Pedro Castillo: ¿cuál es el panorama judicial que podría enfrentar el presidente?

El presidente Pedro Castillo cumplirá su primer año de gobierno este 28 de julio. Sin embargo, enfrenta el reto de lidiar con un ambiente cada vez más complicado, no solo por la oposición ejercida por el Congreso de la República, sino también por las acusaciones por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial.

De acuerdo con fuentes judiciales, el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria rechazaría el recurso de tutela de derechos que planteó la defensa del presidente Castillo para hacer prevalecer el artículo 117 de la Constitución y anular la investigación en su contra.

Esto dará un espaldarazo a la investigación que inició el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al cambiar años de jurisprudencia contraria a investigar a un presidente. Pero, además, abre la posibilidad de que la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tome otras decisiones.

Nuevas medidas

En este caso, el juez Checkley ya acogió la orden de detención preliminar del exministro Juan Silva y dictó impedimento de salida del país para los congresistas Raúl Doroteo Carbajo y Jhaec Espinoza Vargas, investigados por tráfico de influencias.

La nueva fiscal de la Nación podría solicitar otras medidas de restricción de los derechos del presidente Castillo, como un impedimento de salida del país, levantar el secreto de sus comunicaciones o restringir sus reuniones con otros investigados y testigos del caso.

Un tema que deberá resolver la nueva fiscal de la Nación es cuánto tiempo va a durar la investigación preliminar al presidente Castillo y deberá evaluar si puede entrar a un proceso preparatorio en su contra, teniendo en cuenta que eso tampoco es una acusación.

En tanto, la defensa del presidente insistirá con sus recursos legales, pero es difícil que estos puedan ser acogidos por el Poder Judicial. Por lo pronto, lo que resuelva el juez Checkley puede ser apelado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Allí también, de acuerdo con nuestras fuentes, prevalece la idea de que la Fiscalía sí puede investigar a un presidente.

Rechazo

Las sucesivas derrotas en el terreno judicial van a golpear la imagen del presidente, aumentando la idea de que es culpable. Tal como ha sucedido con el habeas corpus que presentó el abogado Eduardo Pachas contra la investigación que realiza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presunto delito de traición a la patria.

El 8 de abril último, el habeas corpus fue rechazado por el 10° Juzgado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. El abogado apeló, y el 3 de junio fue también rechazado por la 1° Sala Constitucional de Lima. El juzgado y el tribunal consideran que la Subcomisión de Acusaciones actúa “en el marco de las funciones de control político establecidos en la Constitución”.

Una vez agotada la vía judicial, si la defensa del presidente insiste en sus recursos, le quedará la vía del Tribunal Constitucional que tendrá la palabra definitiva. Si el Poder Judicial le diera la razón al presidente Castillo, la Fiscalía también buscará que el tema sea definido en el TC.

En paralelo, mientras se discute la aplicación del artículo 117° de la Constitución al caso Puente Tarata III, la investigación va a continuar y se revelarán nuevas declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces y testigos.

Lo otro que se va a complicar es la situación de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez, cercanos colaboradores del presidente Pedro Castillo en la campaña y los primeros días de gobierno.

Claves

Colaboradores. El presidente Castillo realizó una primera declaración ante la Fiscalía de la Nación frente a las declaraciones de Zamir Villaverde y Karelim López.

La tesis. La Fiscalía de Tacabamba dispuso el traslado de la investigación sobre el presunto plagio del presidente Castillo y su esposa en su tesis de maestría a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.

El 27 de junio Castillo declara ante Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización del Congreso reprogramó la toma de la declaración del presidente Castillo a pedido del propio jefe del Estado. Ahora ha sido citado en calidad de investigado para el lunes 27 de junio para responder sobre el caso Sarratea.

Ayer, el grupo de trabajo que preside el fujimorista Héctor Ventura recibió un oficio del Despacho Presidencial en el que se concluye que una comisión ordinaria del Parlamento no tiene la facultad para investigar al jefe del Estado por presuntos delitos cometidos durante su gobierno, pero se agrega la total disposición de recibir a la comisión.

Por la noche se informó que Castillo y el jefe de la PCM, Aníbal Torres, se reunieron para evaluar la ley que penalizaría el filtrar información judicial.

Actualizada por Luis Pequeño