Fiscal Dino Cano sobre cambios en Ley de extinción de dominio: "Es desastrosa. La resolución legaliza las fortunas mal habidas"
El fiscal coordinador rechazó la decisión del Tribunal Constitucional y la calificó como "un retroceso para la justicia".
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El fiscal Dino Cano, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, rechazó las modificaciones a la ley de extinción de dominio tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC). En entrevista con La República detalló el impacto de ello.
¿Cuál es la posición del Ministerio Público respecto a la reciente resolución emitida por el Tribunal Constitucional sobre la extinción de dominio?
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Nosotros somos claros y respetuosos de las instituciones del Estado, pero no compartimos la resolución del Tribunal Constitucional. Consideramos que ha interpretado de manera muy restrictiva la autonomía de la ley de extinción de dominio, cuando en realidad esta no contradice la Constitución. Además, la interpretación no se ajusta al artículo 70 constitucional, sino que ha sido muy limitada.
¿Cómo califica esta medida?
La califico como desastrosa. Esta resolución ordena archivar casi todos los casos, legalizando las fortunas mal habidas posteriores a la promulgación de la ley de extinción de dominio, que data del 3 de febrero de 2019. Esto significa que grandes fortunas derivadas de tráfico de drogas, corrupción, lavado de activos y trata de personas quedan legalizadas, lo cual es totalmente incorrecto.
¿Desde qué fecha hasta qué fecha se archivan esos casos?
Todos los casos anteriores al 3 de febrero de 2019 quedan legalizados. A partir de esa fecha se aplica la ley, pero de forma muy restringida.
¿Qué casos emblemáticos se estarían viendo afectados o ya han solicitado el archivo?
La mayoría aún no lo sabe porque la resolución no ha sido publicada en el Diario Oficial, solo está en la plataforma del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la sexta fiscalía de Lima, que lleva los casos de Odebrecht, tiene 33 casos que serían archivados, lo que representa un perjuicio de 880 millones 407 mil 483 dólares. Son 29 casos en trámite y 4 judicializados que podrían caer. Esto es un agravio para el Estado.
¿Este dinero se perdería definitivamente?
Claro, se perdería. Casos como Odebrecht, Rutas de Lima, PPK, Alan García, entre otros, se verían afectados.
¿Todo esto pasará a archivo definitivo tras la publicación en el Diario Oficial?
Sí, la resolución ordena expresamente a los jueces archivar los casos.
La Defensoría del Pueblo fue muy entusiasta con esta iniciativa, pero luego se supo que la hermana del Defensor también está investigada por un caso de extinción de dominio. ¿Cómo ve usted esta situación?
Existe un claro conflicto de intereses. Esta resolución beneficia directamente a la hermana del Defensor del Pueblo.
¿Por qué cree que el Tribunal Constitucional está tomando estas posturas?
Honestamente, no lo comprendo. Eso es algo que deberán analizar el pueblo y los políticos.
¿Qué consecuencias concretas prevé usted?
Se van a caer y archivar muchos casos. Esto es un retroceso para la justicia.
Ante este retroceso, ¿con qué herramientas trabajará la Fiscalía?
La Fiscalía de la Nación interpuso una demanda sobre la inconstitucionalidad de la última modificación a la ley de extinción de dominio, que debió resolverse conjuntamente, pero no fue así. Nosotros somos operadores jurídicos del Ministerio Público y debemos acatar la ley, aunque no estemos de acuerdo. Sin embargo, esto afecta gravemente el sistema, que es uno de los mejores en Latinoamérica y reconocido mundialmente. Países como España e Irlanda nos toman como referencia, y ahora se nos ha limitado para seguir trabajando en beneficio del Estado y el pueblo.
¿Esta resolución afecta solo la extinción de dominio o también la investigación penal?
El sistema penal es independiente del de extinción de dominio. La investigación penal continúa a través de las fiscalías de corrupción y crímenes organizados. Sin embargo, perder la posibilidad de incautar bienes afecta directamente a la lucha contra las organizaciones criminales y sus recursos ilícitos.
¿Cuál es la interpretación exacta del Ministerio Público respecto a esta resolución del Tribunal Constitucional?
Como mencioné, la resolución legaliza fortunas ilícitas y limita nuestra capacidad para atacar grandes fortunas derivadas de lavado de activos, corrupción y otros delitos. Por ejemplo, si una persona ha cometido corrupción pero no es parte de una organización criminal, no podemos incautarle bienes, lo cual es una limitación grave.
Por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte está investigada por lavado de activos. ¿Qué implica esta resolución para ese caso?
Si no se considera parte de una organización criminal, no podemos tocar sus bienes adquiridos, incluso si no están sustentados. Solo se puede actuar contra bienes vinculados a organizaciones criminales desde el 3 de febrero de 2019 hacia adelante.
¿Esto significa que la figura de incautación ha quedado muy limitada?
Exactamente. El Tribunal Constitucional diferenció entre el comiso penal y la extinción de dominio, restringiendo esta última a ciertos delitos, dejando fuera lavado de activos, corrupción y otros delitos graves, lo que limita mucho la ley.
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional fue designado por el Congreso. ¿Cree que existe una alianza estratégica para favorecer ciertos intereses?
No me involucro en temas políticos, pero es evidente que esta resolución favorece patrimonios ilícitos generados antes del 3 de febrero de 2019. También hay congresistas investigados que podrían beneficiarse de esta situación.
¿Puede mencionar algunos congresistas?
No puedo entrar en detalles, pero sí hay varios investigados, incluyendo una excongresista, Luciana León, además de exmandatarios como PPK y Toledo. Lamentablemente, también se benefician personas al margen de la ley, como el señor Cerrón.
¿Van a esperar la publicación oficial para tomar nuevas acciones o ya están trabajando en ello?
Hemos solicitado aclaraciones a través de la Procuraduría Pública de Extinción de Dominio, liderada por la doctora Liliana Mesaquito. Estamos a la espera de una respuesta. Aunque no formamos parte directa del proceso ante el Tribunal Constitucional, como operadores jurídicos debemos acatar la sentencia, aunque no estemos de acuerdo.
En caso de que lleguen solicitudes de archivo, ¿las aceptarán automáticamente o esperarán la aclaración y publicación?
La resolución ya fue notificada y publicada en el portal, por lo que debemos cumplirla. Sin embargo, responderemos caso por caso, ya que no puede llegar una avalancha de solicitudes y debemos atenderlas paulatinamente.
Para finalizar, ¿hay integrantes actuales del Tribunal Constitucional que estén investigados por casos de extinción de dominio?
Que yo sepa, no. En cuanto a familiares, tendría que investigar, no puedo afirmar ni negar.
