Dina Boluarte no será investigada tras fallo del TC, pero sí los demás implicados, según Tomás Gálvez

El fiscal supremo Tomás Gálvez informó que si bien el fallo del Tribunal Constitucional impide investigar a Dina Boluarte, el proceso sí continúa para los demás implicados en los casos.

“Había una duda porque uno interpretaba (la Constitución) de una manera y otro de otra, entonces el Tribunal (Constitucional) tenía que resolver esa incertidumbre y lo ha resuelto sin que ello signifique impunidad porque, ciertamente, en toda investigación en que se puede comprender a un presidente siempre van a estar otras personas, especialmente ministros o altos funcionarios que colaboran o participan con el presidente”, explicó en entrevista a RPP.

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En ese sentido, precisó que los otros funcionarios implicados en el presunto delito seguirán siendo investigados. “La prueba o la investigación se puede continuar sin ningún problema con las otras personas y, en esas condiciones, recabar la prueba correspondiente a fin de evitar que no se investigue o que la verdad huya. Ya lo ha resuelto el Tribunal de esa manera, pues ello se tiene que respetar. Las investigaciones obviamente tienen que suspenderse, pero ello no significa que no se siga investigando contra las otras personas. En ese sentido, se puede seguir recabando la información y las pruebas que sean necesarias”, agregó.

Entre los casos que involucran a la jefa de Estado desde que ocupó el sillón presidencial se encuentran: el caso Rolexgate, Cofre, cirugías y muertes en protestas por un conjunto de presuntos delitos. En estos casos se encuentran implicados el gobernador regional Wilfredo Oscorima, Vladimir Cerrón entre otros.

Sobre el fallo del TC a Dina Boluarte

La sentencia, aprobada por mayoría, interpreta que el artículo 117 de la Constitución limita cualquier acción penal contra el presidente exclusivamente al Congreso de la República. Esta interpretación otorga un manto de inmunidad política y penal a Boluarte, blindándola de las investigaciones fiscales en curso y sentando un precedente que podría beneficiar a futuros jefes de Estado en situaciones similares.

El fallo representa un duro golpe a los esfuerzos del Ministerio Público por esclarecer los presuntos crímenes cometidos durante las protestas sociales de 2022 y 2023, así como a las investigaciones por enriquecimiento ilícito vinculadas al caso 'Rolex', y por abandono de funciones señaladas en el caso 'Cirugías'.

La demanda competencial fue presentada por el Ejecutivo en 2024 tras la apertura de varias investigaciones contra Boluarte. El proceso ante el TC fue respaldado por el defensor del Pueblo, Josué Gutierrez, quien señaló que la Fiscalía vulneraba el orden constitucional al investigarla sin autorización del Parlamento.