Caso Cayara: militares dicen que no podían distinguir a población civil de terroristas

Más de tres años lleva el juicio oral contra altos mandos del Ejército destacados en Huamanga en 1988, entre ellos el jefe político militar José Valdivia Dueñas, por la matanza de más de treinta comuneros de Cayara, en Ayacucho, cometida por patrullas militares en mayo de ese año, así como el asesinato de varios testigos que denunciaron la masacre.

Ante los numerosos testimonios que han dado los sobrevivientes y familiares de las víctimas en la Sala, así como del exfiscal Carlos Escobar, que estuvo a cargo de las investigaciones, dando detalles sobre la responsabilidad de los efectivos del Ejército en la masacre, la estrategia de los acusados quiere demostrar que los militares no podían distinguir a la población civil de los terroristas, y más bien que muchas veces los hacían participar en las emboscadas.

Precisamente, en las últimas dos sesiones, el abogado del general Valdivia ofreció como testigos a oficiales del Ejército en retiro que sustentaron dicha versión, y señalaron que los altos mandos no podían controlar totalmente a las patrullas por falta de tecnología.

Uno de ellos fue el coronel Juan Carlos Liendo O’Connor, quien destacó que, al tratarse de una guerra no convencional, el terrorismo actuó de forma clandestina en una zona geográfica muy amplia, donde muchas veces estaban disfrazados y encubiertos.

Afirmó que, en los primeros años, Sendero Luminoso llevaba comuneros muchas veces alcoholizados y los hacía participar en ataques a las patrullas, asesinando y descuartizando a los soldados. Justificó así que, posteriormente, las fuerzas del orden ingresaran a registrar las casas de la población civil para encontrar a los subversivos.

El coronel dijo que a veces los registros de las viviendas daban resultados porque hallaban armas o parte del equipo militar de las patrullas emboscadas, así como explosivos, latas y clavos que usaban para hacer bombas caceras. Recalcó que, sin embargo, no era sencillo porque muchas veces las escondían en sus huertos o fuera del pueblo.

Agregó, además, que se basaban en reportes de la comunidad y de inteligencia para determinar si una persona que veían labrando la tierra era un mando político o militar, o combatiente que había escondido su arma.

Confirmó que no aplicaron en estricto los convenios de Ginebra en la lucha contrasubversiva porque los miembros de Sendero Luminoso eran delincuentes y tampoco los cumplían.

Y cuando el juez director de debate, Otto Verapinto, le preguntó si no consideraba un exceso que los militares tiren al piso a campesinos, les coloquen tunas encima y los pisen, como han denunciado testigos y sobrevivientes, el declarante no lo puso en duda; más bien inquirió: “¿Se imaginan cómo reacciona un muchacho de 18 años del servicio militar que encuentra a su compañero muerto sin orejas y sin ojos?”.

En la siguiente sesión, se presentaron los generales Wilson Barrantes y Carlos Vergara Ciapciak. El primero de ellos comentó que, debido a las grandes distancias geográficas y la falta de tecnología, no podían ejercer pleno control de las patrullas, por lo que se tenía que basar en el informe de los oficiales que las tenían bajo su mando. Mientras que Vergara Ciapciak remarcó que, según el desarrollo de la situación, el jefe de la patrulla podía modificarlos según lo que se veía en el terreno.

Testimonios firmes

La abogada de los familiares, Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), señala que son inaceptables las “justificaciones” a las violaciones cometidas contra pobladores inocentes, que dio el coronel O’Connor, así como su respuesta al magistrado para no condenar los abusos cometidos durante el operativo en Cayara.

Asimismo, resaltó que, durante los 33 años que han transcurrido desde los crímenes de los pobladores y los familiares, se han mantenido firmes en la búsqueda de justicia y de los cuerpos de las víctimas que aún están desaparecidas.

“Estos hechos comenzaron el 14 de mayo de 1988, pero luego comenzaron a desaparecer y matar a los testigos, como Martha Crisóstomo, que fue asesinada en enero de 1989, y el alcalde Justiniano Tinco y Fernandina Palomino”, sostuvo.

Recalcó que los sobrevivientes y familiares han señalado ante la Sala de forma consistente que no hubo un enfrentamiento en Cayara, sino que el Ejército ingresó a la Iglesia y a las viviendas de los pobladores para asesinarlos y desaparecerlos.

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