Ratifican condena contra el Clan Orellana por organización criminal

El Poder Judicial ha resuelto en segunda instancia la situación legal de la hermana de Rodolfo Orellana, Ludith Orellana Rengifo, confirmando su condena a 10 años de cárcel a propósito de un caso que la involucra como líder de una organización criminal que se infiltró en Sunarp (Registros Públicos) desde el 2009 hasta el 2013, aproximadamente, para apropiarse irregularmente de 47 terrenos.

Se trata de la primera condena por organización criminal contra el Clan Orellana que emitió en febrero la jueza Fernanda Ayasta y se ha visto confirmada en las últimas horas, pero con algunas variaciones. Así, Ludith seguirá encarcelada hasta el 2 de febrero de 2029 como parte de la decisión de la Sala de Apelaciones Anticorrupción, emitida el último lunes.

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El tribunal integrado por los jueces superiores Víctor Enríquez, Guillermo Piscoya y Rosa Saavedra (esta última en reemplazo de Ramiro Salinas Siccha), evaluó desde noviembre de 2020, por diez meses, este juicio en segunda instancia para revisar las oposiciones de varios condenados.

Tras deliberar por varias horas el lunes último por la madrugada, definieron también las situaciones de otros implicados. Para Ludith Orellana, quien había pedido la prescripción de sus delitos, se desestimó su pedido y se confirmó su condena por asociación ilícita, archivándose en cambio solo el delito de cohecho activo genérico.

Asimismo, los jueces descartaron que haya existido “fraude procesal” en cuanto a la utilización de testigos protegidos y colaboradores eficaces, como lo había sostenido la defensa de Orellana Rengifo durante el juicio en segunda instancia.

Para Álvaro Delgado Scheelje, exsuperintendente de Registros Públicos, se confirmó la condena de 6 años y 8 meses de cárcel efectiva. A este se le ratificó la responsabilidad de haber “direccionado” 27 títulos de propiedad desde el 2009 al 2011 en Sunarp para beneficiar a la red de Ludith Orellana.

Contra Wilfredo Núñez Peña, extrabajador del área informática de SUNARP que contribuyó a los direccionamientos de los títulos de propiedad, se ratificó su condena de 6 años y 8 meses de prisión; del mismo modo que contra el abogado Carlos Vargas Machuca Arrese se confirmó su sentencia a 4 años de cárcel.

Vargas Machuca fue, de acuerdo con la sentencia, el enlace externo entre el Clan Orellana y los funcionarios de Registros Públicos para apropiarse ilícitamente de diversos predios. Por último, para Yanina Hurtado Marcos, quien administraba los fondos del “área de saneamiento” del Estudio Orellana Asesores y Consultores para pagar y recibir coimas a los funcionarios de SUNARP, se confirmó su condena a 3 años y 10 meses de prisión.

Absoluciones

Un grupo de nueve testaferros de la red de Ludith Orellana, sin embargo, fueron absueltos en este proceso de segunda instancia. Cada uno de ellos intervino en la firma, transferencia, compra o venta de inmuebles que captaba la organización criminal. En febrero de 2020 les dictaron a cada uno 3 años y 10 meses de prisión.

Con la nueva decisión de la Sala de Apelaciones, no obstante, a todos se les archivará el caso y se borrarán sus antecedentes penales con respecto a este caso.

Los beneficiados son René Ocaña Valenzuela, Rosa María Ledesma Vela, Largio Hurtado Palomino, Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Mike Deivis Torres Torres, Enrique Hipushima Dahua, Rosalía Vargas Shaus y Máximo Núñez Quispe.

De acuerdo a fuentes de este diario, la Fiscalía Superior que dirigió el proceso durante el juicio con la fiscal Patricia Pérez Calderón, presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que se ordene la prisión de aquellos.

Otro de los puntos que dictó la Sala de Apelaciones fue el hecho de suspender la pena de 4 años de cárcel contra Niki Ramírez Salvador por la suspensión temporal de su pena por 3 años. Ramírez fue el encargado de elaborar documentos simulados en favor de la red criminal.

Contra Katherine Díaz Berrú, exabogada de confianza de Ludith Orellana en el “área de saneamiento” del Estudio Orellana Asesores y Consultores, se anuló este proceso por defensa ineficaz. Se deberá instalar tras ello un nuevo juicio en su contra para determinar su culpabilidad o inocencia.

Otro de los puntos destacados de la sentencia ratifica el decomiso de una parte del inmueble que petenece al Estado en el hospital Hermilio Valdizán ubicado en Fundo Asesor - Santa Anita. La reparación civil, que en primera instancia fue de S/2 millones contra los principales involucrados incluyendo a Ludith Orellana, fue reducida a S/300.000.

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