El inicio del diálogo para la solución de las demandas de los comuneros de la provincia apurimeña de Cotabambas se frustró ayer al no haberse instalado la Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos en la que se iban a tratar las denuncias judiciales que afrontan unos 90 comuneros.Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, responsabilizó del hecho al gobierno y no descartó el reinicio de la protesta con el bloqueo de la vía que conduce a la mina Las Bambas. "Estamos viendo... Vamos a decidir mañana (hoy) en reunión. Nosotros somos representantes, pero la asamblea decide", respondió al preguntársele si iban a reanudar el bloqueo.Según el dirigente, pese a que el gobierno había convocado a la reunión de ayer a todos los presidentes de las comunidades de Cotabambas, ni a él ni a otros tres dirigentes de igual número de comunidades se les permitió el ingreso con el argumento de que el local estaba repleto. Este hecho fue rechazado por los asistentes a la reunión que, además, reclamaron por la inasistencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quien en la víspera, incluso, comprometió la asistencia a la reunión de ayer en Challhuahuacho del titular de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zevallos.Sin embargo, Zevallos afirmó que no se había comprometido la concurrencia de ningún ministro de Estado y rechazó que el diálogo se haya roto, pues se le había comunicado que este continuaba. A la cita acudieron en representación del Ejecutivo los viceministros de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, y de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez. En declaraciones a la prensa, a su salida del Congreso, el titular de Justicia indicó que por una "incomprensión" surgió un impasse con el dirigente Rojas, pero este fue superado. Dejó en claro que se les comunicó a los comuneros que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en las decisiones del Poder Judicial y el Ministerio Público, instancias en las que se ventilan las denuncias por violencia y disturbios. Sin embargo, dijo, su sector puede brindarles asesoramiento y defensa legal. ❖el datoEsfuerzos. Ivonne Contreras, prefecta regional de Apurímac, dijo que "faltó coordinación" en la reunión de ayer. Anoche dijo que realizaba diversas gestiones para superar esa deficiencia y reiniciar cuanto antes el diálogo con los comuneros y autoridades.
