Rodolfo Orellana denuncia a fiscales que lograron condena contra el Clan

Rodolfo Orellana Rengifo fue señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de la organización criminal más grande que ha tenido el Perú en su historia, por la gran cantidad de brazos legales de los que se valía para crear empresas y apropiarse de terrenos del Estado y de privados, entre el 2002 y 2014.

Actualmente, se encuentra en prisión afrontando diversas investigaciones y juicios, además de tener una primera condena de seis años de cárcel por estafa y otros delitos. En el proceso principal contra su organización, la fiscal Marita Barreto solicitó que se le imponga 35 años de cárcel.

Pero en los últimos meses, Orellana Rengifo reapareció como el artífice de dos denuncias contra los fiscales anticorrupción Eiser Jiménez y Elvis Suárez, del quinto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción de Lima. Ambos lograron, en febrero del 2020, que el Poder Judicial dicte la primera condena por organización criminal contra el Clan Orellana, luego de comprobarse que la red se infiltró y captó a funcionarios de la SUNARP.

La primera denuncia fue presentada en mayo, aproximadamente, por la Asociación por los Derechos de los Reclusos (APODER). Esta sociedad opera desde el 2017 y tiene como presidente a Jack Miller Pérez Arévalo, y como vicepresidente al hijo de Rodolfo Orellana, Rodolfo Raúl Orellana Ramos.

APODER presentó la denuncia a nombre de Largio Hurtado Palomino, un probado operador del Estudio Orellana Asesores y Consultores, quien fue condenado a 3 años y 10 meses de prisión por haber “direccionado”, entre 2011 y 2012, la ilegal inscripción de un inmueble a favor de la red criminal por encargo de Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo.

La denuncia indicó que una persona identificada como David Pin Orihuela, en supuesta representación de los fiscales, solicitó a Largio Hurtado vía Facebook S/20 mil para absolverlo en su apelación de la sentencia que sigue bajo evaluación y está en la etapa final. Esta condena de primera instancia que apeló, cabe precisar, fue dictada por organización criminal y afectó a Hurtado, Ludith Orellana (con 10 años de prisión) y otros integrantes del Clan.

Ese supuesto pedido de dinero, además, fue revelado por Largio Hurtado el 5 de mayo último en una audiencia pública ante el tribunal que revisa su condena, en segunda instancia. Los jueces recomendaron entonces que el hecho se investigue para verificar la autenticidad del mensaje.

El mensaje de Pin Orihuela a Hurtado, del 5 de febrero de 2020, día en que se le dictó pena de cárcel junto a otros acusados, decía lo siguiente: “(...) te escribo de parte del fiscal, él no puede contactarte por obvias razones, pero me manda a decir que podría ayudarte a absolverte en la apelación”. En la conversación se dejó además una cuenta BCP para que se efectúe el depósito.

Según agregó Largio Hurtado en audiencia, recién pudo ver dicho mensaje este año al tratarse de un contacto desconocido en su red social y que no respondió al pedido de veinte mil soles.

Entablada la denuncia, la Primera Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima abrió investigación a los fiscales a inicios de junio. Llamó a declarar a David Pin Orihuela, quien luego manifestó no conocer ni a los fiscales del caso Orellana ni al condenado Largio Hurtado.

“Asumo mi responsabilidad y estoy arrepentido de ese error garrafal que he cometido”, indicó Pin Orihuela a la fiscal superior adjunta Naomi Bustillos Tamayo el pasado 15 de junio, de acuerdo al testimonio al que accedió La República.

Modus operandi

Esta no es la primera vez que Pin Orihuela contacta a procesados de casos emblemáticos para pedirles dinero, diciendo que lo hace a nombre de los fiscales.

En noviembre pasado, el portal Sudaca.pe publicó que David Pin envió un mensaje vía Whatsapp a Jorge Yoshiyama Sasaki, pidiendole dinero para que el fiscal José Domingo Pérez lo “limpie” de todos los cargos en el caso Odebrecht contra Keiko Fujimori, entonces en investigación.

Para dicho momento, cuando el sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka tenía un convenio de colaboración eficaz, le llegó un mensaje que decía “10 mil a esta cuenta y jdp limpia tu caso”. Desde entonces no solo se identificó a David Pin Orihuela como el autor de dichos ofrecimientos, sino que fue denunciado para determinar qué intereses movían esas ofertas a supuesto nombre del fiscal Pérez.

La respuesta a esta cuestión llegó cuando la fiscal Naomi Bustillos interrogó a Pin Orihuela en junio último. “Si mal no recuerdo, salió el caso [Orellana] en la televisión sobre una sentencia de corrupción y busqué en la red social el nombre del señor Largio. Y luego le escribí como si conociera a los fiscales [Eiser Jiménez y Elvis Suárez], pero no los conozco”, dijo.

“El mismo día [5 de febrero de 2020, cuando contactó al sentenciado Largio Hurtado] o días siguientes, busqué en programas de televisión y encontré datos de personas acusadas por corrupción y les envié mensajes. A la fecha tengo una acusación en curso sobre uno de esos mensajes. Habré enviado mensajes a 5 o 6 personas, aproximadamente”, manifestó.

Caso pendiente y nueva denuncia

Aclarado el asunto tras la confesión de David Pin en donde las propuestas no tenían más justificación que sus motivaciones personales y económicas, el 17 de junio último la Fiscalía Superior decidió archivar la investigación a los fiscales Elvis Suárez y Eiser Jiménez.

Sin embargo, fuentes de este diario indicaron que la asociación APODER insistió para que la Fiscalía Superior continúe la investigación contra los fiscales. La decisión final de mantener el archivo o seguir la investigación aún está pendiente.

Una segunda denuncia, esta vez del mismo sentenciado Rodolfo Orellana Rengifo, llegó contra los fiscales Elvis Suárez y Eiser Jiménez, además de la jueza Fernanda Ayasta Nassif, quien ordenó en primera instancia la condena contra su hermana Ludith Orellana Rengifo.

La consecuencia de esta segunda denuncia fue la apertura de otra investigación contra los fiscales y la magistrada, que abrió el último 14 de junio la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, con competencia para procesar a otros fiscales. Rodolfo Orellana logró así que se les investigue por delitos como banda criminal, falsedad ideológica, falsedad genérica, fraude procesal, entre otros.

Dicha apertura de investigación, a la que accedió este diario, abarcó hechos como el cambio de claves de los colaboradores eficaces que participaron en el juicio, supuesta duplicidad de testigos, y otros detalles. No obstante, ello ya ha sido cuestionado con anterioridad con un recurso de queja que luego fue desestimado por el Poder Judicial.

Por este nuevo caso, la investigación tiene un plazo de 120 días y se han requerido los descargos de los involucrados: los fiscales anticorrupción y de la jueza Fernanda Ayasta.

Lo cierto es que ambas denuncias, la promovida por APODER (de Orellana hijo) y por Rodolfo Orellana Rengifo (padre), llegaron a pocas semanas de que la Sala de Apelaciones Anticorrupción decida si ratifica o no la condena contra Ludith Orellana Rengifo y otros por organización criminal. Algo que no han podido paralizar ni revertir por la vía procesal y se intenta ahora con acciones contra los fiscales y la jueza, al estilo Orellana.

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