Mirtha Vásquez sobre Adrianzén: “Fue vergonzoso verlo defender la masacre” del Gobierno de Boluarte

Un primer ministro a la medida. La expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez se pronunció —en entrevista con La República— sobre la designación de Gustavo Adrianzén como nuevo jefe de la PCM del Gobierno de Dina Boluarte. Consideró que, pese a no haber integrado alguno de los dos primeros gabinetes de la mandataria, fue un funcionario leal y alineado con la narrativa de la actual gestión cuando se desempeñó como representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

—“Ellos ocasionaron las muertes”, dijo Gustavo Adrianzén en defensa de lo que provocó el Gobierno de Boluarte, algo incómodo, cuando fue increpado en una audiencia de la CIDH. ¿Cree que es un primer ministro que se ajusta al perfil del mandato de la presidenta?

—Sin duda. Creo que se trae a Adrianzén como primer ministro porque va a seguir junto al Gobierno en la misma línea, centrada básicamente en sostener que ellos han defendido supuestamente al país y que han tenido que sacrificar vidas por la seguridad. Se justifica la violación de derechos humanos. Este Gobierno necesita protegerse para asegurar impunidad, para que no sean investigados y para eso necesitaban una persona que siga esa narrativa del Gobierno, de que todo está bien al país y que es el mejor Gobierno que hemos tenido.

Es lo que buscaban en el perfil de Adrianzén. Ha demostrado toda su lealtad al Gobierno de Boluarte y lo ha demostrado cuando se desempeñó ante la OEA. Fue vergonzoso ver cómo él asumió una actitud no solo negacionista, sino justificatoria de las violaciones de derechos humanos y las masacres; incluso responsabilizando de las mismas a la población. Eso fue una afrenta a las víctimas, ha sido una afrenta al país, que reclama justicia. No es extraño que lo hayan traído sabiendo el perfil que tiene. También avaló la componenda entre el Gobierno y el partido fujimorista, que se tradujo en la liberación de Fujimori. Adrianzén ha defendido ese indulto ilegal.

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—No ha sido ajeno al Gobierno de Boluarte: fue representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA). ¿El aceptar ese tipo de cargos implica un respaldo a los pasivos de la gestión que te nombra?

—Por supuesto, alguien que asume un cargo de esa naturaleza, que va a cumplir el rol de ser la cara del Gobierno, tiene que estar de acuerdo con las políticas de Estado. El que aceptada el cargo se sometía a la política de Boluarte.   

—Hasta ayer se manejaban algunos nombres como Eduardo Arana Ysa o Julio Demartini, entre otros que formaron parte del Gabinete Otárola: ¿hubiese sido mejor elegir a uno de ellos?

—Era una opción, porque en esta situación una persona externa, a menos que sea aliado del Gobierno que no le importe sacrificar su prestigio personal, no hubiese aceptado asumir la representación de un Gobierno violador de derechos humanos. Externamente, era difícil conseguirlo, por eso lo que hicieron era barajar entre los ministros que están ahora y la otra opción fue pensar en Adrianzén, quien sin ser parte del gabinete ha sido su representante externo, desempeñando el cargo a la medida de lo que la gestión requería.

—¿Qué le pareció todo este escándalo en el que se vio envuelto Alberto Otárola? Este Gobierno tiene mujeres dentro del gabinete, la jefa de Estado lo es también.

—Una cosa que me parece importante es que este escándalo bochornoso llamó mucho más la atención del país que las 50 muertes de las que el señor fue responsable. Más allá de eso, en este escándalo hay una dimensión que el Gobierno ni siquiera la valora y es la dimensión de género. Este señor estaba extorsionando y acusando mujeres a cambio de puestos en el Estado. No solo falta una sanción, sino que hay todo un encubrimiento. La fotografía de hoy, de todo el gabinete junto al Sr. Otárola y la presidenta, es insultante. Se supone que lo saca por este hecho grave y ahora resulta que se presenta sin ningún problema, como si estuviese saliendo por cualquier cosa. Creo que esa dimensión es muy fuerte también en términos de violencia, de cómo se reproducen esos patrones de violencia contra la mujer cuando hay un hombre en el poder.

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—¿Qué le pareció la respuesta del Congreso frente a Otárola? Hubo denuncias constitucionales, críticas, invitaciones al Parlamento, una moción para interpelarlo. ¿Considera que, en esta ocasión, sí hubo un afán de ejercer una fiscalización?

