación quedara bajo influencia parlamentaria, se pondría en riesgo la independencia de las investigaciones fiscales.

“Los fiscales supremos tienen la facultad de investigar a políticos. Y son justamente esos políticos los que buscan protegerse de eventuales o actuales investigaciones contra ellos o contra sus líderes. Si se aprueba una medida de este tipo, sería la evidencia más clara de que ya no existe separación de poderes en el país”, advirtió Boyco.

A estos cargos que serían nombrados por el Senado hay que sumarle uno más: el de parlamentario andino. Y es que también en la Comisión de Constitución se encuentra un proyecto realizado por el congresista Luis Ángel Aragón (Acción Popular) que pretende que la elección de los representantes nacionales en el Parlamento Andino sea realizada dentro de la nueva Cámara Alta. Aragón propone que los parlamentarios andinos sean cinco miembros del Senado y que estos cumplan las funciones dentro del organismo internacional en adición a sus funciones como senadores.

La iniciativa busca aligerar los gastos que representa el Parlamento Andino, una institución que no ha presentado resultados visibles ante la población desde su creación hasta la actualidad. No obstante, vale apuntar que, de aprobarse, privaría al electorado de elegir a sus representantes directamente a través de una votación popular. "Puede parecer poco grave, pero es algo que va en la tendencia general de este Congreso que quiere que el Senado tenga muchísimo poder", apunta Boyco al respecto.

Los congresistas menores de 45 años no quieren perderse la fiesta del Senado

Originalmente, para ser senador se debía tener más de 45 años. Sin embargo, un pequeño cambio hizo que este requisito no se aplicara en todos los casos. El detalle está en la propia Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad, donde se establece que quienes hayan sido congresistas previamente también pueden integrar el Senado. De esta manera, los menores de 35 años buscan evitar quedarse con el “premio consuelo” de llegar únicamente a la Cámara de Diputados.

Algunos de los congresistas que votaron a favor de la bicameralidad no habrían podido postular al Senado de no ser por esta excepción. Tal es el caso de Alejandro Cavero, quien hasta el momento no ha descartado postular al Senado en 2026 por Avanza País. Lo mismo ocurre con el propio José Jerí, presidente del Congreso, quien tampoco supera los 45 años y, gracias a esta disposición que respaldó con su voto, podría postular al Senado. Según nuestra revisión, más de 30 congresistas podrían beneficiarse de esta medida para acceder a la cámara alta sin haber cumplido los 45 años.

En la práctica, el Congreso terminó diseñando un Senado a la medida de sus propios intereses, debilitando los filtros que justificaban la existencia de una cámara alta. Más que un mecanismo de equilibrio, lo que se perfila es un espacio destinado a prolongar carreras políticas y, sobre todo, a hacerlo preservando la comodidad de quienes hoy ocupan un escaño.