Fiscal pide hasta 28 años de cárcel para empresarios del Club de la Construcción
Acusación fiscal. Germán Juárez Atoche sostiene que desde el año 2002, los directivos y accionistas de las principales empresas de la construcción peruanas y filiales extranjeras concertaron dividirse las licitaciones públicas sin competir.
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Tras casi ocho años de una exhaustiva investigación, el fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato formuló acusación por el caso del “Club de la Construcción” contra 28 empresarios y funcionarios públicos y 14 empresas nacionales y filiales extranjeras por delitos de colusión, cohecho, lavado de activos y asociación ilícita.
Juárez Atoche está pidiendo penas que van desde los ocho años hasta los 28 años de prisión efectiva para los acusados en concurso homogéneo de hasta cuatro delitos: colusión, cohecho, lavado de activos y asociación ilícita, cuyas penas se suman individualmente para cada caso.
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La acusación también incluye a 14 empresas: Constructora Málaga Hermanos, Constructores y Mineros Contratistas Generales, JOHE, Constructora Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez Engenharia, Superconcreto del Perú, Conalvias, Construcción y Administración - CASA, Mota Engil Perú, JJC Contratistas Generales, Obrascon Huarte Lain, CAME Contratistas y Servicios Generales, Lual Contratistas Generales, PyP Proyectos y Contratistas Generales.
Ollanta Humala
El expresidente Ollanta Humala niega los cargos de la fiscalía
En la acusación también se incluye al ex presidente Ollanta Humala Tasso, como presunto autor del delito de cohecho y coautor de asociación ilícita, para el que se pide una pena de 13 años de prisión. De acuerdo con la acusación, el ex presidente Humala aceptó un ofrecimiento económico de Antonio Aranda de Cosapi, Manuel Tejeda Moscoso de Obrainsa, Fernando Castillo Dibós de ICCGSA para no denunciar la existencia de “El Club”, a cambio de lo cual habría recibido pagos ilícitos a través de Rodolfo Priale de la Peña y José Paredes Rodríguez.
En tanto, se retiran los cargos contra la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia Alarcón al no encontrarse pruebas de que ella haya intervenido en los acuerdos ilícitos y recibido dinero del Club. La fiscalía pide al Poder Judicial sobreseer su caso, al igual que contra otros investigados.
El Club
Fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial 'Lava Jato'
De acuerdo con las investigaciones, el “Club de la Construcción” empezó a operar el año 2002 cuando las principales empresas de la construcción concertaron entre sí para repartirse las licitaciones de obras públicas, acordando realizar pagos a funcionarios públicos que permitieron el direccionamiento de los contratos.
En los primeros años el grupo operó en forma informal, hasta aproximadamente el año 2006, durante el segundo gobierno del fallecido ex presidente Alan García Pérez. Ese año, funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones les recomendaron entrar en contacto con Rodolfo Priale de la Peña, quien tenía los contactos con funcionarios del gobierno para un mejor direccionamiento de los contratos.
Sin embargo, la fiscalía centró las investigaciones a las operaciones del “Club de la Construcción” a los años 2011-2016 en el gobierno de Humala Tasso, a partir de la declaración de un colaborador que afirmó que el entonces presidente y la primera dama Nadine Heredia llegaron a conocer la existencia del Club el año 2011.
Según, el colaborador al enterarse de lo que venía sucediendo, Humala los derivó con Nadine Heredia con quien se habían realizado los pactos ilícitos. Pero, solo se acusa al expresidente, pues la ex primera dama no tenía ningún cargo funcional en el Estado y ningún otro testigo confirma lo dicho por el colaborador.
Colaboración eficaz
La acusación advierte que las principales empresas peruanas de la construcción, como Graña y Montero y otras, se acogieron a la colaboración eficaz, han aportado información para esclarecer las actividades de la organización “El Club”, recibieron sentencia, vienen pagando una reparación civil y han quedado fuera del proceso.
Así, la acusación alcanza a las empresas, empresarios, directivos y funcionarios que no han admitido haber participado en el esquema de corrupción, aunque se han encontrado evidencias de su participación en diversas licitaciones amañadas o en aquellas donde se evidencian pagos a Priale de la Peña.
Con la presentación de la acusación, el voluminoso expediente judicial pasará a la etapa de control de acusación previó al inicio del juicio público y el veredicto final.
Los acusados
La acusación de la fiscalía comprende a Ricardo Manrique Daemisch con un pedido de 18 años de prisión, Pompeyo Mejia Salas, 24 años; Carlos Paredes Rodríguez, 13 años; José Paredes Rodríguez, 8 años; Juan Paucar Guerra, 19 años; Luis Prevoo Neyra, 10 años; Rodrigo Prialé de la Peña, 22 años y Óscar Rosas Villanueva, 24 años .
Además, a Selvi Ruberto Vargas, 19 años de cárcel efectiva; Jaime Sánchez Bernal, 8 años; Mario Santana Valderrama, 28 años; Ricardo Unzueta Zegarra, 18 años; Omer Albornoz Falcón, 19 años;
Alfredo Aubinel Herrera, 18 años; Rómulo Bonillas Osorio, 8 años; Fernando Martín Camet Piccone , 14 años; y José Heighes Sousa, 18 años
Igualmente, a Santiago Camones Deza, 18 años; Heberto Cardenas Soplin, 22 años; Luis Carrasco Palomo, 14 años; Ricardo de la Flor Chávez, 24 años; Renzo Fernández Prada Ríos, 19 años;
Jorge Freitas Farfán, 19 años; Eugenio García Alcázar, 13 años; Marco Antonio Garnica Arenas, 19 años; Augusto Guimaraes Leonardo, 18 años; Javier Lei Siucho, 28 años y Féliz Málaga Torres, 14 años.
