Dina Boluarte contra los derechos humanos: presidenta ataca a la Corte IDH ante observaciones a ley de amnistía

Una jefa de Estado enfrentada a los derechos humanos. Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticara la ley de amnistía impulsada desde la Comisión de Constitución del Congreso, liderada por Fernando Rospigliosi; señalando que favorece la impunidad de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía sentenciados por delitos de lesa humanidad, Dina Boluarte salió a defender el proyecto y aseguró que no tomará en cuenta las observaciones realizadas por el organismo jurídico internacional.

"Desde aquel 7 de diciembre de 2022, la defensa del Estado peruano y de la sociedad frente a quienes le declararon la guerra siempre contará con nuestro respaldo. (…) El Perú es libre e independiente, con soberanía autónoma. (…) No permitiremos la intervención de la CIDH, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon, arriesgando su vida, contra la insania del terrorismo. (…) No lo vamos a permitir", indicó la presidenta.

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No es la primera vez que el Gobierno de Boluarte confronta al máximo órgano de interpretación de los derechos humanos en la región. En ocasiones anteriores, a través del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo ya había expresado su desacuerdo con las observaciones realizadas por la CIDH.

En aquella oportunidad, el ministerio afirmó que su postura estaba respaldada por el principio de soberanía: "El Estado peruano expresa su enérgico rechazo a las reiteradas disposiciones de la Corte que contravienen el derecho internacional, pues no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…) La Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales ni imponer acciones sobre una materia que no ha sido conocida en sede interna, afectando no solo la soberanía del Perú, sino debilitando el propio sistema", se lee en el pronunciamiento.

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Ministros salieron en defensa de la ley de amnistía

En sintonía con la cabeza del ejecutivo, varios ministros salieron a defender la promulgación de la ley de amnistía para las FF.AA. y la policía. Tal fue el caso del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien apoyó la medida y trató el rechazo a la CIDH como una defensa soberana.

"Soy un general en situación de retiro, pero sigo siendo policía, ¿cómo no estar de acuerdo con haber visto en 35 años de mi vida persecuciones por demás? Estoy de acuerdo completamente. Tenemos que defender nuestra soberanía. Tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Debemos hacer lo que debemos hacer para salvar a nuestro país. La Corte no nos puede marcar la pauta, no puede decir qué hacer o qué no hacer", sostuvo durante una entrevista en Canal N.

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Similar fue el caso del ministro de Justicia, Juan Alcántara, quien aseguró que los procesos de observación de la corte internacional deben venir luego de que se promulgue la norma. Además, criticó el accionar del organismo señalando que, en ocasiones, había sido favorable a terroristas condenados durante el conflicto armado interno.

"La corte nos dice que no sigamos con el trámite. Es una ley que ni siquiera ha sido promulgado. ¿Cómo la corte nos va a decir que no hagamos lo que tenemos que hacer? (…) Recién estamos por promulgar una norma. Han promulgado una medida cautelar donde nos dicen que no hagamos lo que nuestra constitución nos pide que hagamos. (...) Muchas decisiones de la Corte han sido favorables a terroristas, ahí están las evidencias", indicó el titular del Minjusdh.

Congreso y Ejecutivo alineados en contra de la Corte IDH

No solo el Ejecutivo se ha pronunciado en contra de la CIDH. La nueva presidencia del Congreso también ha arremetido contra el organismo internacional. José Jerí, recientemente elegido como titular del Legislativo, afirmó que la pena de muerte —propuesta como una posible medida para combatir la delincuencia— debe ser evaluada para su eventual implementación, incluso si ello implicara el retiro del país de la CIDH.

“Cuando las instituciones fallan o no nos ayudan, es momento de tomar decisiones mucho más firmes”, declaró Jerí ante la prensa, sugiriendo la posibilidad de que el Perú se retire del Pacto de San José, tratado internacional que el país ha suscrito y en virtud del cual está sujeto a las observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Puestas las cosas, el pacto busca atentar así contra los organismos internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Algo que venía avisándose desde la entrada a la presidencia del Consejo de Ministros de Eduardo Arana. En su presentación por el pedido del voto de confianza, Arana ya llamaba a que el Poder Legislativo de los primeros pasos para que el Perú salga de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

"Como demócrata, propongo ante este honorable Parlamento, la creación de una Comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho Sistema", declaró en aquel entonces el actual primer ministro.