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Política

Jueces condenan a Rodolfo Orellana a 7 años de prisión

Histórico. Se estableció que falsificó un contrato de compraventa y otros documentos con el objetivo de apropiarse ilícitamente de un terreno de la familia Caycho en Lurín.

Red de estafadores. Rodolfo Orellana recibe su primera sentencia por utilizar documentos falsos para apropiarse de terreno. Foto: La República
Red de estafadores. Rodolfo Orellana recibe su primera sentencia por utilizar documentos falsos para apropiarse de terreno. Foto: La República

Tras once años de denuncias, la Sala Penal Liquidadora de Lima condenó al empresario inmobiliario Rodolfo Orellana Rengifo a siete años y cuatro meses de prisión por delitos de estafa, asociación ilícita y falsificación de documentos, falsedad ideológica y fraude procesal.

Es la primera sentencia que recibe Orellana como el principal cabecilla de una red que, con el apoyo de abogados, notarios públicos, tramitadores y funcionarios de Sunarp y otras instituciones públicas, falsificó documentos y cometió diversos fraudes para apropiarse de más de 130 inmuebles públicos y privados en diversas partes del país.

Orellana fue detenido el 2014 y el principal proceso judicial contra él y su extensa red de abogados y tramitadores se encuentra pendiente del inicio del juicio público, luego de aprobarse el control de la acusación. Lo que van saliendo son las sentencias por casos individuales.

En este caso se le encontró culpable de haber pretendido estafar al señor Rumaldo Teodoro Caycho Lizano, su hijo Víctor Caycho Rivas y su nuera Martha Tesen Quispe, propietarios de un inmueble ubicado en el kilometro 29 de la autopista Panamericana Sur.

En este lugar funciona un restaurant de propiedad de Martha Tesen Quispe. Un día del año 2007, los emisarios de Orellana Rengifo se acercaron al señor Romualdo Caycho y le ofrecieron comprarle el terreno, que tiene un área total de más de 14.607 metros cuadrados, por 189.000 dólares.

Sin embargo, antes de empezar a cancelar el precio pactado, Orellana y sus operadores falsificaron un documento de compraventa que fecharon el año 1995, en el que supuestamente compraron el predio por 37.945,00 soles.

Con este documento falso iniciaron un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, para lo cual también falsificaron otros documentos de la Municipalidad de Lurín, Sunarp, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior.

En simultáneo, “vendieron” el terreno a Jorge Cortés Martínez por 120.000 dólares. A su vez, Cortés inmediatamente constituyó una hipoteca a favor del Banco de Crédito del Perú (BCP) por 721.000 dólares.

La hermana de Rodolfo Orellana, Ludith Orellana, ha sido condenada en otro juicio a 10 años de prisión por dirigir una red de funcionarios y exfuncionarios de la Sunarp que le permitían “sanear” y registrar los inmuebles arrebatados a sus auténticos propietarios.

Cortés Martinez falleció el año pasado por el COVID-19 y ha sido excluido de todos los procesos en su contra. Los cargos contra él no se probaron.

Las actividades de Orellana se descubrieron por las denuncias públicas de sus víctimas, como la familia Caycho Tesen; y el año 2009, la Fiscalía de Lavado de Activos inició una investigación en su contra, que permitió su detención el año 2014.

Además de la pena de prisión efectiva, la Sala Penal dispone que Orellana pague a la familia Tesen dos millones de soles y 10.000 soles a cada una de las instituciones que se vieron perjudicadas por sus actividades ilícitas.

“La lucha aún no termina, pero es un gran avance”

“Pese a la férrea defensa de Orellana Rengifo, pudimos obtener este importantísimo resultado, que no hubiera sido posible sin el esfuerzo y sacrificio de mis padres, Víctor Caycho y Martha Tesen, quienes con mi abuelo Teodoro Caycho formamos un equipo”, declaró Christian Caycho tras conocerse la decisión judicial.

“Sabemos que la lucha aún no termina, pero consideramos que el veredicto de los jueces es una prueba de que el trabajo constante y dedicado rinde frutos. Por muy difícil que sea el camino, nunca debemos perder la fe”, agregó.

Las victimas de Orellana siguen esperando el resultado del juicio principal, proceso en el que la Fiscalía pide una pena de 35 años de cárcel.