El Informante: Ver para creer, por Ricardo Uceda

El 25 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado repudiando la negativa del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a concluir el proceso de renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao. La CIDH, a quien le compete elegirlo, o prorrogar por una vez su período de cuatro años, ya decidió que continuara en el cargo, al que accedió en 2016. Lo que correspondería es que Almagro formalizara su contratación. Al negarse, viola la autonomía de un organismo fundamental de la OEA, según el comunicado de la CIDH.

Almagro, en otro comunicado, dijo que Abrao tiene más de sesenta denuncias –por acoso laboral, principalmente– que no fueron objeto de esclarecimiento o investigación por parte de la CIDH antes de decidirse a extender su mandato. Las denuncias se mencionan en un informe reservado de la Ombudsperson de la OEA, Neida Pérez, que recomienda no renovar el contrato de Abrao. Si procediera al nombramiento, añadió Almagro, traicionaría los derechos de las eventuales víctimas, luego de que los ignorara la CIDH. La vicepresidenta, Antonia Urrejola, ha declarado que la conducta de Almagro interfiere con el debido proceso y el derecho de defensa de Abrao, que no tendría denuncias concretas en contra suya. Hasta el momento, para la CIDH, la víctima es su operador, no los denunciantes.

Blanco y negro

Dos referencias de contexto son importantes. Por un lado, Abrao tiene la reputación de haber impulsado una mayor eficacia en el funcionamiento de la CIDH, especialmente en cuanto a rapidez procesal. El dato favorece una narrativa extraoficial según la cual este líder del cambio encontró una resistencia en quienes hoy lo denuncian como un depredador, en realidad funcionarios con una mentalidad reaccionaria y obstruccionista.

Por otra parte, vivimos una etapa de polarización. En marzo pasado Luis Almagro fue reelegido Secretario General con el manifiesto apoyo de los Estados Unidos, en confrontación con países amigos del gobierno de Venezuela, que postularon a la ex Canciller de Ecuador María Fernanda Espinosa. El resultado de la votación fue 23 a 10. Una tercera vía, la del peruano Hugo de Zela, no funcionó. Esto favorece otra narrativa del conflicto: Almagro, respaldado por el impresentable de Donald Trump y el autoritario Jair Bolsonaro, intenta boicotear a la CIDH precisamente cuando está próxima a emitir un informe crítico sobre los derechos humanos en Brasil.

Una exploración

Es prácticamente imposible tomar una postura desde fuera del sistema interamericano sin un conocimiento documentado de los hechos. Hay que ver para creer. Las declaraciones del presidente de la CIDH, Joel Hernández, en la misma línea de la vicepresidenta Urrejola, son antagónicas con las de Almagro. Por mucha autonomía que tenga la CIDH, si mantuvo oídos sordos o fue negligente ante atropellos laborales continuos –”un caso sistémico”, según la Ombudsperson–, incurrió en un error que debe ser rectificado cuanto antes. De otro lado, si el Secretario General es punta de lanza de una conspiración de los malos contra el sistema de derechos humanos, merece una condena sin vacilaciones. Hasta ahora solo tenemos una gran contradicción.

Durante los últimos días, por impulso periodístico, logré comunicarme con varios de los denunciantes. Aunque en muchos sentidos sus versiones me parecieron veraces, coherentes y fundamentadas, no podría asegurar que llevan razón, porque una fase contradictoria es indispensable para adoptar una postura. Pero pude hacerme una idea del tipo de denuncias presentadas y de la amplitud de las mismas. Revelarían un patrón de conducta de Abrao. O, en el caso de que fueran falsas e inventadas, un patrón de los conspiradores contra la CIDH. Las víctimas también mienten.

Los procedimientos

Las denuncias mencionan discursos humillantes delante de otros funcionarios, asignaciones incompatibles con el nivel del cargo, maltrato sicológico, acoso. La mayoría de denunciantes son abogados hombres y mujeres, en niveles de importancia, expertos en derechos humanos. Otro aspecto de las denuncias refiere amañados procesos de nombramientos, remociones y promociones. El mensaje de los denunciantes es que no puedes contradecir al Secretario Ejecutivo o terminarás en un ostracismo laboral.

El resumen de Almagro, que conoce los casos, es más descarnado: “conflicto de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas”. Añade que la CIDH conoció de los problemas y no los puso en conocimiento de las instancias de la OEA que debían investigarlos. Ahora el asunto está en manos del Inspector General.

Doble estándar

Unas cuatrocientas organizaciones de derechos humanos, entre ellas CEJIL, Human Right Watch y Amnistía Internacional, han expresado su apoyo a la versión de la CIDH. Las ONG peruanas se apuntaron. La solidaridad de los buenos espera la confirmación de Abrao (en nombre de la autonomía), y también la tramitación de las denuncias (en nombre de los derechos de las víctimas). He aquí un discurso perfecto, un caso de doble moral. ¿Qué ocurriría si una sola de las múltiples denuncias tiene asidero? Entonces Abrao no debería seguir en el cargo y se demostraría que hubo una actitud inconsecuente hacia las víctimas por parte de la CIDH y de sus apoyadores. Porque así como es posible la teoría de la conspiración contra Abrao, también lo es que los honorables comisionados, que viven en sus respectivos países y solo son informados por el Secretario Ejecutivo, estén en la luna con respecto a lo que pasa en sus oficinas en Washington. Y en ese caso, más que su autonomía –porque al fin y al cabo ellos elegirán al gestor de su confianza y publicarán el informe sobre Brasil que deseen– habría una merma de su preciosa credibilidad.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.