Política

Puno: PJ dictó comparecencia restringida contra alcalde de Juli, investigado por corrupción

Jueza María Candelaria Morales Segura determinó que los implicados afronten proceso de investigación en libertad, pero dispuso el pago de una caución de S/3.000.

Alcalde de Juli, Justo Apaza. Foto: Liubomir Fernandez
Alcalde de Juli, Justo Apaza. Foto: Liubomir Fernandez

Puno. La jueza María Candelaria Morales Segura desestimó el pedido de la Fiscalía Anticorrupción de nueve meses de prisión preventiva por el delito de colusión agravada contra el alcalde del distrito de Juli, Justo Apaza, y otras seis personas implicadas, entre funcionarios ediles y empresarios. La magistrada dictó comparecencia restringida y ordenó el pago de una caución de S/3.000 soles contra el burgomaestre.

La medida procesal también está dirigida contra el gerente de Infraestructura de ese municipio, Alejandro Serafin Llaza Juanito; el sub gerente de Liquidación y Supervisión, Mauro Cerpa Juarez; el supervisor de obra Justo Richar Payehuanca; el residente de la obra Brandon Edwin Ramos Flores; y la representante de la empresa Consorcio Kelluyo, Harol Larico Quispe.

De acuerdo al requerimiento de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, la autoridad municipal se habría coludido con todos los involucrados para pagar a los representantes del Consorcio Kelluyo el 100% del costo total por la construcción de 10 canchas deportivas cuando ni siquiera habían culminado los trabajos.

Alcalde de Juli, Justo Apaza.

Alcalde de Juli, Justo Apaza. Foto: Liubomir Fernandez

De acuerdo a documentos incautados por la Fiscalía, el comité de recepción dio conformidad del servicio e, incluso, la obra ya había sido recepcionada. Se cuestiona que a la empresa ejecutora no se le hayan aplicado penalidades por incumplimiento de plazos contractuales. La obra debió culminar en el mes de octubre, pero no se cumplió con la construcción total.

Los regidores de oposición formaron un plantón en las afueras del Ministerio Público. Exigieron cárcel para todos los involucrados.

Para la jueza, María Candelaria Morales Segura, no existe pericia que determine el perjuicio al Estado y la obra estaba en proceso de liquidación. Los involucrados ahora afrontarán el proceso de investigación en libertad.