Hechos graves

El Poder Judicial ha ordenado que Keiko Fujimori cumpla 15 meses de prisión preventiva, aceptando en parte la solicitud de la Fiscalía en mérito a las evidencias que recabó sobre las actividades de la lideresa de Fuerza Popular.

El juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, ha atendido las decenas de aportes documentarios y declaraciones presentadas por el Ministerio Público en el caso de lavado de activos, asociación ilícita, organización criminal, obstrucción a la justicia y fraude procesal, entre otros delitos por los que se investiga a Fujimori; ha valorado especialmente los elementos de convicción respecto a su papel personal en la organización delictiva en que convirtió a su partido para gestionar y ocultar el ingreso de dinero en la supuesta modalidad de aportes electorales.

Además de consignar que ha comprobado los presupuestos necesarios para la prisión preventiva, el juez ha señalado elementos muy consistentes que serán tomados en cuenta en la etapa de instrucción, como que Fujimori habría intervenido dirigiendo los actos de transferencia o conversión del dinero que aportó la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011; que ella acumuló dinero a través de actividades ilícitas; que existió una organización criminal paralela enquistada dentro de Fuerza Popular; que las declaraciones de Jorge Barata son coherentes y sólidas; y que ella también coordinó los actos de obstrucción a la justicia.

Las conclusiones del juez expuestas en varias horas en un sentido lógico confirmaron lo que se había apreciado en la audiencia, es decir, la soledad de la defensa. La desnudez de los argumentos de la defensa ante las evidencias de la Fiscalía ha sido el hecho dominante en este segundo pedido de prisión preventiva. Su respuesta “Keiko no fue gobierno” ha lucido más huérfana que nunca.

Tanto ahora como la primera vez se puede constatar el trabajo de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, que no solo han podido construir un caso sino que este es sólido. Es cierto que Fujimori tiene expedito su derecho a apelar y ejercer otras garantías procesales, aunque no es menos cierto que la decisión del Poder Judicial ha sido especialmente rigurosa.

La detenida acudirá a las instancias internacionales, procedimiento que han ejercido muchos compatriotas cuando su gobierno (1990-2000) afectó derechos y libertades. Y es bueno que para este propósito el Perú siga siendo parte del sistema interamericano de justicia del que ella intentó sustraernos.