Samuel Abad: “Lo de la JNJ se trata de un atentado a los principios básicos de una democracia”
El abogado resaltó que la Comisión Permanente aprobó un informe sometido a la decisión del Pleno, poniendo en riesgo la autonomía e independencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una institución autónoma.
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La decisión de la Comisión Permanente de aprobar el informe que propone inhabilitar por 10 años a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia es analizada por el abogado Samuel Abad. Sostiene que no existen argumentos jurídicos que justifiquen una decisión así y alerta sobre las consecuencias en nuestra democracia.
-¿Cuál va a ser la respuesta de la JNJ ahora?
-En principio, hay diversas medidas que se evalúan. Una de ellas es acudir al Pleno del Congreso y declarar, como ya se ha hecho, que (la inhabilitación) es una decisión que no tiene sustento jurídico alguno. Lo que ha hecho la Comisión Permanente es aprobar un informe para que el Pleno determine si está a favor o no de una interpretación de la JNJ y eso es afectar la autonomía e independencia de una institución autónoma. Que el Congreso pueda inhabilitar a toda una institución porque no comparte los criterios de ella es desconocer los criterios básicos de una democracia.
-¿Se puede detener lo que vaya a ocurrir en el Pleno, mediante algún recurso judicial?
-Se vienen evaluando diversas medidas. Pero en principio lo que existe es la vía parlamentaria.
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-Donde no existen argumentos jurídicos.
-No se han discutido argumentos razonables, sino que se han visto votos sobre razones. El Congreso no está evaluando lo que significaría destituir a todos los integrantes de la JNJ porque eso significaría que no podría operar. Como se ha dicho, tres de los suplentes no reúnen los requisitos de acceso.
-Por superar los 75 años.
-Y eso significaría que la Junta solo tendría cuatro miembros titulares, asumiendo que todos los suplentes acepten incorporarse. Y por tanto no habría quorum, que es de cinco miembros. Es decir, no se podría nombrar o ratificar al jefe de la ONPE, del Reniec; no se podría designar jueces; los procesos disciplinarios se caerían. Es decir, todo sería un caos en el sistema electoral y de justicia. Este impacto el Congreso debería evaluarlo al momento de adoptar una medida tan drástica.
-¿Confía en la buena fe del Congreso todavía?
-Yo quisiera confiar en la buena fe del Congreso. Confío en que algunos congresistas compartan estos criterios y no se llegue a la mayoría calificada que se requiere. El Parlamento debería pensar en los intereses del país. Pero, claro, tampoco soy ingenuo y por eso se siguen evaluando medidas para adoptar.
-¿Sería calificable de “golpe” la inhabilitación?
-La JNJ ha dicho que se trata de un atentado constitucional y de un atentado a los principios básicos de una democracia. Los poderes deben respetar las autonomías e independencias de los organismos autónomos. Si se acepta que el Congreso, órgano político, debe o puede destituir a los miembros de un organismo autónomo porque no acepta una interpretación, caemos en una situación que no respeta un elemento básico como la separación de poderes. Eso significaría que el Legislativo está por encima de las demás instituciones. Y eso es cruzar la barrera de un modelo democrático, un quiebre constitucional.
-¿Los casos de Ávila y Thornberry no han debilitado la posición de la Junta?
-Lamentablemente, esta información —particularmente en el caso de quien renunció (Ávila)— ha significado una afectación a la imagen institucional. Por eso la JNJ hizo el deslinde claro. Pero la defensa no alude a personas, sino a instituciones. Si esto se llegara a concretar, ¿qué persona seria querría conformar la JNJ? ¿Qué ocurriría si el Congreso no comparte interpretaciones del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional? Esto es muy grave, es como volver a 1997, cuando el Parlamento destituyó a tres miembros del TC porque no compartían la interpretación sobre la re-reelección presidencial. Y luego fueron repuestos en el gobierno del presidente Paniagua y con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tema de los 75 años no es nuevo, se planteó cuando se eligió a la Junta. El señor Walter Gutiérrez y el señor Blume Fortini suscribieron la idea de que la edad límite era para el acceso a la institución, no para la permanencia.
-Han cambiado de parecer.
-¿Por qué? No lo sé. No me interesa saber por qué. Pero es un hecho objetivo.
-Algo importante es que para elaborar el informe no se invitó al exrector de la UNI Jorge Alva. Él era parte de la comisión evaluadora y sostiene que el límite de los 75 años es para el acceso, no la permanencia.
-Se invitó a tres, entre ellos a Gutiérrez y Blume, quienes sostuvieron interpretaciones contrarias a las que tuvieron en un inicio, lo que es inaceptable. Y el tercer invitado fue un expresidente de la Suprema (José Luis Lecaros) que había sido sancionado por la Junta. Y, como usted dice, no se invitó al señor Alva. Por eso se ha cuestionado la falta de imparcialidad y objetividad del señor Esdras Medina. Es decir, acá no hay razones jurídicas objetivas, acá hay una decisión política clara. Quienes tratan de justificar lo contrario disfrazan argumentos.
-La acusación sobre la que se sustenta el informe de Medina fue presentada por Jorge Montoya en mayo del año pasado. Desde entonces ha habido otras acusaciones y dos intentos frustrados de destituir a los miembros de la Junta por causa grave. ¿El objetivo es controlar al sistema electoral?
-Desde mayo de 2023, que es cuando se presenta esta denuncia, la JNJ está ante un constante acoso institucional y un ataque. Estamos hablando de un cese masivo. ¿Por qué? Porque así no va a poder funcionar, como ya le expliqué, porque no habría quorum. Si se toma en cuenta que la JNJ tiene la función de nombrar y ratificar a jueces y fiscales, lo que se busca, como es obvio, es que esta misión no se pueda cumplir, que no prosperen los procedimientos disciplinarios en curso, que los jefes de la ONPE y el Reniec no puedan ser designados o ratificados. Esto no podrá ser resuelto. Insisto por eso que esto es un grave atentado con la institucionalidad democrática y la opinión pública debe entender que no puede prosperar.
Profesión; periodista. Doctor por la Universidad de Salamanca (Instituto de Iberoamérica).
