Congreso a favor de minería ilegal: propuestas legislativas que frenan su lucha
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal genera pérdidas por S/23.000 millones, un equivalente a 2,5% del PBI.
“Nos corresponde urgente el replanteo de la estrategia de la formalización inmediata del Reinfo”, fueron las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, al ser cuestionado sobre el ataque que sufrió la mina Poderosa a manos de delincuentes y mineros ilegales.
El atentado evidenció la creciente amenaza de la minería ilegal que, en complicidad con bandas criminales, ataca las operaciones mineras y, pese al estado de emergencia impuesto por el gobierno de Dina Boluarte en La Libertad, el problema parece haberse incrementado.
Frente a esto, el Congreso de la República, lejos de contribuir a acelerar la formalización de la pequeña minería y luchar contra las mafias que controlan la minería ilegal, parece querer incrementar su poder mediante iniciativas legislativas a su favor.
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El último ejemplo es el Proyecto de Ley 07462 presentado por el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Segundo Quiroz Barboza, del Bloque Magisterial. Esta iniciativa plantea extender el plazo para los procesos de formalización minera del Reinfo, que culminaban en diciembre de este año hasta el 2027.
Mediante sus redes sociales, el congresista anunció que se reunió con los integrantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal - Cofemin Perú para hablar sobre el mencionado proyecto. Lo mismo hizo su colega de bancada y también coautora de PL, Elizabeth Medina, quien indicó que dicha iniciativa “da un respiro para poder trabajar una verdadera ley de pequeña minería”.
Miembros de la Comisión de Energía y Minas reunidos con gremios de mineros artesanales.
Sin embargo, lo que parece ser un trabajo en favor de los mineros artesanales, no es más que una medida paliativa que, en lugar de solucionar, incrementa la problemática de la minería ilegal. En palabras del exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, esta medida solo es un “cheque en blanco” hacia esta economía criminal.
“El oro de minería ilegal ha llegado a ser el 20% de lo que produce el Perú. Lo que está mostrando el Congreso es tolerancia con estas actividades que están poniendo en jaque al país. El Congreso tiene que reflexionar, tiene que darse cuenta de que tiene que ser parte de la solución”, señaló Gamio.
No es la primera vez que desde el Congreso se modifica el plazo para el proceso de formalización minera, lo que a su vez genera que los mineros ilegales continúen con sus actividades sin ninguna supervisión.
En noviembre del 2021, la Comisión de Energía y Minas presentó un dictamen, que recogía los proyectos de ley presentados por Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso, y por los congresistas Jorge Marticorena y Víctor Cutipa, en ese entonces de Perú Libre, para ampliar el plazo del proceso de formalización minera hasta diciembre del 2024. Y como era de esperarse, este dictamen fue aprobado el 21 de diciembre de ese año con el apoyo de la mayoría de bancadas.
La derogación exprés del Decreto Legislativo 1607
El pasado miércoles 13 de marzo, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley 07278 que deroga el Decreto Legislativo 1607. El mencionado decreto era una norma básica en la lucha contra la minería ilegal, ya que facultaba a la Policía a tomar acciones contra la tenencia ilegal de explosivos, usados por mineros, con la inscripción suspendida en el Reinfo.
Días antes de la derogación de este decreto, un grupo de mineros artesanales se movilizó ante la sede del Legislativo con el argumento de que esta normativa dificultaba el proceso de formalización. Sin embargo, hay que aclarar que este proceso empezó hace más de 20 años.
Con la aprobación de este proyecto de ley, lo que el Congreso hizo fue facilitar el avance de la minería ilegal. Lo que llama la atención es la rapidez con la que los parlamentarios llegaron a un acuerdo y votaron a favor de la derogación de esta norma.
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Para empezar, el mencionado proyecto fue presentando el mismo 13 de marzo por el congresista Guido Bellido. A su vez, esta iniciativa también recogía otros seis proyectos, entre los que estaban los presentados por Eduardo Salhuana (APP) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial).
El proyecto fue exonerado del dictamen en Comisión y pasó directamente al pleno, donde también fue exonerado de la segunda votación y con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Podemos Perú, Bloque Magisterial de Concentración Nacional, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Perú Bicentenario y Somos Perú. Se consiguió su aprobación con 78 votos a favor. Todo en menos de 24 horas.
Para el excongresista Richard Arce, esto evidencia la irresponsabilidad del Parlamento y su claro favorecimiento a “economías ilegales”.
“Esta es una muestra de la irresponsabilidad del Congreso de la República que se dedica a promover este tipo de leyes para favorecer a las economías ilegales en desmedro del interés del país y de la seguridad ciudadana”, manifestó.
Arce señala que la aprobación de estas leyes "son favores que están devolviendo, porque estas economías ilegales también se infiltran en la política". Sin ir muy lejos, el congresista Salhuana, uno de los promotores de ambas propuestas legislativas, ha sido cuestionado por su vinculación con mineros informales.
Un reportaje de 'Punto Final' reveló que Salhuana y su asesora Saby Meza representaron a Eloy Saxi, un minero en proceso de formalización. Por este tema, el congresista fue denunciado ante la Comisión de Ética.