—Desde hace varios meses ya había sectores que venían demandando la salida de Otárola; pero, sobre todo, por los desacuerdos que hubo en esta suerte de componendas políticas. Antes de irse a Canadá, sale en una conferencia a prácticamente pechar al Congreso. Yo creo que todo eso contribuyó a que se le buscara interpelar, pero no es que el Congreso esté preocupado por la situación de un Gobierno y el comportamiento de una alta autoridad. No buscan eso, sino solo en cómo aprovechar esto para arreglar cuentas o condicionar al Gobierno de Dina Boluarte.

—Hoy se aprobó el retorno a la bicameralidad. Usted conoce el Congreso por dentro. ¿Era necesario? ¿Es realmente la pieza faltante para hacer resurgir a este poder del Estado?

—Estoy de acuerdo con que la bicameralidad es un tema muy importante, realmente se debería repensar el retorno a este modelo que fue eliminado por Fujimori porque quiso acumular poder. Creo que este no era el mejor escenario para aprobarlo con otros objetivos. Es evidente que el retorno a la bicameralidad está movido por un interés de perpetuarse en el cargo de congresistas. Es una ventana peligrosa, dentro de este proyecto se ha disfrazado la reelección.

—Desde la población se percibe la reelección parlamentaria como algo negativo: ¿realmente es así?

—Los que hemos pasado por el Congreso valoramos el repensar y replantear reformas como la bicameralidad o la reelección parlamentaria, me parecen importantes. Sin embargo, creo que las leyes deben gozar de legitimidad, se tiene que hacer un trabajo con la población para explicar por qué son necesarios estos cambios, porque si no la población los percibe como cambios a favor de una clase política privilegiada.

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—Estamos próximos a una posible destitución de los miembros de la JNJ: ¿qué sensación le deja ello?

—Es un gravísimo atentado contra las instituciones, más allá de quienes integran la JNJ. Este es un organismo autónomo, sus dediciones tienen que respetarse, así no nos gusten. Pero resulta que el Congreso lo que está haciendo es tratar de destituir a esta Junta por emitir una opinión que les gusta. Es peligrosísimo porque si ahora lo hacen contra la JNJ, mañana lo pueden hacer contra el Poder Judicial o el Ministerio Público. Creo que van a proceder a dar este paso porque sienten que a estas alturas han acumulado todo el poder y no tienen quién los controle. No hay un Ejecutivo que pueda ponerles un alto, no hay un PJ que pueda emitir acciones para poder detenerlos, todo está copado. El propio defensor del Pueblo es un defensor de estas ilegalidades. El país está en una situación de indefensión en términos democráticos.

—Usted ha sido presidenta del Congreso: ¿cómo ve la gestión de Alejandro Soto? Desde el día uno fue cuestionado.

—Un presidente del Congreso tiene una responsabilidad sumamente grave, no solo es conducir automáticamente sesiones; no solo es una labor de presidir a una institución, sino que es la representación del Parlamento. Una persona que acepta ese cargo debe tener una conducta intachable y no solo al ostentar el cargo, sino en sus antecedentes. El señor Soto calla frente a todas las cosas incorrectas que el Congreso saca adelante o simplemente se suma a ellas.

—Finalmente, Alberto Fujimori reabre sus cuentas de redes sociales y envía un mensaje. En el video no se le ve ese estado de salud tan deteriorado que sí muestra en las audiencias por el caso Pativilca. ¿Qué sensación le deja?

—Con toda la experiencia política que tiene, deja dos mensajes claros. Ese anuncio de reabrir sus redes, sin ayuda de ningún balón de oxígeno, como solía mostrarse, con una autonomía impresionante al manejarse él solo, nos deja que salió producto del ejercicio de su poder y no de un derecho. Nos dice que ese indulto humanitario no tenía ninguna razón.

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El segundo mensaje es que él se ve seguro de su impunidad y de su poder, porque cualquier indultado, que además ha declarado una enfermedad terminal, no se atreve a salir de esa manera tan explícita para demostrar que él está bien. Se siente seguro del poder de la impunidad y de que las personas que están ejerciendo las altas funciones lo protegen. Es una afrenta a la justicia, al país, a las víctimas de un periodo tan duro como fue su Gobierno, una dictadura con muchas víctimas.