El Congreso busca ‘amnistiar’ a violadores de derechos humanos
Otro escándalo. El Legislativo, no contento con todas las tropelías perpetradas en los últimos meses, ahora se dispone a garantizar la impunidad de quienes cometieron graves delitos en la época del conflicto armado interno. La ley aprobada en primera instancia es tan amplia que, advierten, incluso favorecerá a terroristas.
El Congreso nos regresa a 1995. Con 60 votos a favor de la derecha y extrema derecha parlamentaria (principalmente Fuerza Popular, Renovación Popular, Honor y Democracia, Avanza País y Alianza para el Progreso) el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto de ley auspiciado por Fernando Rospigliosi y José Cueto para que se declare inaplicable el delito de lesa humanidad antes del 2003.
En resumen, a través de esta iniciativa, los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor en el Perú del Estatuto de Roma y la Convención contra Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad prescribirán de acuerdo con los plazos establecidos en la ley nacional.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002.
Mientras que La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre del 2003.
Se trata de una ley de amnistía que busca la impunidad de quienes perpetraron violaciones contra los derechos humanos, aunque sus promotores quieran disfrazarlo como un acto en defensa de los militares y policías que, aseguran, son perseguidos por revanchas ideológicas y sesgos prosubversivos.
A pesar de que durante el debate distintos congresistas advirtieron que con este proyecto los familiares de las víctimas de matanzas cometidas por las fuerzas del orden durante el conflicto armado interno no iban a poder hallar justicia –se recordaron las tragedias de Cayara o Accomarca, entre otras–, la mayoría apoyó la medida. La segunda votación será en siete días.
“Es una ley de amnistía encubierta para proteger a los violadores de derechos humanos, las cosas hay que decirlas por su nombre”, afirmó Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos Por el Perú. Jaime Quito (no agrupados) dijo que los tratados internacionales “proclaman la imprescriptibilidad de esta clase de delitos (de lesa humanidad)”.
Lo ocurrido ayer recuerda a lo que pasó en 1995, cuando también el Congreso, por iniciativa del fujimorismo, entonces en el poder, se aprobó una ley de amnistía general que terminó favoreciendo a los miembros del destacamento Colina, responsables de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.
Promotor. El fujimorista acérrimo, Fernando Rospigliosi, presentó el proyecto. Recuerda a lo que pasó en 1995 cuando el Congreso aprobó una amnistía general que favoreció al destacamento Colina. Foto: difusión
Favorecería a terroristas
La retórica con la que el fujimorismo y sus satélites han defendido el proyecto es que se trata de proteger a quienes combatieron a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
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Pero en su intento de conseguir la impunidad de elementos militares y policiales que atentaron en contra de los derechos humanos de inocentes han terminado elaborando una norma tan amplia que también podría terminar ayudando a los terroristas.
La advertencia la lanzó a través de sus redes sociales la abogada experta en derechos humanos y parte del Estudio Iriarte y Asociados Dania Coz.
“El caso Soras, la mayor matanza de Sendero Luminoso, que está en control de acusación para pasar a juicio oral, quedará en impunidad. Una cachetada en la cara de los familiares de más de 120 víctimas que llevan 40 años buscando justicia”, escribió.
En conversación con este diario, Coz explicó que “la ley es amplia” y que, de acuerdo a lo que ella establece, “no se puede juzgar a ningún hecho cometido con anterioridad al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
“En esa época (anterior al Estatuto) Sendero Luminoso cometió crímenes de lesa humanidad y de guerra. Uno de ellos, el de Soras”, dijo la especialista.
En efecto, si uno revisa la ley, esta en su artículo quinto señala lo siguiente: “Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”.
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Otro argumento que se ventiló ayer para intentar vestir de legalidad el proyecto es que no se puede sancionar a nadie retroactivamente por delitos que no estaban reconocidos como tales al momento de su comisión. Es una forma burda de esconder la gravedad de violaciones a los derechos humanos tan graves como desapariciones forzadas o torturas.
“La razón de ser de la imprescriptibilidad es sancionar hechos que todo el mundo reconoce como delictivos, a pesar de las legislaciones nacionales. Nadie puede decir que no sabía que torturar o desaparecer a alguien estaba mal, a pesar de que no esté tipificado como delito”, explicó Coz.
La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Julissa Mantilla también se pronunció. Indicó que por “el principio de buena fe” un Estado que ratifica un tratado no puede oponer su derecho interno para justificar su incumplimiento. Mantilla añadió: “Por control de convencionalidad, el Poder Judicial no debe aplicar una norma que vaya en contra de los fines del tratado, mucho menos si es uno sobre derechos humanos”.
El proyecto también sería beneficioso para los intereses de Alberto Fujimori. El ocho de marzo escribió en su cuenta de X: “Caso Pativilca: se me acusa de ser el autor mediato de esos asesinatos solo por haber sido presidente y por un delito de lesa humanidad inexistente en el momento de los hechos”.
Entre las instituciones que se han pronunciado después de esta primera votación se encuentra el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
“Denunciamos que esta norma promueve la impunidad para los responsables de crímenes atroces cometidos durante el conflicto armado interno”, dijo el IDEHPUCP.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que la decisión del Poder Legislativo “colisiona con la obligación estatal de investigar y sancionar” las violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con la Coordinadora, estas obligaciones no solo encuentran “asidero claramente constitucional, sino también en el derecho internacional”.
Amnistía Internacional instó a las autoridades peruanas a garantizar el principio de imprescriptibilidad, “desistiendo de toda política contraria a los deberes internacionales del Estado para la persecución de crímenes de lesa humanidad, pues con ello se estaría faltando a los convenios internacionales suscritos”.
La próxima semana deberá votarse por segunda vez este proyecto para su entrada en vigor. Vista la correlación de fuerzas, es casi seguro que se aprobará. Un nuevo golpe a una democracia cada vez más perforada.
