El Informante: Las tablets del olvido, por Ricardo Uceda

El 18 de abril, el presidente Martín Vizcarra dijo que debido a la gravedad de la pandemia aún no había fecha para el reinicio de clases escolares presenciales. Seguidamente anunció la entrega de 840 mil tablets con acceso a internet móvil para alumnos en situación de pobreza rural y urbana. Gran noticia, incluso para tiempos normales. Al día siguiente salió publicado un decreto legislativo autorizando al MINEDU a gastar 930 millones de soles con ese objetivo. Los obtendría de su propio presupuesto, del asignado al sector en los gobiernos regionales, y de lo que le transferiría el MEF. A fines de julio, después de comprobarse que la compañía vendedora seleccionada no era idónea y hasta podía estafar al MINEDU, la operación de compra en marcha fue cancelada. Del discurso presidencial de Fiestas Patrias –ya pobre en resultados– fue extraída la parte en la que Vizcarra se autofelicitaba por la entrega de las tablets. El ministro quedó con un flanco propicio para las críticas.

Un primer hecho a considerar es que la iniciativa no provino del Ministerio de Educación, que desde febrero pasado es dirigido por Martín Benavides. De modo que una vez tomada la decisión la enorme compra recién tuvo que organizarse. Sin la legislación de la pandemia el proceso hubiera demorado un año y medio.

Los preparativos

Era una adquisición de gran volumen, inusual, que debía hacerse en el más breve plazo. A marcha forzada el MINEDU se dedicó a focalizar a los beneficiarios y a preparar los contenidos. Estableció que se requerirían doscientas mil tablets más. Simultáneamente se reunió con las principales empresas del rubro, con la idea de elegir un abastecedor que además de los equipos proveyera la conectividad y entregara las tablets en las escuelas. Ninguno tenía disponibles un millón de unidades, a lo más –entre todos– cien mil. Y muy pocos podían encargarse de todos los componentes. Unos vendían los aparatos, otros cargaban el software y el chip de datos. Debían importarse los equipos por transporte aéreo, dada la urgencia, pero la pandemia imponía limitaciones y aumentaba el costo.

En cuanto a la selección del proveedor, pese a que el decreto legislativo autorizaba al MINEDU a elegirlo a dedo –se entiende luego de investigar disponibilidades, condiciones y precios en el mercado–, un afán de apariencia de virtud hizo que se hiciera bajo la modalidad denominada urna de cristal: sin ser una licitación, visibiliza el proceso pero también impone restricciones. Visto en retrospectiva, un error. Es posible seleccionar a dedo en forma razonable y sin corrupción. Así lo hacen las empresas.

Gana Topsale

Todo fue rápido: el 7 de junio hubo una convocatoria pública, el 11 venció el plazo de propuestas, el 12 y 13 se seleccionó. Solo una empresa, Topsale, cumplía completamente los requisitos. Como el requerimiento económico fue más alto que el esperado, hubo un nuevo, veloz pedido de cotizaciones que no recabó alguna propuesta válida. Entonces el MINEDU volvió la mirada hacia Topsale. El 9 de julio le comunicó que la contrataría. Debía presentar una carta fianza por el diez por ciento del total del contrato. Resultó que esta garantía nunca llegó y Topsale, contra lo que dijo, no tenía relaciones con el fabricante de los equipos Lenovo en China.

Antes de suspender la operación, el 29 de julio, el MINEDU fue alertado por la Contraloría y por un sector de la prensa. Hubo demora en reaccionar pero llegado el momento el propio ministro decidió cerciorarse pidiendo personalmente información al embajador de China en el Perú, Liang Yu. Tras lo cual se confirmó que allá no tenían noticias de Topsale. Si se producía la firma del contrato, en el acto MINEDU hubiera desembolsado el treinta por ciento del monto total pactado. Benavides, sin puesto, estaría con pedido de acusación constitucional.

La misma piedra

Es significativo que el Ministerio de Educación haya tropezado dos veces con la misma piedra: un mal proceso de compra de computadoras. En 2015 Panorama, el programa dirigido por Rosana Cueva, reveló que el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera investigaban fraude en una compra por 146 millones de soles en el MINEDU. Las empresas que vendieron diversos lotes de equipos depositaron varios millones de soles en cuentas relacionadas a los funcionarios responsables: Ruth Vilca y su asistente Frank Muro. Pero ellos solo habían empleado la plataforma estatal Perú Compras para que su sistema hiciera todo. La apariencia de virtud era completa. ¿Por qué los habrían recompensado los vendedores?

El entonces ministro Jaime Saavedra dijo que el proceso de adquisiciones fue correcto y transparente, y que su escrutinio como autoridad no llegaba hasta lo que podrían hacer con su dinero las empresas ganadoras. Igual fue censurado en el Congreso. Los funcionarios dejaron el MINEDU. Actualmente sigue su curso una investigación penal que el Ministerio Público formalizó contra ellos.

Dos moralejas

¿Hay coincidencia entre ambos procesos? No, porque este año el MINEDU no compró aún. En 2015 hubo corrupción –en los niveles intermedios–, en el último caso no se advierte. Pero es evidente la debilidad del aparato estatal ante el aluvión de adquisiciones especiales requerido durante la pandemia. Y también la falta de capacidad de los proveedores. No fue acertada la decisión política presidencial de precipitar una compra en plazos que no podrían cumplirse. Por eso actualmente el MINEDU, que ya inició un segundo proceso, comprará poco a poco, según la capacidad de la oferta y con mecanismos más simples.

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