El Informante: Buscando al Relator, por Ricardo Uceda

En setiembre será elegido el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Trabajará en una pequeña oficina de la OEA, pero su designación concita mayor interés que la del propio presidente de la CIDH. No solo se debe a la incidencia mediática de su labor, que se desarrolla en la primera línea de varios conflictos -en tensión y diálogo con los Estados, produciendo información y estándares-, sino a la idoneidad de la mayoría de quienes fueron relatores. Quizá su capacidad no fue lo más importante. Actuaron por encima de las corrientes políticas y de los intereses de los gobiernos, como debe hacerse para defender libertades, invistiendo de autoridad moral a su cargo. Especialmente destacaron los argentinos Santiago Cantón y Eduardo Bertoni, la colombiana Catalina Botero y el uruguayo Edison Lanza, que finaliza una impecable gestión en octubre.

De una lista larga de ochenta y un postulantes quedaron diez finalistas, quienes participaron en foros electrónicos exponiendo sus ideas y debatiendo con las audiencias. La CIDH redujo la lista a cinco: Ana Cristina Ruelas, de México; Paula Martins, de Brasil; Pedro Vaca, de Colombia; Damián Loreti, de Argentina; y Carlos Lauría, que tiene nacionalidad estadounidense y argentina. Todos son especialistas en el tema.

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Las adhesiones

Ruelas dirige la oficina de México y Centroamérica de Artículo 19, y Martins ha representado en Brasil a la misma organización mundial. Vaca dirigió la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en su país. Loreti es un abogado académico experto en medios, uno de los impulsores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el kirchnerismo en 2009. Carlos Lauría fue responsable de las Américas en el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York, y ahora pertenece al staff global de apoyo a la prensa independiente en Open Society Foundations.

Cuando fue publicada una lista de prefinalistas, seis organizaciones latinoamericanas (el IPYS de Perú, IPYS Venezuela, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Fundamedios de Ecuador y el Foro de Periodismo Argentino) apoyaron públicamente a tres que son ahora finalistas: Ruelas, Martins y Lauría. La adhesión, sin desmerecer la calidad del resto de postulantes, se fundó en la relación que mantuvieron con ellos cuando eran activistas, que permitió comprobar su compromiso y experiencia. La agenda es exigente y crece con nueva problemática: el COVID, las campañas de odio en las redes, los dilemas de la regulación a los gigantes digitales.

Los problemas

Continúa siendo latente la violencia contra la prensa en México, donde 92 periodistas fueron asesinados en los últimos diez años. La peor noticia sobre querellas se produjo este año en Panamá, donde el ex presidente Ernesto Pérez Balladares logró el congelamiento de los activos del diario La Prensa, al que exige una indemnización mayor a cinco millones de dólares. Por otra parte, resaltan los discursos estigmatizantes contra la prensa de dos presidentes con distinto signo ideológico: Jair Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México.

Cuatro de los cinco postulantes están más relacionados con la agencia clásica de la libertad de expresión: asesinatos, ataques físicos, normas limitantes, acoso judicial, barreras al acceso a la información pública. En sus intervenciones Damián Loreti no ha puesto un énfasis especial en lo tradicional. Está claro que él, sin dejar de atender estos asuntos, pondría mayor acento en el pluralismo y la diversidad, una demanda que lleva a reformas en sociedades donde hay concentración de medios. Así comenzó Edison Lanza. Pero la fuerza de los acontecimientos lo llevó hacia los problemas urgentes, que en no pocos casos afectaron a medios grandes atacados por gobiernos autoritarios de izquierda. Lanza y su antecesora Botero enfrentaron a regímenes depredadores como los de Cuba, Ecuador y Venezuela.

En el Perú

Hay sectores marginados, como grupos indígenas en Guatemala, a los que la Relatoría defiende para que les reconozcan sus derechos a tener sus propias radios comunitarias. El Estado los bloquea y persigue. Pero la transición tecnológica está llevando la discusión sobre la concentración a los términos de uso del internet y del espectro radioeléctrico. Los nuevos dueños de la información son Amazon, Google, Facebook y Apple. Como contraparte de sus beneficios pueden transmitir información falsa, animar la polarización, usar datos personales en campañas políticas, dañar el negocio periodístico. De qué manera regularlos es un tema pendiente.

Luego de la década fujimorista el Perú no ha requerido urgentemente al Relator. Los gobiernos no coartaron a los medios y las restricciones -juicios, proyectos de leyes mordaza, algún asesinato no esclarecido- no alcanzaron la gravedad de otros países. Puede llegar a la CIDH la controversia entre un grupo de periodistas aliados de La República contra la compra, de supuesta índole acaparadora, que hizo El Comercio del diario Correo. El motivo sería que la justicia nacional superó un plazo razonable para decidir. Pero la realidad ya no es la misma. La Corte Interamericana lo resolvería emitiendo parámetros para situaciones similares.

El problema en el Perú no es de libertad de expresión sino de calidad de contenidos. Hay un pobre debate público. Debe enriquecerse para que la gente elija mejor sus opciones políticas. Falta información calificada, y los medios se resignan a ser correas de transmisión (de las fiscalías, por ejemplo). Hay solo unos cuantos opinantes, la mayoría de Lima y de la misma universidad. No hay industria periodística en provincias. No se invierte, el negocio está en crisis, y eso no lo resuelve un nuevo Relator o Relatora.

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