Denuncian ante el Congreso a Manuel Merino y dos ministros

El expresidente Manuel Merino de Lama, ex primer ministro Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez deberán responder penalmente ante la justicia por la muerte de los ciudadanos Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez y las diversas lesiones sufridas por otras 78 personas que participaron en las protestas de noviembre de 2020.

Esta fue la conclusión de la investigación preliminar de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el motivo por el cual presentó una denuncia constitucional contra dichos exfuncionarios públicos, ante el Congreso, por delitos de homicidio, lesiones graves y lesiones leves, en calidad de dolo eventual.

Denuncia

De acuerdo con nuestra legislación, corresponde al Parlamento autorizar su procesamiento ante el Poder Judicial.

La fiscal sustenta su denuncia en dos argumentos. 1) La violenta y desproporcionada represión policial, con el uso de perdigones, gases lacrimógenos y otros, contra los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta constituyó una grave violación a los derechos humanos, que el Estado peruano tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar.

2) Merino de Lama, en su condición de presidente de la República; Flores-Aráoz, como titular del Consejo de Ministros; y Rodríguez Limo, en el cargo de ministro del Interior, “tenían el deber de protección y actuación especial frente al bien jurídico vida e integridad física, en el contexto de las protestas sociales continuas que se desarrollaban desde el 9 de noviembre.

Además, “en mérito a los altos cargos que ejercían tenían una posición de dominio sobre las fuerzas policiales” y recibieron información de que era previsible una respuesta desproporcionada, pese a lo cual “no se dispuso ninguna medida para controlar ni mitigar dichas acciones y, el por el contrario, se permitió que prosiga con la misma”.

Indicios

La Fiscalía presenta como pruebas las declaraciones de diversos exministros, exjefes policiales, informes de la policía y de organismos internacionales que advertían de la violenta represión policial.

Así, aunque Merino y sus ministros han buscado minimizar su participación en la represión policial, queda en evidencia que desde el momento en que asumieron el cargo conocían la existencia de las protestas y solicitaron y recibieron información de inteligencia sobre el desarrollo de las mismas y las medidas tomadas por la policía.

“Tenían la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar el resultado, pero no lo hicieron, es decir, decidieron no evitarlos pese a que tenían el deber constitucional y legal de hacerlo como garantes de los derechos ciudadanos”, indica la fiscal.

Agrega que los investigados contaban con mayor información y con la capacidad de intervenir y cambiar el resultado de los sucesos, más cuando las protestas estaban dirigidas contra la forma en que se produjo el cambio de gobierno y contra el nuevo gobierno que ellos representaban.

También se acompañan los informes médicos y policiales que indican que Inti Sotelo, Bryan Pintado y otras víctimas recibieron impactos en la parte superior del cuerpo donde se encuentran las partes vitales de la vida. Inti recibió un disparo de perdigón en el pecho y Bryan fue impactado por diez perdigones en la cabeza.

Segunda

Investigación. La Fiscalía Supraprovincial de Lima realiza una segunda investigación contra los mandos y el personal policial que participó en la represión a las marchas por delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones leves y graves. Esa investigación alcanza al jefe de la policía, Jorge Lam Almonte y otros.

Reacciones

Ronald Gamarra, abogado

“La Fiscalía hizo su trabajo. Investigó, recolectó elementos de convicción contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y César Rodríguez y presentó la denuncia constitucional. Ahora todo está en el Congreso”.

Amnistía Internacional Perú

“Saludamos la denuncia y esperamos que sea el inicio de un proceso para el logro de verdad, justicia y reparación en los casos de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado y las demás víctimas de la represión policial de noviembre pasado”.

Pacha Sotelo, hermano de Inti

“Es un paso importante, siempre han existido pruebas de que los responsables no solamente eran los policías. Pero al ser una denuncia constitucional, nos preocupa la decisión que pueda tomar el Parlamento, los congresistas”.