Defensoría dificulta el acceso a la información que la Comisión de la Verdad le entregó en custodia

La documentación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre violaciones a derechos humanos cometidas en Perú entre 1980 y 2000 que ha sido pública desde que se entregó su informe en agosto del 2003, ya no lo será más. Ha sido confinada a los anaqueles de una oficina en la Defensoría del Pueblo, bajo el argumento de ser "información confidencial".

El defensor adjunto para los Derechos Humanos y Población Afroperuana, Carlos Fernández, envió un memorándum ordenando que no se entregue dicha información, limitando su acceso incluso al Ministerio Público, precisando que debe primer ser aprobado por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Defensoría del Pueblo.

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Fernández adujo que la información que la CVR entregó en custodia a la Defensoría del Pueblo, contiene datos personales "cuya publicidad constituya una invasión a la intimidad familiar y personal, constituye 'información confidencial'" y por lo tanto "está incluida en una de las excepciones al derecho de la información pública". Y amenazó al Centro de Información de la Memoria Colectiva y Derechos Humanos, que guarda el acervo de la CVR, con sanciones administrativas, civiles y penales.

El informe de la CVR contiene más de 17 mil testimonios de víctimas o familiares de personas asesinadas o desaparecidas por grupos terroristas o miembros de las fuerzas del orden en los años de violencia política, así como documentación oficial de instituciones castrenses, entre otras.

Sofía Macher: emplazo al defensor

La excomisionada Sofía Macher sostuvo que la decisión que se ha tomado en la Defensoría del Pueblo va contra le ley que creó la CVR, en la que se establecía que le entregan todo su archivo en custodia para que sea puesta al servicio de la sociedad, como se ha estado haciendo hasta ahora. Explicó que el objetivo era que se siga investigando sobre lo que pasó en el país, que se continúe interpretando y sacando lecciones para que los horrores no se repitan.

"Una decisión así me parece incomprensible, especialmente si viene de la Defensoría del Pueblo, porque el objetivo de la creación del Centro de Documentación para la Memoria Colectiva era justamente hacer que la sociedad se pueda apropiar de esta documentación y que la pueda seguir desarrollando, trabajando y conociendo más", indicó.

Recordó, además, que los testimonios se dieron voluntariamente, y al final a todos autorizaban de manera expresa la publicación de sus testimonios. Y en los casos que no aceptaron o que preferían mantener su anonimato, se les identificó solo con códigos.

"Emplazo al defensor Josué Gutiérrez a explicar a la sociedad por qué quiere cerrar el acervo documentario de la CVR. ¿Qué pretende con eso?", inquirió.

Walter Albán: en manos de la mafia

El exdefensor del Pueblo, Walter Albán, cuestionó la decisión de no entregar información de la CVR, e indicó que es la confirmación de que han secuestrado la institución.

"Está en manos de una suerte de funcionario de la mafia que controla el Congreso. Y están articulados sin duda también con el gobierno de la señora Dina Boluarte. Este hecho en particular, visto aisladamente, ya es en sí mismo preocupante porque es una suerte de renuncia a las funciones y competencias de la Defensoría y de seguir desnaturalizando su actuación, que es lo que ha venido haciendo el señor Gutiérrez, así que sumió el cargo. Pero es peor que ocurra en este contexto en que el secretismo se está extendiendo en el aparato estatal", comentó.

Agregó que con esta acción Gutiérrez no actúa como defensor del Pueblo, sino de los intereses de la alianza que controla el Congreso. "Ha recibido la indicación de cerrar toda fuente a los pedidos de periodistas, con cualquier pretexto. Y lo propio está ocurriendo con el resto del aparato del Estado", advirtió.

Juan José Quispe: Ocultar a los perpetradores

Por su parte, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), indicó que, con esa decisión, la Defensoría del Pueblo está protegiendo a los perpetradores que tras muchos años, están siendo procesados.

"Bajo el pretexto de preservar los datos de identidad de los de las personas que han servido en diferentes sedes militares o policiales durante el conflicto armado interno, esta Defensoría del Pueblo pretende que no se siga investigando a las personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, porque bien claro dice, no se va a entregar la documentación ni al Ministerio Público", adujo.

Remarcó que se quiere terminar con la investigación de los casos de graves violaciones a los derechos humanos, protegiendo a los malos militares que cometieron estos delitos. "Definitivamente es un retroceso en el juzgamiento de este tipo de casos. Esperemos que se reconsidere, porque atenta contra la Constitución, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos", sentenció.