Alejandro Toledo podrá presentar alegatos contra su extradición hasta el 10 de julio
Justicia norteamericana concedió ampliación de tiempo solicitado por la defensa de Alejandro Toledo en el caso Odebrecht.
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Alejandro Toledo, con vigilancia electrónica desde marzo pasado tras alegar un posible contagio de coronavirus en Estados Unidos, podrá plantear hasta el 10 de julio todos sus fundamentos para oponerse al proceso de extradición que se le sigue en California.
Acorde con la resolución a la que accedió La República, el magistrado norteamericano Thomas S. Hixson accedió a concederle este plazo al investigado expresidente, cuyo término inicial para presentar sus escritos era hasta el pasado 25 de junio.
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Un día antes, el abogado Graham Archer, en representación de Toledo, se dirigió a la Corte del distrito norte de California para pedir la ampliación del plazo y presentar los argumentos para que el exjefe de Estado no sea extraditado al Perú. Así, el juez Hixson dispuso con ello el jueves de la semana pasada también el siguiente cronograma.
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Alejandro Toledo podrá presentar alegatos contra su extradición hasta el 10 de julio
El Gobierno, presente en el proceso mediante la fiscal Elise LaPunzina, deberá presentar sus respuestas antes del viernes 7 de agosto; mientras que Toledo adjuntará también sus réplicas a ello días antes del 21 del mismo mes.
Ello con la finalidad de tener todos los argumentos establecidos previo a la audiencia pública de extradición que se efectuará el próximo viernes 4 de setiembre a las 10 de la mañana.
En arresto domiciliario
Desde el 19 de marzo pasado, fecha en que que se ordenó la liberación de Alejandro Toledo, el exmandatario cumple también vigilancia electrónica por GPS.
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Como condición previa tuvo que pagar una fianza de US$1 millón para abandonar la prisión.
El fiscal José Domingo Pérez investiga a Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur desde 2017 en una carpeta independiente donde el hilo principal de los sobornos por más de US$30 millones entregados al expresidente habrían sido distribuidos y “blanqueados” mediante transferencias y distintas compras de propiedades. Este proceso llegaría a una acusación formal en dos meses aproximadamente, según comunicó recientemente el Pérez.
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