El Informante: El menos indicado, por Ricardo Uceda

Un informe sobre la manipulación de las declaraciones juradas del ex Contralor General de la República Edgar Alarcón, gestionada por él mismo durante varios años, tiene implicancias de fondo sobre las responsabilidades del Congreso. Alarcón preside la Comisión de Fiscalización. El Congreso será muy poca cosa en la estima pública pero es necesario exigirle estándares mínimos de actuación. Un fiscalizador cuestionado desacreditará cualquier pronunciamiento sobre irregularidades en la administración pública.

Lo más preocupante del informe no son las irregularidades en sí mismas –infracciones administrativas, que serían delito contra la fe pública– sino la facilidad con que en la Contraloría General de la República (CGR) fueron alterados sistemáticamente documentos intangibles con la permisión de altos funcionarios. Ellos no informaron que por un largo período Alarcón no presentó declaraciones juradas, lo que lo imposibilitaba de seguir siendo Contralor (la sanción es que no puede trabajar en el Estado durante un año). Ni siquiera se habrían publicado en el diario oficial El Peruano, como manda la ley.

Acuerdo político

Esta forma de corrupción daña la moral de la administración pública. Ocurre lo mismo con los funcionarios del Ministerio de Cultura o de la Presidencia que presenciaron la tramitación de los contratos de Richard Swing y de familiares del presidente Martín Vizcarra y de su secretaria general Mirian Morales. Detrás de cada favor hubo profesionales que no supieron decir no.

De acuerdo con el informe, elaborado por la CGR, Alarcón prácticamente reconstruyó su historia patrimonial de catorce años contados desde el 2002. Hay cinco funcionarios que lo permitieron y luego no comprobaron los datos. Comenzó en 2015, cuando empezaron a salir las primeras informaciones sobre supuestas inconductas de Alarcón, que en la CGR ha sido jefe de finanzas y condujo seis gerencias antes de ser Vicecontralor y Contralor.

Alarcón, congresista por Unión por el Perú, cuenta con el respaldo de Antauro Humala, quien se ha referido a él como un adalid de la lucha anticorrupción. También lo apoya el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien en Correo dijo que no podría cuestionarlo porque existe un acuerdo político. Alarcón ha sostenido, en un comunicado, que el informe de la Contraloría carecía de objetividad.

La reconstrucción

Según Alarcón no existe norma que prohíba subsanar una declaración jurada. El informe sostiene lo contrario. A su vez, Shack dijo que no tiene sentido que un funcionario público presente este documento para modificarlo continuamente, pervirtiendo el compromiso de veracidad implícito al firmarlo. Hay un plazo de cinco días para una rectificación. El ex Contralor también objeta que no se le haya solicitado su versión antes de cerrar el informe. Shack, por su parte, señaló que la indagación era sobre los funcionarios que permitieron que Alarcón manipulara lo declarado, los cuales serán objeto de acciones administrativas.

La preocupación de Alarcón por el registro de sus bienes se manifestó cuando ocupaba el puesto de Vicecontralor. En 2015 ingresó siete declaraciones juradas que reemplazaron documentos del 2011 al 2015. En 2016 fue designado Contralor por siete años. En 2017, ya en el cargo, presentó diez declaraciones juradas para modificar las correspondientes a 2011-2014. Ese año perdió el cargo por una decisión del Congreso. Estando fuera, antes de que finalizara el 2017, ingresó otras diez declaraciones juradas del período 2016-2017.

Los antecedentes

Aún no se conoce, en conjunto, la otra verdad que resultó de la modificación informativa de los bienes. Incluyó inmuebles y cambió valores estimados. La intensidad de la suplantación, en algunos casos re-correcciones, revelaría una minuciosa preparación para un descargo. Edgar Alarcón tiene una investigación por enriquecimiento ilícito abierta en el Ministerio Público. Una de las solicitudes de acusación constitucional presentada al Congreso por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos presupone un desbalance patrimonial de 201,377 soles entre junio del 2016 y julio del 2017, cuando fue Contralor. El despacho del fiscal Reynaldo Abia investiga un desbalance patrimonial cercano a los tres millones de soles entre 2007-2016.

En ese lapso, los indicios recogidos por Abia en la formalización de su investigación preparatoria, en octubre del 2019, se originan en compras y transferencias de un gran número de autos e inmuebles, algunas registradas y otras no.

Más investigaciones

Otro pedido de acusación constitucional es para confirmar la versión de que recibió treinta mil soles por levantar el congelamiento de cuentas de la Municipalidad de Chiclayo. La tercera se refiere a la supuesta contratación de servicios fantasmas. Al respecto, la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro investiga un supuesto pago ilícito de 108 recibos por honorarios entre 2013 y 2017. Alarcón los habría requerido y autorizado. Por otra parte, el despacho de la fiscal Zoila Sueno investiga compras personalísimas que habría realizado en la CGR desde el 2012.

La primera investigación a Alarcón fue abierta en 2017 por el fiscal Héctor Rivera. Se originó porque en 2016, cuando era Vicecontralor, nombró a su pareja Coordinadora del Órgano de Control Institucional de La Molina, dependiente de la Contraloría. Luego lograron ocupación tres familiares directos de ella. ¿Con qué autoridad moral, pues, investigaría al gobierno en el Congreso? Ese es el punto ahora y no su culpabilidad, que tendrá que ser demostrada.

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