Expresidente de la CVR, Salomón Lerner: “Esas normas (leyes de impunidad) colocan al Estado peruano al margen de la ley”

El expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner Febres, señala que ha habido un alarmante retroceso en el proceso de justicia para las víctimas del conflicto armado interno. Remarca que la el informe de la CVR reconoció el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra el terrorismo, pero indicó que también que hubo momentos y lugares donde cometieron violaciones más o menos sistemáticas a los derechos humanos.

Si bien un sector cuestionó desde un inicio al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a 22 años de su entrega, que permitió el inicio de varios juicios por violaciones a derechos humanos ¿cuánto se ha retrocedido a raíz de las últimas leyes aprobadas en el Congreso y promulgadas por la presidenta Dina Boluarte?
En estas semanas hemos sido testigos de una arremetida sin frenos contra lo más básico o elemental, que es el derecho a la justicia de las víctimas o los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, mediante la imposición de leyes de impunidad: la que dispone la prescripción de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y la última norma promulgada por el Poder Ejecutivo, pero producida por el Congreso, que da una amnistía general e incondicional a agentes del Estado responsables o acusados de graves delitos, al modo como lo hacían las brutales dictaduras latinoamericanas hace décadas. Esas normas constituyen por sí mismas una violación de los derechos de las víctimas y colocan al Estado peruano al margen de la ley, pues están reñidas con el derecho internacional y, de hecho, son también inconstitucionales.

Uno de los argumentos de esta ley de impunidad es que hay policías y militares procesados por años, sin mencionar que todo ese tiempo los familiares de las víctimas esperan justicia. Boluarte dijo que es momento de voltear la página ¿ese es el camino?
Estos son tiempos muy turbios, talvez los más oscuros que hemos conocido desde que nuestro país recuperó la esperanza democrática tras la transición política del año 2001 y, de manera más particular, tras la recuperación de la verdad y la memoria por el esfuerzo de la CVR y, sobre todo, de todas las personas y organizaciones que le confiaron sus voces y recuerdos. Hoy vemos a los poderes del Estado, o por decirlo con más propiedad, a quienes los han capturado para sus fines privados, obstaculizar, pervertir e incluso destruir mucho de lo que en las últimas décadas se había puesto en marcha para dar satisfacción a los derechos de las víctimas y, más ampliamente, para construir una mejor sociedad a partir de las duras lecciones que nos impuso el conflicto armado interno.

La presidenta también dijo que no permitirá que “la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas y que los verdaderos defensores de la patria sean señalados como enemigos de la Nación”. ¿Qué dijo la CVR sobre los responsables de las víctimas del conflicto armado interno?
La CVR señaló que los responsables en mayor parte pertenecían a Sendero Luminoso (54%), pero otros no fueron atacados, asesinados o desaparecidos por sendero, sino por el Estado a través de la policía y las Fuerzas Armadas. Se suscribió un poco en ese entonces la tesis de que un terrorista bueno es el terrorista muerto. En ese sentido, se persiguió tanto a aquellos que probablemente eran terroristas como a otras personas que eran sospechosos, y a algunos que ni siquiera lo eran, sino que simplemente estaban en los alrededores de donde podían vivir los terroristas, y los desaparecían. Es terrible ver lo que sucedió en el Cuartel Los Cabitos, donde llevaron personas, que luego resultaron muertas o desaparecidas. La CVR agradeció a las Fuerzas Armadas y a la Policía el trabajo que se hicieron para defender a la sociedad, pero señaló que, en ciertos lugares y momentos, de forma más o menos sistemática, transgredieron el poder que tenían y llegaron a cometer crímenes contra la humanidad. Y eso tiene que ser de alguna manera reconocido, juzgado por la moral y la justicia.

Una de las conclusiones de la CVR fue que los años del conflicto armado interno estuvo marcado por una profunda crisis del sistema democrático y desigualdades sociales ¿estamos atravesando por una situación similar?
Vivimos una situación política que es absolutamente inestable. Hay una serie de elementos que han permitido que esté cayendo sobre nuestro país una noche autoritaria. Está, por un lado, la dimisión de la política, en el sentido de preocupación por los asuntos públicos, y su sustitución por agrupaciones centradas únicamente en su provecho propio. Está por otro lado, el auge de la corrupción y su inserción en el Estado y en sus poderes, que se produce ya sea en la gran escala de los grandes proyectos de inversión pública, ya sea en la escala de los pequeños latrocinios, tráfico de influencias, contratación tramposa de parientes y allegados en oficinas del Estado, la extorsión de los parlamentarios a los empleados que hacen contratar; y junto con ello, está la búsqueda de impunidad, que ha conducido a que gobierno y Parlamento desencadenen un sostenido intento de neutralización y captura también de las instancias judiciales.

Se ha retomado la amenaza de los 90 de que Perú salga del sistema interamericano, buscando escapar de los fallos de la Corte IDH, y ahora Boluarte anuncia un proyecto de ley de soberanía nacional contra los organismos internacionales que interfieran en “decisiones soberanas”. ¿Cree que hay un interés personal, pensando que así no le alcanzará la justicia por las muertes en las protestas sociales en su contra?
Están trabajando para algo que va más allá del conflicto armado interno y la CVR, están trabajando para que Perú se salga de la Corte IDH, quieren abrir las puertas a una “libertad” al gobierno peruano con el objetivo de que se le permita dejar de lado principios fundamentales de la vida democrática, de la vida social, y pensando en beneficiarse con ello.