Gobierno despliega mayor seguridad en Challhuahuacho
Diálogo entrampado. Comuneros asumen medida como una nueva provocación. PCM reitera propuesta de levantar el estado de emergencia en simultáneo con la suspensión de las protestas.
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Como parte del estado de emergencia por las protestas en contra de la minera Las Bambas, el gobierno desplegó ayer en Challhuahuacho (Apurímac) un mayor número de personal policial y militar, además de vehículos blindados. Esta medida ha sido tomada por los comuneros como una nueva provocación del Poder Ejecutivo.
Son un total de seiscientos personas, entre policías y militares, los que llegaron a Challhuahuacho, según el Observatorio de Conflictos Mineros.
En conversación telefónica, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas Huillca, consideró este despliegue de personal de seguridad como una provocación del premier Aníbal Torres, en lugar de presentar alternativas de solución frente a sus demandas.
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El dirigente no descartó que el incremento de la seguridad esté relacionado con el intento del reinicio de operaciones de la minera Las Bambas, lo cual también consideró que sería una provocación hacia las seis comunidades que acatan las medidas de fuerza.
Al referirse a la reciente visita del premier Aníbal Torres, Edison Vargas cuestionó la falta de voluntad política para encausar el diálogo. “Nos han tratado de politiqueros”, lamentó.
En su opinión, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, es quien debe viajar hacia Challhuahuacho para atender directamente el conflicto que ya supera un mes de duración.
Estado de emergencia Apurímac
Al referirse a los motivos de la protesta, el dirigente recalcó que la minera Las Bambas ha incumplido una serie de compromisos asumidos. También se refirió a la exigencia de las comunidades para la reposición de 180 hectáreas de sus tierras, además del saneamiento físico y legal de los predios comunales.
Diálogo de sordos
Ayer la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitió un oficio a los presidentes de las seis comunidades que acatan la paralización, reiterando el planteamiento del premier Aníbal Torres de suspender las medidas de fuerza y, en paralelo, el gobierno levantaría el estado de emergencia en Apurímac.
La PCM propone instalar en forma inmediata una mesa de diálogo entre el Estado, las comunidades y la empresa Las Bambas, a fin de llegar a acuerdos dentro del plazo de 15 días.
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El documento fue remitido a Edison Vargas Huillca (Fuerabamba), David Huillca Puma (Chuicuni), Walther Melón Quispe (Choaquere), Edgar Lima Huamanchoque (Chila), Romualdo Ochoa Aysa (Huancuire) y Zenón Panuira Morales (Pumamarca).
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, negó que el gobierno haya pateado el tablero en su reciente visita a Apurímac.
“La propuesta ha sido clara y el premier lo ha oficializado a solicitud de los comuneros en un documento que ya es de dominio público: el gobierno levanta el estado de emergencia en simultáneo con el compromiso de paz social de las comunidades con el restablecimiento de toda la actividad económica de todo el distrito, estableciendo de inmediato una mesa de diálogo”, declaró.
Aníbal Torres
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Es decir, de momento hay un claro entrampamiento entre las comunidades y el gobierno. Ninguno quiere ceder.
El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, insistió ayer en que primero el gobierno debe levantar el estado de emergencia, para retomar el diálogo.
Planteamientos
A mitad de semana, la Defensoría emitió un comunicado donde apuntan que el conflicto ya lleva un mes “y no se observa la debida diligencia en la organización de un proceso de diálogo ordenado y transparente en el que se traten de manera efectiva los problemas identificados”.
El ente defensorial también advierte que las medidas que vienen adoptando las comunidades no favorecen el proceso del diálogo y la legalidad.
Con relación al desempeño del gobierno, la Defensoría plantea que la PCM y el Ministerio de Energía y Minas presenten “los resultados de su trabajo de seguimiento de los acuerdos entre la empresa minera Las Bambas, el Estado” y las comunidades campesinas. Algo final que plantea esta entidad es el reinicio de un diálogo serio.
Defensoría del Pueblo registra 209 conflictos
La Defensoría del Pueblo (DP) reportó un total de 209 conflictos sociales en su informe correspondiente al mes de abril. Hay cuatro casos que son nuevos.
En Amazonas, organizaciones sociales exigen al gobierno desarrollar una agenda de inversiones para la provincia de Condorcanqui.
En Pasco, en la comunidad de Chinchán, la ciudadanía exige atención por los daños del desborde de un canal. En San Martín, hubo protesta por temas de saneamiento. Y en Junín hay un conflicto limítrofe entre las comunidades campesinas de Cochas y San Francisco de Macón.
