Congreso busca prohibir que jueces provisionales decidan sobre el destino de políticos y autoridades
De aprobarse esta norma, el pacto del Gobierno buscaría también controlar el Poder Judicial.
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El congresista Alejandro Cavero Alva, de la bancada Avanza País, presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial para restringir las competencias de los jueces provisionales, prohibiendo su ingreso a las salas o que conozcan los procesos relacionados con el ejercicio de funciones de autoridades elegidas por sufragio (presidentes, congresistas o alcaldes) o representantes de organismos constitucionales autónomos.
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La propuesta legislativa, que deberá ser aprobada inicialmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos antes de ser debatida en el Pleno, busca que solo los jueces supremos titulares resuelvan casos de alto impacto político. Sin embargo, la Corte Suprema no cuenta con suficientes magistrados titulares para investigar y juzgar a las autoridades políticas, desencadenando un blindaje político.
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Gobierno busca controlar Poder Judicial
El proyecto legislativo no solo limita la competencia de los jueces provisionales, sino que también propone sanciones severas a los magistrados que no acaten la medida, calificando la falta como muy grave, sancionándolos incluso con la destitución del cargo.
La ley propuesta por Cavero se sustenta indicando que el ejercicio de control difuso sobre actos de autoridades políticas debe ser juzgado por los jueces supremos titulares porque solo ellos han accedido al cargo mediante concursos públicos de mérito y cuentan con las garantías de inamovilidad y permanencia.
Antecedentes
Esta no es la primera vez que un congresista busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. En noviembre del 2025, el parlamentario Héctor Valer de Somos Perú propuso convertir a los 39 jueces provisionales en jueces titulares, con lo que la cifra aumentaba de 20 a 59.
La propuesta legislativa buscaba eliminar la provisionalidad y actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para ser debatida. Si esta norma llegara a ser aprobada, el proyecto de ley presentado por Cavero Alva terminaría siendo anulado.
