Delia Espinoza pide al Congreso declarar nulo el archivo de la denuncia constitucional contra Patricia Benavides

Delia Espinoza solicitó a la Comisión Permanente del Congreso declarar nulo el archivo de la denuncia constitucional N° 602 2021-2026 presentada por la Fiscalía contra Patricia Benavides. Por medio de un oficio dirigido a José Jerí, la fiscal de la Nación enumeró una serie de razones para argumentar su pedido.

La denuncia en cuestión fue presentada por Espinoza el 12 de junio de este 2025 en contra de su antecesora Patricia Benavides por los supuestos delitos de cohecho pasivo especifico, abuso de autoridad y encubrimiento personal, en el marco de supuestas acciones ilícitas para el nombramiento y destituciones de fiscales del Equipo Especial avocado al caso Los Cuellos Blancos.

Antes de esta, la fiscal de la nación había presentado ante el Congreso otras cinco denuncias constitucionales y ninguna de ellas fue agendada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), liderada por la congresista apepista María Acuña. Pese a ello, el 25 de julio se debatió el informe de calificación que proponía admitir a trámite la última denuncia (N°602) presentada por Espinoza. La misma fue rechazada con seis votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

Argumentos de Delia Espinoza

Teniendo en cuenta ese escenario, la fiscal de la Nación argumenta una serie de razones por las cuales considera que se debe invalidar la decisión de la SAC. Por su temática, la podemos dividir en tres grupos: cuestionada priorización en la agenda, presuntas irregularidades en la votación y el que miembros de la SAC cuenten con investigaciones fiscales.

Priorización en la agenda frente a denuncias constitucionales anteriores

Como ya habíamos mencionado, la SAC trató la última denuncia constitucional presentada por la Fiscalía, pese a que tenía (tiene) otras cinco pendientes. Como prueba de ello, en el oficio, Espinoza presenta un cuadro donde se detalla cuáles son las denuncias que fueron ignoradas por el grupo de trabajo. Las fechas en las que fueron presentadas son: 10 de mayo del 2024, 16 de mayo del 2024, 25 de febrero del 2025, 5 de marzo del 2025 y 14 de mayo del 2025.

Seguidamente el cuadro:

Según Espinoza, no se formuló alguna solicitud para su agendamiento, ni mucho menos fueron agendadas de oficio por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ser atendidas. Por ello, la fiscal advierte una disonancia en dicha priorización.

De hecho, ya había alertado de ello durante una conferencia de prensa del 1 de agosto. "Se trata de la sexta denuncia contra Benavides que hemos presentado. Ni siquiera es la que hemos presentado en mayo pasado. ¿Por qué se trabaja a la carta? ¿Por qué se escoge? Es como si tuviéramos un menú y se escoge. ¿Por qué contra otros funcionarios aforados se tramita tan rápidamente?, reclamó ante la audiencia.

Presuntas irregularidades en la votación

El segundo argumento de Espinoza son las presuntas irregularidades en la votación de la SAC. Espinoza detalla que el día de la votación, María Acuña consultó si algún miembro deseaba hacer uso de la palabras. No se registró intervenciones ni producirse debate, se procedió a la votación que resultó con el archivo de la denuncia.

De acuerdo con Espinoza, dicha "actuación contraviene los principios fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, en particular el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho obtener una decisión motivada. No se expresó -ni verbal ni por escrito- (hasta donde se aprecia del debate) razón alguna que justificara la negativa de admisión, lo que desnaturaliza la función de control político y convierte el acto parlamentario en un manifestación de arbitrariedad institucional"

Asimismo, explica que no se condice con el reglamento del Congreso el cual establece que en todos los procedimientos parlamentarios rige el principio de deliberación previa.

Miembros de la SAC cuentan con investigaciones fiscales

Finalmente, el tercer argumento de Espinoza es un posible conflicto de intereses en los miembros de la SAC. Según detalla, la presidenta del grupo de trabajo, María Acuña, afronta una carpeta fiscal ante la Segunda Fiscalía Suprema Penal, por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa, en el marco de un conflicto de origen contractual ocurrido en la ciudad de Chiclayo, cuando se desempeñaba como gerenta de la empresa inmobiliaria Los Alizos E.I.R.L. En este proceso, que data de junuio del 2023, se le investiga por supuestamente haber falsificado una firma.

De acuerdo con Espinoza, la parlamentaria tenía conocimiento de esta denuncia cuando asumió el liderazgo de la Subcomisión.

Ante esto, la fiscal cita el reglamento del Congreso, el cual establece que todo congresista comprendido en un proceso penal -sin distinción de la etapa procesal o del tipo de delito imputado- carece de habilitación para integrar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

No solo menciona a Acuña, sino también a otros miembros como los congresistas Héctor Ventura, Elvis Vergara, Américo Gonza, Esdras Medina, Luis Aragón, Segundo Quiroz, José Jerí y Pasión Dávila.